China refuerza su política agraria.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de febrero de 2017.

El apoyo financiero aplicado por el gobierno chino a su agricultura ha aumentado significativamente en la última década, mostrando una tendencia fuertemente alcista. Así lo refleja el indicador de la OCDE que mide el apoyo al productor (PSE) como porcentaje del valor de mercado de la producción. Este apoyo alcanza actualmente el 21,3 % frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. Pero, además, la productividad del trabajo y del resto de los factores también está creciendo de forma muy destacada.

Los agricultores chinos cuentan con precios mínimos garantizados para el trigo y el arroz así  como intervenciones ad hoc para otros productos agrícolas. En combinación con los aranceles, los contingentes arancelarios y los controles gubernamentales, estos instrumentos de mercado garantizan un nivel mínimo de precios percibidos por los agricultores. Además, el gobierno chino aplica pagos directos a los productores de granos, subvenciona la compra de fertilizantes y energía así como la compra de semillas mejoradas y maquinaria. También subvenciona los seguros agrarios.

China se ha convertido en el primer productor agrícola mundial, produciendo en términos de valor, tanto como el valor total combinado de todos los países miembros de la OCDE. La agricultura sigue siendo un sector clave que representa el 31% del empleo total y aporta casi el 10% del PIB chino (2014). La producción agrícola se basa en pequeñas explotaciones familiares de menos de una hectárea en promedio, aunque la producción a gran escala se ha desarrollado rápidamente, en particular en las provincias del noreste. La producción ganadera se concentra en grandes unidades comerciales.

China también se ha convertido en un gran importador neto de productos agroalimentarios, en particular de soja, algodón, aceites comestibles y azúcar. Alrededor del 60% de las importaciones agroalimentarias son productos primarios destinados a la transformación industrial. Hay que tener en cuenta que, concentrando casi el 20% de la población mundial, tan sólo concentra el 7% del agua potable y el 10% de las tierras agrícolas mundiales.

El crecimiento de la producción agrícola en China promedió 3.6% entre 2003 y 2012, casi un tercio por encima de la media mundial. Se ha impulsado por un impresionante aumento de la productividad total de los factores en un 3,2% anual, casi el doble de la media mundial. Sin embargo, un crecimiento tan rápido ejerce presiones crecientes sobre los recursos naturales.

Los precios mínimos garantizados para los granos son determinados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), en estrecha cooperación con el Ministerio de Agricultura de China y otras instituciones estatales. Las garantías de precios se limitan a las mayores provincias productoras de granos y difieren para los distintos tipos de grano. En 2015, los precios medios de apoyo por tonelada se estima que fueron de 384 dólares para el trigo, 361 dólares para el maíz y 438 dólares para el arroz.

Las compras de intervención se llevan a cabo por la Corporación de Reservas de Granos de China (Sinograin)  cuando el precio de mercado del trigo, maíz y arroz cae por debajo de ciertos niveles. Esto requiere grandes reservas públicas, que son gestionadas por la Administración Estatal de Granos. El nivel actual de reservas de cereales equivale al 40% del consumo interno de China, que es  superior a la de cualquier otro país del mundo. El coste del mantenimiento de estas reservas ascendió a 8.800 millones de dólares en el año 2013.

También se llevan a cabo intervenciones ad hoc de mercado a precios fijos, aunque éstos no siempre se ejecutan y hay diferencias regionales significativas. Sin embargo, en los últimos años se han abandonado las prácticas intervencionistas en los sectores del algodón y la soja, que se han sustituido por un sistema de pagos directos compensatorios cuando los precios caen por debajo de cierto nivel. Este sistema podría extenderse a otros productos en el futuro.

El importe de las transferencias presupuestarias proporcionadas a través de estas intervenciones de precios ha aumentado significativamente desde fines de la década de 1990, ya que los precios mínimos se han incrementado cada año. En 2014, el gobierno chino compró a sus agricultores 365 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que representa un tercio del gasto agrícola total del país. Como resultado de estas medidas, los precios percibidos por los agricultores chinos son un 20% más altos que los de los mercados mundiales.

Además, los aranceles aplicados a los productos agrícolas ascienden en promedio al 15%, y varios productos agrícolas también están sujetos a contingentes arancelarios, entre ellos el trigo, el maíz, el arroz, la lana, el algodón y ciertos tipos de abonos.

Los productores de cereales también reciben pagos directos para apoyar su producción y estabilizar sus ingresos. Se pagan a una tasa fija por unidad de terreno, que consiste en 24 o 36 dólares por hectárea, dependiendo de la región. El gasto público en estos pagos directos supone 2.400 millones de dólares anuales.

