Publicado en Plataforma Tierra
2 de septiembre de 2025
https://www.plataformatierra.es/actualidad/pac-post-2027-amenazas-y-oportunidades
Más allá del oportunismo y de la retórica habitual es preciso afrontar con mucha más determinación la brecha de renta que sufre el modelo familiar y profesional al que se incorporan los jóvenes.
Zaragoza, 20 de julio de 2025
La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, que es la del presupuesto de la UE para dicho periodo, además de reducir brutalmente el presupuesto de la PAC elimina la componente estructural y regional de la PAC: el Desarrollo Rural.
Una decisión tomada unilateralmente por la Comisión Europea, sin debate previo alguno con las partes interesadas, con el máximo secretismo que ha podido y en contradicción con las conclusiones del Diálogo estratégico encargado por la propia presidenta Von der Leyen y hechas públicas el 4 de septiembre de 2024, así como con el contenido de la Comunicación de la propia Comisión Europea sobre la Visión del futuro de la agricultura y la alimentación presentada por el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Christophe Hansen el pasado 19 de febrero.
El Desarrollo Rural, que cuenta con un total 102.296 millones en la vigente etapa 2021-2027, incluyendo los 8.070 millones de Next Generation, integra lo que se conoce como Segundo Pilar de la PAC, que es el régimen de cofinanciación entre el fondo europeo Feader, los Estados miembros y los propios beneficiarios incluyendo:
Con un elevado grado participativo, tanto en su programación como en su financiación, al menos en España, los Programas de Desarrollo Rural cuentan con una buena valoración general y una elevada componente de inversión privada, lo que hace todavía más sorprendente la supresión unilateral
Aunque la presidenta Von der Leyen ha dicho que “hay potencialmente mucha más financiación accesible” en referencia a la agricultura y el nuevo fondo único de 1 billón de € (*) creado a partir del recorte de los que sustentaban las políticas ahora fusionadas (PAC, pesca, cohesión económica, social y territorial, desarrollo sostenible, competitividad y seguridad, además del reembolso de Next Generation) lo cierto es que lo único que se garantiza para la agricultura es un mínimo de 300.000 millones de € para ayudas directas y, por tanto, ajenas a las inversiones de carácter estructural. Y también, que ese nuevo fondo pondrá a competir entre sí a los beneficiarios actuales de las políticas fusionadas con una cuantía global menor a repartir entre todos ellos.
Pero es que, además, la gestión eficaz y simplificada que motiva el único Plan de Asociación Nacional y Regional (PPNR) por estado miembro también propuesto, plantea serias dudas ya que supone exigir a las Administraciones nacionales capacidades de coordinación de las que la propia Comisión Europea carece. Cabe citar al respecto, por ejemplo, la experiencia de la programación del Objetivo 5b que sucumbió a las tensiones suscitadas entre las propias administraciones responsables de coordinar el desarrollo rural, financiado por el entonces FEOGA-Orientación, con la cohesión financiada por el FEDER y el FSE.
Lo uno y lo otro hace que la afirmación de la presidenta Von der Leyen relativa a que “la agricultura saldrá reforzada” no sólo carezca de rigor, sino que ponga en cuestión su propia credibilidad.
Menos mal que en España, ante la desconfianza de que alguna posible decisión comunitaria perjudicara con un instrumento tan genuino y eficaz como es el seguro agrario, siempre hubo pleno consenso sobre la inconveniencia de cofinanciarlo con el marco del Desarrollo Rural. Ahora se demuestra que la desconfianza no sólo estaba justificada, sino que existen motivos para ampliarla a todo el ámbito de la política estructural agraria cofinanciada con fondos europeos durante los últimos 35 años y empezar a pensar en soluciones alternativas con independencia de aprovechar el margen que pueda aún existir en el proceso de aprobación del MFP, que no parece muy amplio.
(*) De los que 865.000 millones de euros son los destinados a los Planes de Asociación Nacional y Regional correspondientes a las políticas fusionadas.
