Por Joaquín Olona.  Publicado en Heraldo de Aragón (19-12-2010)

Se ha demostrado que tenían razón quienes siempre defendieron lo obvio: que en el mundo no sobran alimentos. Sigue leyendo →

LOS EUROPEOS TIENEN UNA VALORACIÓN FAVORABLE AL APOYO DE LA AGRICULTURA, PERO ESTE APOYO DEBE HACERSE MÁS EXPLÍCITO ANTE UN ESCENARIO FINANCIERO MÁS RESTRICTIVO.

El pasado 12 de abril, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Dacian Ciolos afirmó ante el Parlamento Europeo que «La Política Agrícola Común va dirigida a toda la sociedad. Es política de todos, y no sólo de quienes trabajan en el sector. La agricultura europea tiene que ver con la seguridad de los alimentos, pero también con el paisaje, el empleo, el medio ambiente y el cambio climático”.El Comisarió invita a todos los ciudadanos y organizaciones interesados de la UE,  activos o no en este sector, a participar en el debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común habiendo abierto para ello un proceso de consulta pública.

Con independencia del valor, validez y utilidad real de los resultados que puede generar una consulta de este tipo, la iniciativa del Comisario merece interpretarse como un gesto a favor de una PAC verdaderamente política, que es el primer requisito que debería afrontar en serio la nueva Reforma. El tradicional enfoque tecnocrático del que ha sido objeto la PAC no sólo le ha restado legitimación social sino que la ha llevado a una burocratización exagerada y, lo que es peor, ha puesto en peligro su propia continuidad. Tuvimos que asistir a una grave crisis alimentaria mundial (2008) para que algunos comprendieran que laagricultura europea no puede ni debe dirigirse mediante criterios estrictamente económicos. Ni la ciencia económica, por sí sola, tiene todas las respuestas ni está completamente exenta de componentes ideológicos que, en todo caso y en un contexto democrático, corresponde aplicar a los políticos y no a los funcionarios de Bruselas.

Este nuevo enfoque también contribuye a que los agricultores, como de hecho vienen haciendo sus respectivas organizaciones profesionales, apuesten más por influir en el diseño de la nueva PAC y menos por adivinar y anticipar sus novedades. También por trasladar el debate a la sociedad haciéndolo comprensible al público en general.

El Comisario Ciolos ha planteado el debate público sabiendo que los europeos tienen una valoración inicialmente favorable al apoyo de la agricultura pero sabiendo también que este apoyo debe hacerse más expreso para abordar una Reforma en un escenario financiero mucho más restrictivo. Las encuestas llevadas a cabo en el marco del Eurobarómetro reflejan efectivamente el apoyo ciudadano. La última, realizada entre el 13 de noviembre y el 9 de diciembre de 2009, pone de manifiesto que existe una amplia mayoría, el 83%, que apoya el mantenimiento del presupuesto comunitario destinado al apoyo de la agricultura. Esta mayoría se ha ido incrementando desde 2006. Este resultado es coherente, y queda explicado, por el hecho de que el 90% de los europeos entienden que la agricultura y el medio rural resultan vitales para el  futuro de Europa. Dos tercios de la población europea estiman que el presupuesto de la PAC es adecuado o suficiente y sólo un 17% consideran que es demasiado alto. El 70% coincide en que las ayudas financieras a los agricultores deberán permanecer o incrementarse durante la próxima década.

La opinión pública europea considera que los grandes objetivos de la PAC siguen vigentes.Éstos no son otros que contribuir a la calidad y la seguridad alimentaria, proporcionar un nivel de vida adecuado a los agricultores, garantizar unos precios razonables a los consumidores y proteger el medio ambiente, incluyendo la lucha contra el cambio climático.

El 61% de los europeos no creen que la agricultura sea una de los principales factores del cambio climático, pero el 46% cree que, desde la agricultura sí que puede lucharse de forma muy eficaz contra dicho fenómeno. De hecho, el 82% piensa que la Unión Europea debería ayudar a los agricultores a introducir cambios en su forma de trabajar con el propósito de combatir el cambio del clima.