Se conceden subsidios, en forma de pagos fijos por hectárea, a los insumos agrícolas para compensar a los productores de granos por el aumento de los precios de los fertilizantes, la energía y el combustible con el propósito de apoyar directamente los ingresos de los agricultores. Las transferencias presupuestarias para todos este programas suponen 17.100 millones de dólares

Existe un programa de mejora de semillas en forma de subvenciones a los agricultores que dependen del cultivo: mientras el gobierno nacional efectúa pagos en efectivo por hectárea para arroz, maíz y colza, las provincias pueden hacer pagos directos o reducciones en los precios de las semillas para el trigo, la soja y el algodón. Los agricultores reciben entre 24 y 36 dólares por hectárea, dependiendo del producto. Sin embargo, no se controla si estos fondos se utilizan realmente para la compra de semillas. El presupuesto de este programa asciende a 3,500 millones de dólares-

Las compras de maquinaria agrícola también están siendo cada vez más subvencionadas a través de un programa que compensa al comprador o vendedor por el 30% del precio. Actualmente, este programa de subsidios abarca 12 categorías y 48 subcategorías de máquinas. En teoría, las contribuciones estatales se limitan a 7.900 dólares por partida individual, pero estos límites de subsidio nunca se aplican en la práctica. El coste de este programa es de 3.500 millones de dólares.

Por último, existen varios regímenes de seguros combinados tanto para los cultivos como para el ganado a nivel regional. En 2013, los seguros cubrieron 73 millones de hectáreas de tierra agrícola, que es casi la mitad de la superficie total de cultivo. Los seguros son proporcionados por 25 corporaciones privadas elegibles, mientras que los costes de la prima son compartidos entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los propios productores agrícolas. Existen algunas variaciones en los factores desencadenantes de las reclamaciones de pago, ya que éstas se deciden a nivel regional (por ejemplo, en la provincia de Shandong las pérdidas de rendimiento para el trigo deben ser superiores al 40%). El porcentaje de subvención también varía para los diferentes productos agrícolas, pero cubre las primas  en un mínimo de 60% para los cultivos y 70% para el ganado.

Los seguros agrícolas se han extendido en los últimos años, y China se ha convertido en el segundo mayor mercado de seguros agrícolas del mundo, después de Estados Unidos. Las contribuciones del gobierno central ascendieron a 3.600 millones de dólares en 2013, mientras que 33,7 millones de hogares se beneficiaron de estos planes de seguro por un importe total de 3.400 millones de dólares.

Fuentes:

Riesgos y rentas en la Farm Bill.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 19 de febrero de 2017.

El fortalecimiento de los seguros y la eliminación de los pagos directos desacoplados, que han sido sustituidos por los programas de cobertura de pérdidas e ingresos, han sido las principales novedades de la Farm Bill vigente con respecto a la anterior. La renta de los agricultores se ve así apoyada, tanto en lo que se refiere a la suficiencia como a su estabilización, que son dos problemas distintos a tener en cuenta.

La Farm Bill 2014-2018, que es el equivalente a la PAC en Estados Unidos, cuenta con un presupuesto total de 488.631 millones  para el periodo 2014-2018.  La ayuda alimentaria a la propia población estadounidense, dotada con 390.650 millones $, concentra el 79,95 % del presupuesto total.  Le siguen en dotación el Programa de Seguros Agropecuarios, con 41.420 millones $, los programas de conservación que, con 28.165 $, incentivan el uso agrícola sostenible de la tierra y los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos, dotados con 23.556 millones $ . Estos 4 programas concentran el 99,01 % del presupuesto.

Farm Bill 2014-2018 Millones $ %
Ayuda alimentaria 390.650 79,95%
Seguros agropecuarios 41.420 8,48%
Programas de conservación 28.165 5,76%
Cobertura de pérdidas e ingresos 23.556 4,82%
Comercio 1.782 0,36%
Apoyo a la hortofruticultura 874 0,18%
Investigación y extensión 800 0,16%
Energías renovables y eficiencia 625 0,13%
Desarrollo rural 218 0,04%
Otros 541 0,11%
TOTAL 488.631 100,00%

En los programas de conservación así como los de cobertura de pérdidas e ingresos quedan excluidos quienes presentan un Ingreso Bruto Ajustado  (AGI), incluyendo el ingreso no agrícola, superior a 900,000 $ anuales. Además, el máximo anual que puede percibirse es de 125.000 $ por beneficiario (ambos cónyuges pueden serlo) considerando todos los pagos procedentes de los nuevos programas de cobertura de precios e ingresos y las ayudas en forma de préstamos para comercialización. Existe un límite separado de 125,000 $ para los cacahuetes. Los pagos de transición del algodón se limitan a $ 40.000 por año. No hay limitaciones de pago para las ayudas a los seguros.