Limitarse a exigir una «PAC fuerte y con presupuesto«, sin pronunciarse sobre qué agricultura y a qué agricultores se quiere apoyar, no bastará para evitar el maltrato otorgado por la propuesta de presupuesto 2028-2034 de la UE .
Zaragoza, 18 de julio de 2025
El presupuesto asignado a la PAC en el Marco Financiero Plurianual (MFP) propuesto por la presidenta Von der Leyen para el periodo 2028-2034 es de 300.000 millones de €. El periodo vigente (2022-2027) cuenta con 386.603 millones € (*), por tanto, se pierden 86.603 millones en euros corrientes, un 22 %. Pero la comparación debe hacerse, como siempre ha hecho la Comisión, descontando la inflación, que supone otros 88.918 millones (23%) €. Por tanto, el recorte efectivo en euros constantes es del 45%.
Con este brutal recorte, la PAC también pierde su Segundo Pilar que, aunque denominado “Desarrollo Rural”, también incluye ayudas directas a los agricultores como son las compensaciones en zonas con limitaciones o por cumplimiento de requisitos (agricultura ecológica, Natura 2000 y otros). Este hecho, unido a la falta de actualización y que los 300.000 millones € incluyen una partida de 6.300 para una red de seguridad separada de las ayudas a la renta hacen que no sea cierto que “lo que hemos salvaguardado son los pagos de las ayudas directas a los agricultores”, tal y como ha afirmado la presidenta Von der Leyen, ni tampoco lo es que “el dinero que llega directamente a los agricultores no sufre recorte alguno” tal y como ha afirmado el comisario Hansen.
Pero además, la fusión de la PAC con la cohesión económica, social y territorial, el desarrollo sostenible, la competitividad, la seguridad (Europol, Frontex, etc.) y el reembolso de Next Generation en un único fondo de 865.000 millones €, no sólo restará autonomía a la PAC, sino que pondrá en grave riesgo su gestión ante la complejidad de gobernanza que suponen para los Estados miembros los Planes de Asociación Nacional y Regional (PPRN) propuestos.
Un único Plan por Estado para el que la Comisión Europea exige a las Administraciones nacionales capacidades de coordinación de las que la propia Comisión carece y que, en el mejor de los casos, se traducirán en diferencias significativas en el enfoque y solución de los problemas que difícilmente podrán evitarse desde Bruselas. Por tanto, decir que la “la agricultura saldrá reforzada”, como ha dicho la presidenta Von der Leyen, está completamente fuera de lugar.
Ante este panorama, continuar con la reivindicación retórica y genérica de la PAC en base al lema “Una PAC fuerte y con presupuesto” no sólo es una batalla perdida ante un MFP que no se hace público para retirarlo, sino que volverá a impedir afrontar el problema de fondo de la PAC que las dos últimas reformas de 2013 y 2020 eludieron. Un problema que, en palabras de Tomás García Azcárate, puede sintetizarse en “¿Qué agricultura y, sobre todo, qué agricultores queremos apoyar con dinero público en el futuro?”.
Obviamente, es más fácil y cómodo exigir más presupuesto, prometiendo apoyo a todos y para todo, tal y como se viene haciendo desde los gobiernos y desde el propio sector, que pronunciarse exigiendo que se concentren los escasos recursos en una u otra prioridad. Un enfoque que hace de hecho el nuevo presupuesto de la UE, aunque no sea con la transparencia ni rigor deseables, al anteponer, literalmente en este caso, los cañones frente a la mantequilla.
Es cierto que una PAC insuficientemente dotada, que ya lo estaba antes del recorte, y peor gestionada, como previsiblemente puede ocurrir con la fórmula propuesta, difícilmente puede ser eficaz. Sin embargo, todos deberíamos saber que el presupuesto, por sí mismo, no garantiza la eficacia y que la persistencia de las incoherencias en una política pública es el peor de todos sus enemigos.