Pero es de vital importancia que la nueva Reforma de la PAC, como política pública que busca el interés general y que se financia con el dinero de todos, concite el apoyo social más amplio posible y éste  no quede limitado exclusivamente  al del propio sector agrario y al de los expertos. Hay que desear por tanto que la iniciativa del Comisario Ciolos se traduzca en una amplia participación pública que ayude realmente a configurar la PAC que se necesita. Es por ello que, desde nuestro Colegio, animamos a todos a expresar su opinión en http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_es.htm

EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA APOYAR A LA AGRICULTURA. EL PROBLEMA CONSISTE EN DETERMINAR EN QUÉ CUANTÍA Y BAJO QUÉ FÓRMULAS DEBE OTROGARSE LA AYUDA.

Los expertos señalan que el obstáculo principal para la reducción del hambre es la insuficiente inversión en agricultura.  La crisis alimentaria primero, y la crisis económica mundial después, han agravado los problemas haciendo que el número de personas subalimentadas sobrepase actualmente los mil millones.

Los estados ayudan a sus agriculturas en todas las economías avanzadas, aunque con intensidades muy distintas. Los agricultores de la OCDE reciben el equivalente al 23 % de lo que producen; sin embargo éste indicador (PSE) varía entre el 0,93 % (Nueva Zelanda) y el 62 % (Noruega); entre ambos extremos están los Estados Unidos, con el 10%, la Unión Europea, con el 27%, España, con el 28 % o Aragón, con 33 %. Las economías emergentes, tales como China, Brasil o Chile presentan valores (PSE) del 8,6%, 5% y 4% respectivamente. Por el contrario, los países subdesarrollados, en vez de ayudarla, tienden a utilizar la agricultura para financiar su crecimiento económico. Por ejemplo, en 1993, eran los agricultores chinos quienes ayudaban al resto de su economía con unos recursos equivalentes al 13,5% de la producción bruta agraria.

Las ayudas a la pueden destinarse directamente a los agricultores mediante ayudas a los precios, a la producción, a la renta, a la compra de inputs, a las inversiones, a las desventajas, riesgos y desastres naturales, etc. También pueden aplicarse  en forma de I+D, inspección y gestión, formación, dotación de infraestructura, promoción de productos u otros servicios generales o mediante transferencias de distinto tipo entre productores, consumidores y contribuyentes.

Las ayudas se han reducido durante los últimos 20 años en  todos los países desarrollados. Así, por ejemplo, en el conjunto de la OCDE el apoyo público total a la agricultura, como proporción del PIB total, ha pasado del 2,48% (1986-88) al 0,89 % (2006-08); en Estados Unidos, del 1,33% al 0,72% y en la Unión Europea, del 2,71 % al 0,95%. En el periodo 2002-2006, en España, esos porcentajes han caído desde el 1,95 % hasta 1,29 % mientras que en Aragón lo han hecho desde el 4,79 % hasta 3,69 %. El apoyo específicos a los agricultores (PSE), ha pasado del 37% (1986-88) al 23 % (2006-08) en el conjunto de la OCDE mientras que en USA lo ha hecho del 22% al 10% y en la Unión Europea, del 40% al 27%.

Los países que más han reducido las ayudas agrarias lo han hecho en paralelo a otros procesos de liberalización. El caso más destacable es el de Nueva Zelanda, que en 1986 redujo de forma drástica las ayudas agrarias abordando profundas reformas en el mercado de capitales, en el de trabajo y en su política macroeconómica. La principal lección extraída de esta experiencia, única en el mundo desarrollado, es que los procesos de liberalización exigen escenarios sociales, culturales, geográficos y políticos muy favorables y  que sólo producen los beneficios perseguidos si se abordan mediante políticas sectoriales y macroeconómicas coordinadas y coherentes; de lo contrario, los desequilibrios económicos y sociales pueden resultar inaceptables.

Aunque  la productividad  agraria aumenta sin cesar, en todos los países desarrollados permanece por debajo de la industrial. Por ejemplo, en España, la renta por ocupado agrario tan sólo equivale al 54% de la renta media del conjunto de los ocupados. Pero es que la agricultura, además de producir alimentos, fibras y otros bienes de mercado, también produce otros que no lo son (paisaje, retención de CO2, etc.). La inestabilidad de la producción y de los precios agrarios, como consecuencia de la incidencia de los factores naturales, aconseja, por otro lado, considerar el papel estratégico de la agricultura.

Existen por tanto razones más que suficientes para  apoyar a la agricultura. El problema consiste más bien en determinar en qué cuantía y bajo qué fórmulas debe otorgarse la ayuda para que redunde en el interés general y resulte aceptable y comprensible para la sociedad.