1,.- El programa de seguros agropecuarios proporciona seguros, subvencionando primas y gastos, para proteger a los productores contra las pérdidas resultantes de los riesgos asociados a los precios y los rendimientos.

En el Programas de Seguro de cosechas la opción de cobertura suplementaria (SCO) ofrece una cobertura basada en el rendimiento medio o de los ingresos del condado, subvencionando a los productores el 65 por ciento del importe de las primas.

El Programa de Protección de Margen (MPP) es un seguro que ayuda a los productores de leche cuando la diferencia entre los precios de la leche y los costes de alimentación cae por debajo de un margen objetivo.

Las compañías aseguradoras venden y la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA desarrolla, administra los subsidios de primas y gastos, aprueba y apoya los productos y reasegura.

2.- Los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos  incluyen ayudas basadas ​​en precios e ingresos de referencia. Consta de dos programas, el de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) y el del Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC) pudiendo adherirse los productores a solo uno de los dos:

2.1.- El Programa de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) ayuda al producto acogido al programa en la explotación cuando el precio de mercado cae por debajo del precio de referencia.

                                PLCij = Tpi x 0,85 x Sbij x Rpij

  • PLCij es el Importe de pago que recibe la explotación (j) para el producto cubierto (i) al que se ha acogido dicha explotación para todo el plazo de vigencia de la FB2014 .
  • Tpi es la Tasa de pago del cultivo Tpi = Pri – Pmi
  • Pri es el precio de referencia establecido en la FB de 2104
  • Pmi es el precio de mercado (media nacional anual).
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • Rpij es el Rendimiento de pago o promedio obtenido en la explotación (j) durante 2008-2012.

2.2.- El Programa de Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC)  paga una ayuda cuando el ingreso cae por debajo del nivel de referencia, que puede ser el del condado o el individual.

2.2.1.- En el Programa ARC con referencia en el condado la ayuda se paga cuando el ingreso procedente del cultivo acogido al programa en la explotación cae por debajo del 85% del ingreso de referencia establecido para el condado.

                    ARCij= Sbij x (IRCi– IREij) ≤ 0,10 x IRCi x 0,85 x Sbij

  • ARCij es Importe de la ayuda resultante para el cultivo (i) en la explotación (j)
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • IRCi es el Ingreso de referencia del cultivo para el condado (por acre): rendimiento promedio del condado de los últimos 5 años multiplicado por el precio promedio nacional olímpico o el precio de referencia-el que sea mayor para cada año- diferenciando regadío y secano.
  • IREij es el Ingreso real del cultivo obtenido en la explotación (por acre): rendimiento medio obtenido en la explotación multiplicado por el precio medio nacional.

2.2.2.- En el Programa ARC con referencia individual la ayuda se paga cuando los ingresos procedentes de todos los cultivos de la explotación acogidos al programa son inferiores al 86% de la garantía individual establecida. A partir de la Referencia Individual: IRIj  = ∑i Sbij  x Rpij x máx (Pri,Pmi) y el Ingreso real de la explotación: IREj = ∑i Sij  x Rij x Pmi el Importe de la ayuda a la explotación es

                           ARCj= IRIj– IREj ≤  0,10 x IRIj x 0,65 x Sbj  

siempre y cuando IREj < 0,86 x IRIj. Pero si IREj ≥ 0,86 x IRIj entones ARCj=0.

La Farm Bill como referente en el debate sobre la PAC.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de febrero de 2017.

Cuando Franklin Delano Roosvelt (1882-1945) llega a la presidencia de los Estados Unidos (1933), la nación se encuentra al borde del abismo. Las tormentas de polvo (Dust Bowl), un desastre ambiental prologado, entre 1930 y 1939, y  causado por el efecto combinado de la sequía y las malas prácticas agrícolas, agravaron los efectos de la Gran Depresión de 1929. Las malas cosechas devaluaron las tierras y el caos del sistema financiero llevaron a la banca rota a los agricultores de las Grandes Llanuras, que no pudieron hacer frente a sus hipotecas. Los  efectos se hicieron sentir en todo el mundo.

El Presidente Roosvelt ( 1933-1945) promete «esfuerzos concretos para aumentar el valor de los productos agrícolas» y su administración, bajo la dirección del Secretario de Agricultura Henry A. Wallace, aprueba en 1933 la Agricultural Adjustment Act (PL 73-10) dando origen con ello a lo que desde entonces se conoce como Farm Bill. Nace así la política agrícola moderna, orientada al apoyo de las rentas agrícolas al tiempo que se asegura el abastecimiento de alimentos a la población, que sustituye a la vieja política de Reforma Agraria basada en la distribución de la tierra. La Política Agrícola Común (PAC) no aparece hasta 1962, casi 30 años más tarde que la Farm Bill.