(*) De acuerdo con el Informe financiero de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el FEAGA y el Feader. Ejercicio financiero de 2023. COM(2024) 417, de 26 de septiembre de 2024.
Publicado en Agronegocios el 20 de junio de 2025
Del deterioro de la renta de una amplia mayoría de agricultores no tienen la culpa las importaciones de cereales, ni tampoco la tienen los acuerdos comerciales, más bien es consecuencia de las incoherencias y anomalías de la PAC que una amplia mayoría no quiere corregir.
Zaragoza, 1 de julio de 2025
Una reciente nota de prensa (27-06-2025) del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, al informar sobre el último pago de la PAC, afirma que las actuaciones en cuestión “demuestran el compromiso del Gobierno de Aragón con un modelo agrario justo, moderno y adaptado a los retos climáticos, tecnológicos y de relevo generacional”.
Es natural que los gobiernos den a conocer las ayudas que pagan y más cuando su cuantía alcanza los 100 millones de euros. Es virtuoso incluso que se haga haciendo referencia al hecho de que los pagos de la PAC son consecuencia del cultivo cuidadoso y responsable de la coordinación institucional entre los tres ámbitos comunitario, nacional y autonómico. Sin embargo, resulta desproporcionado, cuando no preocupante, que la nota de prensa eleve la PAC, en su aplicación vigente, a la categoría de “modelo agrario justo, moderno y adaptado a los retos climáticos, tecnológicos y de relevo generacional”.
Es desproporcionado porque incluso la propia Comisión Europea viene reconociendo la necesidad de mejorar la eficacia de la PAC. Así lo hizo en su Comunicación de 2017 sobre “El futuro de los alimentos y de la agricultura” y así lo ha vuelto a hacer en su última Comunicación presentada en febrero de este mismo año “Una visión para la Agricultura y la Alimentación. Construyendo juntos un sector agrario y agroalimentario atractivo para las futuras generaciones” en la que no sólo reitera la necesidad de mejorar la distribución de la ayuda, sino que expresamente señala la necesidad de concentrar la ayuda en quienes más la necesitan.
El sistema de derechos individuales y de referencias históricas todavía vigente en España, y que cuenta con un inexplicable apoyo político y sectorial mayoritario en nuestro país, no sólo es una excepción en la UE, sino un serio obstáculo para una distribución más justa y eficaz de la ayuda, para la modernización del sector y, sobre todo, para la incorporación de los jóvenes al sector que ven limitada, cuando no impedida, el acceso a las ayudas. Tampoco cabe considerar modélico el sistema de pagos por superficie al margen de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, y mucho menos el enfoque ambiental de la PAC, que está de hecho ampliamente cuestionado por su excesiva ambición y escasa eficacia.
Finalmente, el motivo de preocupación surge de la atribución a la PAC de unas virtudes que no tiene (justa, moderna y adaptada a los retos) coincidiendo justo con el inicio de un nuevo proceso de reforma que amenaza con volver a dejar los cambios necesarios en el tintero. Lamentablemente, no parece que la reforma en profundidad que necesita la PAC cuente precisamente con el impulso mínimo necesario para hacer frente a sus graves deficiencias e incoherencias que son las que realmente amenazan su eficacia y, sobre todo, el futuro de la agricultura familiar y profesional, la misma que saca de vez en cuando sus tractores a las calles y carreteras para mostrar su enfado y hartazgo.
Publicado en Plataforma Tierra 28 de mayo de 2025
La propuesta planteada supone focalizar la PAC en el modelo familiar y profesional con el propósito de equiparar las rentas, lo que implica a su vez concentrar la ayuda en quienes, cumpliendo determinados requisitos de viabilidad, no alcanzan una determinada renta de referencia. Dicha propuesta no deja de ser una opción política entre otras posibles. Pero ninguna se traducirá en una PAC eficaz si no se corrigen definitivamente sus anomalías e incoherencias y se apuesta por focalizar de manera más precisa sus objetivos.
https://www.plataformatierra.es/actualidad/equiparacion-rentas-agricolas-promesa-pendiente-pac
La elevada ambición de los deseos del comisario Hansen contrasta con el carácter continuista de las políticas que propone aplicar. Por tanto, difícilmente cabe esperar mejoras reales en la equiparación de la renta de los agricultores profesionales, ni en la reducción de la carga burocrática que soportan si no se abordan reformas de calado.