En 1933, dar dinero directamente a los agricultores no era una opción en los Estados Unidos ya que habría sido visto como una política socialista. La solución que se adoptó fueron los precios de garantía. En 1936, el impuesto que financiaba la Farm Bill de 1933, aplicado al procesamiento de las materias primas, fue declarado inconstitucional por beneficiar a los agricultores y perjudicar a todos los demás. Sin embargo, la transferencia de dinero a los agricultores para conservar el suelo, en base a la Ley de Conservación del Suelo de 1935 (PL 74-46,) no había sido impugnada por los tribunales y permitió renovar la Farm Bill en 1936 mediante la Soil Conservation and Domestic Allotment Act (PL 74-461).

La Farm Bill de 1936 pretendía “asegurar la protección de la tierra contra la erosión del suelo y otros fines”. Los “otros fines” eran elevar el poder adquisitivo de los agricultores. La población, tras el Dust Bowl y el trabajo de H.H. Bennett, era sensible a la conservación del suelo y los analistas consideraron que esta conservación era de interés público y que, por lo tanto, debía ayudarse con fondos públicos a que los agricultores la llevasen a cabo (Helms, 2003). La nueva política agrícola había arraigado.

La Farm Bill ha tenido continuidad desde su creación en 1933 si bien ha pasado por diferentes fases en relación con su apoyo presidencial y parlamentario. Así, por ejemplo, el presidente Ronald Reagan (1981-1989) afirmaba que “Si el dinero pudiera resolver el problema agrícola, los Estados Unidos lo habrían resuelto hace tiempo”.  El presidente George Walker Bush (2001-2009) vetó la Farm Bill en 2008 por considerar excesiva la ayuda aplicada a los agricultores y excesivos los riesgos de demanda por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La mayoría de 2/3 del Congreso permitió superar el veto presidencial. El presidente Barak Hussein Obama (2009-2017), en octubre de 2013, declaraba que ”Deberíamos aprobar la Farm Bill, de la que los agricultores de América dependen, que protege de la necesidad a niños y adultos vulnerables, y que ofrece a las comunidades rurales oportunidades de crecimiento así como las certezas que a largo plazo merecen.“  Obama tuvo dificultades para obtener la aprobación la nueva Farm Bill  de 2014 por parte del  Congreso. Habiendo finalizado la prórroga de la  Farm Bill de 2008 en septiembre de 2013 no pudo aprobarse para el  nuevo periodo 2014-2018 hasta febrero de 2014.

Casi nada de lo que configura la PAC puede considerarse verdaderamente original. Como se ha  visto, no es original en su creación. Pero tampoco lo es ni en su desarrollo ni en su evolución que, a juzgar por los hechos, parece verse fuertemente influida por la Farm Bill pero con efecto retardado. Así Estados Unidos abandonó la politica de precios y mercados a partir de 1985; la Unión Europea no lo hace hasta 1992 con la Reforma MacSharry. La Farm Bill introduce el apoyo a la retirada de tierras agrícolas de la producción  en 1956 para abandonarlo en 1996. La PAC adoptó esta política entre 1988 y 2008. Los programas agroambientales como tales fueron introducidos por la Farm Bill en 1985 mientras que la PAC no los adopta hasta 1992. Ni siquiera los Programas de Desarrollo Rural introducidos por la PAC en 1988 son una aportación europea ya que la Farm Bill los aplica desde 1970. La Farm Bill  2014-2018, aprobada casi al mismo tiempo que la Reforma de la PAC de 2014, elimina completamente los pagos directos desacoplados introducidos en 1996 aplicando nuevas fórmulas de apoyo a las rentas y gestión de riesgos basadas en ingresos de referencia y seguros agrarios. Por el contrario la PAC refuerza y consolida los pagos directos desacoplados, introducidos en 2003.

Sólo el enfoque socio-estructural propuesto por Mansholt en 1968, que fue enérgicamente rechazado por los agricultores europeos, junto con el sistema de seguros agrarios introducidos en España  mediante ley de 1978,  tomada como referencia en todo el mundo, pueden considerarse aportaciones europeas verdaderamente originales a la política agrícola moderna.

Podría decirse que la PAC, que ahora aborda el debate sobre su futuro, debe decidirse entre dos opciones alternativas:

  • Seguir copiando, con retraso, las herramientas de la Farm Bill. En tal caso no es difícil pronosticar el final de los pagos directos desacoplados y, con ello, el de los derechos históricos en los que se basa la PAC. Es más difícil pronosticar cuál será la evolución de la Farm Bill, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades políticas que ha tenido que superar durante la última década sí como el confuso panorama introducido por Donald Trump.
  • Apostar por un enfoque original, no por ser original sino para asegurar la coherencia con  nuestras condiciones socio-territoriales y estructurales, que nada tienen que ver con las de los Estados Unidos. En este caso el sistema de pagos directos desacoplados, basado en derechos históricos, también es rechazable puesto que, entre otros motivos, impide cambiar las cosas.

Innovación en la gestión de purines.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 17 de febrero de 2017.

La solución de los grandes retos agroambientales exige innovaciones no sólo tecnológicas sino, también, institucionales. El modelo de gestión de purines desarrollado por la ADS nº 2 de porcino, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es un magnífico ejemplo práctico de ello.

Aragón se está convirtiendo en la potencia de referencia del sector porcino europeo. No sólo por su importancia productiva creciente sino, sobre todo, por su desarrollo tecnológico y organizativo o institucional.

El elevado grado de competitividad alcanzado se manifiesta en las elevadas tasas de exportación del sector que se basan, a su vez, en los importantes avances tecnológicos y sanitarios logrados. Toca ahora dar respuesta al reto ambiental que supone la gestión sostenible de los estiércoles producidos en forma de purines. El «Centro Gestor de purines» desarrollado en Ejea de los Caballeros por la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) nº2 , basado en la acción colectiva y la colaboración entre agricultores y ganaderos con la finalidad de utilizar los purines como fertilizante agrícola, ha demostrado su eficacia e interés. Tanto es así que es el modelo adoptado como solución general a extender al conjunto de la Comunidad Autónoma por el Gobierno de Aragón mediante el decreto que, sobre gestión de estiércoles, se publicará próximanente.

Mejorar la productividad agroalimentaria.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 16 de febrero de 2017.

La productividad (del trabajo) es un concepto clave, y como tal considerado, en la política económica y en la industria . Sin embargo, no es el caso en la política agraria ni en el sector agrario a pesar de las continuas referencias al valor añadido. Aclarar que la productividad no es otra cosa que el valor añadido (bruto) generado por unidad de trabajo.

Es habitual que cuando se habla de aumentar el valor añadido agroalimentario sólo se piensa en hacerlo a través de la agroindustria y de la mejora de la cadena alimentaria. Seguir pensando así es un error que urge corregir. La propia actividad agrícola y ganadera , obviamente, también genera valor añadido si bien no resulta tan obvio para el sector.

Durante el trienio 2013-2015, en Aragón, la agricultura y la ganadería han generado un Valor Añadido Bruto (VAB) medio de 1.607 M€. Se trata de la contribución al PIB, que ha sido del 4,86 %, sabiendo que su contribución al empleo ha sido del 6%.

Rama Agraria en Aragón 2013 2014 2015 Promedio
Producción (millones €) 3.957,9 3.522,7 3.521,1 3.667
VAB (millones €) 1.789,8 1.426,9 1.605,5 1.607
Subvenciones (millones €) 505,5 427,8 382,9 439
Renta Agraria (millones €) 1.856,1 1.596,4 1.685,1 1.713

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Aragonés de Estadística.

Generar más valor añadido en las propias explotaciones agrícolas y ganaderas y no sólo a través de la agroindustria y la distribución, resulta esencial para mejorar la productividad del trabajo agrario. Esta mejora resulta determinante, a su vez, para elevar la renta de los agricultores, que es la razón de ser de la política agraria o, al menos, debería serlo en coherencia con el artículo 39 del Tratado de la UE así como con el artículo 130 de nuestra propia Constitución.

La agricultura se caracteriza por la baja productividad del trabajo que, en Aragón y medida en términos de Valor Añadido Bruto por ocupado, alcanzó un valor medio de 50.219 € durante el trienio 2013-2015 frente a una productividad media del resto de la economía de 61.846 €. La productividad de la industria agroalimentaria también es baja situándose en 55.158 € frente a 67.028 € del conjunto de la industria aragonesa en 2014.

La baja renta de los agricultores es consecuencia de la baja productividad de su trabajo. Ello se debe a la insuficiencia de los precios agrícolas, que no siempre remuneran correctamente los factores aplicados. Pero también a las graves deficiencias estructurales de las que adolece el sector.