Publicado en Agronegocios el 8 de abril de 2025.
Algunas de las propuestas que se están haciendo en el umbral de la nueva etapa de planificación hidrológica 2028-2033 resultan inquietantes y configuran un escenario poco favorable para lograr una política del agua equilibrada.
Publicado en Agronegocios el 14 de febrero de 2025
Pronunciarse sobre los Fondos de inversión y el modelo agrario sobre el que sustentar la seguridad alimentaria europea.
8 de febrero de 2025
Dado que la agricultura es objeto de una importante regulación y apoyo público, la política agraria no debería permanecer ajena a la entrada masiva de fondos de inversión que se está produciendo.
No cabe cuestionar, ni mucho menos limitar, la decisión de que unos u otros agentes privados decidan apostar por la agricultura al igual que por cualquier otra actividad económica. Por el contrario, debe preservarse el marco jurídico que otorga la libertad de hacerlo. Asimismo, debe preservarse la libertad de los propietarios para vender o arrendar sus tierras a quienes quieran.
Sin embargo, la política agraria está obligada a analizar las consecuencias que, sobre el sistema agroalimentario, sobre el mundo rural y sobre la propia política agraria, tiene la apuesta agrícola de los fondos de inversión.
La política agraria vigente en la Unión Europea (PAC) es una política conceptualmente dirigida al apoyo de la renta de los agricultores, no de la rentabilidad de los capitales. Aunque dista mucho de resultar eficaz, es el enfoque que legitima actualmente la PAC, es decir, el que justifica destinar a dicha política la cuarta parte del presupuesto de la UE y que, por cierto, suponía las tres cuartas partes en 1985.
Por otro lado, la política estructural agraria europea, enmarcada en el llamado Segundo Pilar de la PAC y que permite destinar fondos públicos al regadío, a la modernización de explotaciones, a la incorporación de jóvenes, a la agricultura ecológica o a las medidas agroambientales, se legitima en el modelo de agricultura familiar y su papel determinante en el sostenimiento del mundo rural. Es cierto que el apoyo político al modelo familiar es tan teórico como retórico, pero es dicho modelo el que dice proteger la PAC.
Una primera consecuencia de la entrada masiva de capitales atendiendo a legítimos criterios de rentabilidad financiera en un sector que recibe ayudas por hectárea, sin relación alguna con el nivel de renta del beneficiario y cuya mejora estructural (regadíos, maquinaria, comercialización, etc.) también es objeto de una significativa ayuda pública, permite que los fondos de inversión capitalicen tales ayudas.
La ambiciosa apuesta ambiental europea, inevitablemente acompañada de exigentes condiciones administrativas, mientras ahoga al modelo familiar agrario genera incentivos financieros a unos fondos que pueden incluso diseñar ad-hoc su gestión. El cobro por fijación de carbono y por la prestación de otros servicios ambientales que el propio sector agrario demanda y que las autoridades comunitarias estudian introducir ya forma parte, de hecho, de la apuesta inversora.
Incluso la reivindicación de “precios justos” que concentra las protestas y exigencias de los agricultores, y a las que desde la política agraria trata de dar respuesta tratando de “innovar” en el marco de las normas sobre la competencia y el mercado, constituye otro incentivo para los inversores que apuestan por las economías de escala en la producción, así como por el encarecimiento de la alimentación, en particular, la del reducido elenco de productos sobre los que centran su atención.