Por tanto, mejorar la renta agrícola exige aumentar la productividad del trabajo y para ello es preciso profundizar en la mejora estructural del sistema agroalimentario sobre la base de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 en lo que se concreta el Segundo Pilar de la PAC. Pero también es preciso reformar en profundidad el Primer Pilar, es decir, lo que coloquialmente llamamos PAC. Porque mal cabe hablar de productividad cuando se paga incluso por no producir nada. Y porque, por mucho que se mejoren las estructuras, no se puede asegurar que el mercado remunere de forma justa el trabajo de los agricultores.

 

Mansholt tenía razón.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de febrero de 2017.

Sicco Mansholt (1908-1995) puede considerarse  el padre de la PAC así como de sus reformas.  Primer Comisario Europeo de Agricultura  (1958-1972), había sido antes Ministro de Agricultura de Holanda (1945-1956). Fue Presidente de la Comisión Europea entre 1972 y 1973.

Tras impulsar la creación de la PAC en 1962 presentó en 1968 un Memorándum sobre su reforma («Plan Mansholt») tras darse cuenta de que la inadecuada estructura agraria hacía que la política de precios y mercados aplicada a sectores específicos (cereales, leche, vacuno de carne, azúcar, etc.) fuera ineficiente y generase desequilibrios. Para afrontarlo propuso equiparar las rentas agrarias y compensar las desventajas geográficas reduciendo el número de agricultores, aumentando la dimensión de las explotaciones y mejorando su eficiencia. El Pan fue objeto de un enérgico rechazo por parte de los agricultores y Mansholt tuvo que retirarlo sin que nadie, por el momento, se haya atrevido a volver sobre sus pasos.

Pero el tiempo parece haberle dado la razón a Mansholt y su Reforma de 1968:

  •  Desde 1968 el número de agricultores no hace más que reducirse drásticamente pero de forma descontrolada, generando con ello despoblación rural, desequilibrio territorial y un envejecimiento que ahorra compromete la renovación del sector.
  • Los graves desequilibrios ocasionados por la PAC de los precios y mercados a sectores preferentes condujo al colapso del presupuesto comunitario y, con ello, a la nefasta idea del abandono de la producción agrícola aplicada en la Reforma de 1992.
  • Las sucesivas reformas de la PAC, sin lograr el estrechamiento de la brecha de renta, se han traducido en una política pública progresivamente más compleja, ineficaz e injusta. Sobre todo por la consolidación de unos derechos históricos desacoplados de la producción que desincentivan la productividad y la mejora de las explotaciones.

Tras más de 50 años de PAC persiste una acusada brecha de renta entre los agricultores y el resto de los ciudadanos. Hoy, lo mismo que hace 50 años, la renta media de los agricultores del conjunto de la UE, aún incluyendo las ayudas de la PAC, sigue siendo la mitad que la del resto de los europeos. Cabe preguntarse, por tanto, sobre las razones de este fracaso.

Cuánto supone la PAC y quiénes se benefician.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de febrero de 2017.

Las ayudas directas de la PAC, las vinculadas a derechos históricos y pagos desacoplados por superficie -es decir, que se perciben con independencia de lo que se produzca o incluso aunque no se produzca nada, ascendieron en España (2016)  a 4.171 millones €. Estas ayudas son las que corresponden al nuevo Régimen de Pago Básico, incluyendo también el Pago Verde, el Régimen de Pequeños Productores y el Complemento para Jóvenes Agricultores.

Las ayudas acopladas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas percibidas en función de la superficie realmente cultivada (arroz, remolacha, proteaginosas, legumbres, frutos de cáscara, algarrobas y tomate industria) o del número de cabezas de ganado realmente gestionadas (vacas nodrizas, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino) ascendieron a 570 millones € durante 2016.

Durante 2016 también se destinaron  645 millones €  a sectores específicos tales como el hortofrutícola  (234 millones €), el vitivinícola (216 M€), algodón (65 millones €) y otros bajo diferentes y variadas modalidades de ayuda.

Las Islas Canarias recibieron (2016) la cantidad de 267 millones € a través de un programa específico (POSEICAN) que atiende a sus condiciones especiales.

Las ayudas arriba descritas configuran el llamado Primer Pilar de la PAC cuyo importe total ascendió en 2016, para el conjunto de España, a 5.653 millones € procedentes en su totalidad del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

El llamado Segundo Pilar de la PAC destinado al desarrollo rural, cuenta con un importe medio anual estimado de ayuda pública de 1.879 millones € para el periodo 2014-2020, en este caso cofinanciado por el Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader), la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Esta ayuda se articula en Programas de Desarrollo Rural, uno por Comunidad Autónoma y otro nacional), que incluyen un amplio y variado conjunto de medidas que contemplan subvenciones a la inversión en activos físicos de diferente naturaleza o a la incorporación de jóvenes agricultores, compensaciones por limitaciones naturales o por llevar  a cabo acciones de interés ambiental o climático, apoyo a la formación, el asesoramiento y la transferencia de conocimientos, fomento de la agricultura ecológica o de la calidad agroalimentaria, apoyo a la gestión forestal,  aplicación del método Leader para diversificación y mejora de la economía rural y otras.

Así, la PAC supone en España un apoyo público financiero total anual del orden de 7.500 millones €, en su mayor parte procedente de fondos europeos (FEAGA y Feader) y que se distribuyen a través de un sistema de ayudas extraordinariamente complejo, de difícil comprensión y todavía más difícil gestión y evaluación. Estas dificultades y complejidad hacen que, por ejemplo, una pregunta tan sencilla como es ¿quiénes son los beneficiarios de la PAC? resulte muy difícil de contestar.

Si nos centramos en la principal componente de la PAC, es decir en los 4.171 millones € que configuran la ayuda  vinculada a derechos históricos y pagos por superficie desacoplados de la producción, nos encontramos, para el conjunto de España, con un colectivo de unos 800.000 beneficiarios. Sobre su caracterización socioeconómica se sabe muy poco: elevado grado de envejecimiento (más del 40% superan los 65 años), enorme heterogeneidad y poco más. En el caso de Aragón, con algo más de 45.000 beneficiarios, el cruce de los datos del PAC con la declaración del IRPF ha mostrado que, básicamente, se trata de un colectivo muy poco vinculado a la actividad agraria ya que el 71% de los beneficiarios declaran una renta agraria que tan sólo supone el 9% de su renta total. Esto cuestiona la eficacia de la ayuda. También ha podido comprobarse que cuanto mayor es la renta agraria, mayor es el importe de la ayuda recibida. Esto cuestiona la equidad. No obstante, también ha podido constatarse que cuanto mayor es el nivel de renta agraria, mayor es el  nivel de profesionalidad agraria, siempre que se admita que dicha profesionalidad es tanto mayor cuanto mayor peso tiene la renta agraria en la renta total.

Por otro lado existen muchos agricultores y ganaderos, como son los fruticultores, los cunicultores, los avicultores, los porcinocultores y otros que, estando sometidos a las mismas incertidumbres, están completamente excluidos de unos pagos directos que, aunque no la tienen en cuenta, se aplican con el propósito de compensar la renta.

No puede decirse, por tanto, que todos los agricultores se beneficien de la PAC, al menos no en la misma medida, ni que todos los beneficiarios puedan considerarse propiamente agricultores, al menos no con la profesionalidad razonablemente requerida.

Claves para simplificar la PAC.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 11 de febrero de 2017.

La simplificación de la PAC no es un reto administrativo, lo es político y seguirá sin lograrse mientras no se asuma como tal.

La Reforma de 2014, llevada a cabo en la PAC con el firme propósito de que todo permaneciera igual, puede tildarse ya de fracaso sin paliativos. Pero es que, además, no es cierto que todo haya quedado igual. Sin entrar a valorar lo que realmente importa en términos de objetivos e impacto, lo cierto es que la gestión del nuevo sistema de Pago Básico, Pago Verde, Pequeños Productores y Complemento a Jóvenes, basado en derechos históricos y pagos por superficie, está resultando un verdadero quebradero de cabeza, no sólo para los agricultores y los ganaderos sino que también para las administraciones autonómicas.

La desproporcionada complejidad de las declaraciones a las que están obligados los beneficiarios en relación con la solicitud de la ayuda, y de los sistemas de control y verificación a los que están obligadas las administraciones, están provocando todo tipo de problemas, incluyendo los de carácter político. En este momentos cada cual tiene sus quejas y razones, sin embargo casi nadie quiere ir a la raíz del problema, que no es otra que la permanencia de unos derechos históricos así como de un sistema de pago por superficie que, además de demostrarse injustos e ineficaces, exigen una compleja gestión con costes desproporcionados para los beneficiarios así como para la Administración.

Los pagos por superficie han llevado a configurar en España el llamado SIGPAC, la operación de información geográfica más ambiciosa jamás llevada a cabo a nivel nacional. Sin cuestionar su utilidad para otros muchos fines distintos al específico de control de la PAC para el que fue creado, su mantenimiento y actualización supone una pesada carga económica y técnica para la administración agraria. Pero lo más preocupante es el desproporcionado nivel de detalle gráfico y superficial con el que las normas vigentes obligan a aplicar las operaciones de control sobre la base del SIGPAC, que carecen de la más mínima justificación agronómica. Eso sí, como la PAC paga por m2 hay que comprobar los m2 de las parcelas, subparcelas, recintos, subrecintos, aprovechamientos y más elementos que los beneficiarios están obligados a declarar con precisión casi milimétrica y que los funcionarios están obligados a comprobar.