La agricultura familiar ha demostrado su capacidad para ofrecer una alimentación segura y asequible. No cabe plantear duda alguna sobre la capacidad del modelo corporativo para ofrecer garantías de seguridad, en términos de salubridad, e incluso con mayor eficacia en el logro de los objetivos ambientales en función de los que la UE condiciona la ayuda agrícola. Sin embargo, su apuesta por el encarecimiento de la alimentación unida a su estrategia de escala puede traducirse en una grave amenaza para la seguridad alimentaria de los sectores sociales más vulnerables.
Los responsables políticos, así como los representantes del propio sector deberían pronunciarse sobre el modelo de agricultura que el presupuesto público debe apoyar. Porque los dos modelos, el familiar y el corporativo, exigen políticas completamente diferentes. Mientras el primero necesita de una política agraria eficaz de apoyo a la renta y al mundo rural, el segundo exige más bien sustituir aquélla por otra de apoyo directo al consumidor.
1 de Febrero de 2025
Hace pocos días, Javier Lambán, anunciaba su retirada de la política institucional tras 40 años de dedicación a la misma. Dado que tuve la suerte y el honor de formar parte de su Gobierno durante las dos legislaturas en las que presidió la Comunidad Autónoma de Aragón (julio de 2015 -agosto de 2023) quiero unirme con este breve escrito a las muestras de afecto y reconocimiento que ya ha recibido.
Cuando de manera totalmente inesperada, dada mi falta de experiencia y de afiliación política, me propuso ser consejero de Agricultura y Medio Ambiente de su gobierno me insistió en que su objetivo prioritario era la recuperación de las políticas sociales y que, en materia de agricultura, agroalimentación, desarrollo rural y medio ambiente había que tratar de hacer lo mejor para Aragón sin ningún otro condicionante político, y mucho menos partidista. Puedo dar fe de que así fue, incluso en los momentos más críticos y difíciles de las dos legislaturas.
Este enfoque tan generoso y valiente para con Aragón del presidente Lambán me permitió, por ejemplo, defender en todo momento una reforma en profundidad de la PAC con el único propósito de favorecer el modelo de agricultura familiar y profesional. Todo ello al margen de cualquier estrategia u oportunismo político-partidista, como de la posición del Ministerio de Agricultura, tanto en la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como en la de Luis Planas (PSOE) a quienes, en justo reconocimiento, también tengo que agradecer el respeto y buen trato que siempre nos dispensaron.
La prioridad de los intereses de Aragón frente a cualesquiera otros que en todo momento me trasladó el presidente Lambán como guía fundamental de actuación, también hizo posible un nuevo modelo de financiación que, exigiendo mucho mayor compromiso a los regantes, permitió la transformación de más de 30.000 hectáreas de nuevos regadíos que llevaban esperando décadas. Para hacerlo posible, así como afrontar las permanentes tentaciones trasvasistas de los “Gobiernos de Madrid” o para avanzar en la protección de la Ribera del Ebro frente a las avenidas, también hubo que defender, con la debida y obligada lealtad institucional, pero a fondo y sin complejos, los intereses de Aragón, tanto en la etapa del presidente Rajoy como en la del presidente Sánchez.
Podría detallar otros muchos avances en materia de agricultura, agroalimentación, desarrollo rural y medio ambiente que, a pesar de la grave pandemia del COVID-19, se derivaron de esa preferencia de Javier Lambán por el desarrollo de Aragón y el bienestar de los aragoneses frente a cualquier otro interés personal y partidista, así como en el marco de la unidad y estabilidad de España como nación y comunidad política con la que se identifica Aragón.
Pero no es mi propósito reivindicar logros, sino agradecer y reconocer la generosidad y altura de miras de quien presidió Aragón entre 2015 y 2023 y de quien aprendí que existen valores políticos y éticos muy superiores a los de cualquier política sectorial o partidista. Todo lo contrario de lo que predomina en la actual política española que, fruto de su incoherencia y falta de rigor, no hace más que aumentar la desafección ciudadana y, consecuentemente, dañar la democracia.