Los derechos históricos integran la segunda componente en la que radica la complejidad operativa. Estando sujetos a cómputo nacional, cualquier transferencia de derechos entre beneficiarios, por mínima que sea, bloquea los pagos anticipados a los intervinientes en la transmisión. Unos anticipos que levan a cabo las comunidades autónomas previa autorización expresa de la Comisión Europea y del FEGA.

Desde el Gobierno de Aragón proponemos eliminar los pagos por superficie así como los derechos históricos, no por la complejidad que acarrean sino por demostrarse injustos e ineficaces. La propuesta consiste en una  compensación directa de la renta agraria declarada en el IRPF en función de una renta de referencia, modulando la compensación en función de la dedicación agraria y de la productividad y sometiéndola a una una condicionalidad ambiental y social coherente agronómicamente.

Dicha propuesta, que persigue acabar con los agravios sociales y territoriales que deriva la PAC vigente así como con su ineficacia e ineficiencia económica, ambiental y territorial, se propone también como respuesta eficaz al reto de la simplificación. Eliminado el pago por superficie ya no hay m2 que controlar ni SIGPAC que gestionar. Eliminados los derechos históricos ya no hay estrategias de distribución que optimizar, ni cómputo que verificar, ni balance nacional que equilibrar. Lo que hay, fundamentalmente, es una declaración de la renta que presentar y , en su caso, que inspeccionar. Para la administración agraria quedaría el control de la condicionalidad que, si se asegura su coherencia agronómica, responderá a su razón de ser y acreditará su utilidad.

La propuesta tiene, por último, otra ventaja:  por su enfoque completamente horizontal (basado en la renta agraria) elimina el carácter fuertemente sectorial  que todavía persiste, a pesar de los pagos por superficie, como consecuencia de los derechos históricos. Al tomar la renta como referente de la ayuda agrícola, además de incluir a todos los agricultores y ganaderos, con independencia de lo que produzcan y del sector al que pertenecen, pueden integrarse un una sola línea de ayuda las decenas de líneas actualmente aplicadas como complemento a los pagos por superficie y que, teniendo por objeto compensar la renta en realidad, son otro factor adicional de complejidad.

Una retribución más justa para los productores.

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Joaquín Olona en la presentación del nuevo plan «Calidad y Origen» de Carrefour y de su alianza con Granja Virgen del Rosario. Zaragoza, 7 de febrero de 2017.

Siendo absolutamente imprescindible la ayuda pública a la agricultura, no hay que olvidar que la principal componente de la renta agraria procede del mercado. Tampoco conviene olvidar que mal puede repartirse un valor que antes no se haya creado,

Siendo la gran distribución el agente con más incidencia en el consumo final, resulta evidente su relevancia en la consecución de una retribución más justa para los productores. Es en relación con este objetivo fundamental que la distribución también debe participar en el debate para conseguir una Política Agrícola Común (PAC) más sencilla, justa y eficaz que también debe ser coherente con la realidad de los mercados.

El papel de la distribución resulta determinante para que los productos agroalimentarios locales y regionales también lleguen a todos los mercados donde sean apreciados, no como simples mercancías sino como alimentos  depositarios de valores territoriales, culturales, sociales y ambientales que, entre todos, debemos poner en valor.

Agricultura y biodiversidad.

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Joaquín Olona en el día mundial de los humedales. Finca Agrícola San Miguel de Belver de Cinca (Huesca). 2 de Febrero de 2017.

Es preciso crear conciencia acerca de la fuerte vinculación que, en nuestro contexto geográfico, existe entre las actividades agrarias, la biodiversidad, la conservación y la protección del medio ambiente. Esta vinculación es particularmente significativa en las Zonas de Especial Conservación de las Aves (ZEPA’s) así como en los Lugares de Interés Comunitario (LIC’s) que configuran la Red Natura 2000. Esta red, de ámbito europeo es la apuesta más importante a escala mundial en favor de la biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad es una amenaza mundial siendo imprescindible adoptar nuevas fórmulas y herramientas para detenerla. Es necesario empezar por reconocer el fracaso, en términos de resultados  netos, derivado de las acciones aplicadas durante las últimas décadas de enfoque esencialmente científista.

Los Contratos de Custodia del Territorio, gestionados por Seo-BirdLife,  están demostrando su interés y utilidad para mejorar la integración ambiental de la agricultura, incluida la de carácter más competitivo, con el propósito de lograr buenos resultados en términos de biodiversidad al tiempo que también se mejora el rendimiento económico y social.