Ponencia de Joaquín Olona en la XVII Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón. Huesca, 14 de octubre de 2015.

Salvo excepciones puntuales, la escasez de agua en la cuenca del Ebro no es consecuencia del uso abusivo e insostenible sino de la insuficiente dotación de infraestructuras de regulación y transporte. Esta insuficiencia tampoco obedece a razones de sostenibilidad sino que más bien es consecuencia de una política que propicia el conflicto y la confrontación más que el diálogo y el acuerdo. Es preciso saber y admitir que sin obras de regulación no tendremos agua con la seguridad física y jurídica que necesitamos.

Sin cuestionarla, debe aceptarse que la modernización de regadíos no ahorra necesariamente  agua en el conjunto de la cuenca. Aunque aumenta la eficiencia de riego en parcela, la intensificación productiva imprescindible para rentabilizar las elevadas inversiones exigidas por la modernización tiende a aumentar el consumo de un recurso que no nos falta.

El enfoque de la vigente política de regadíos, exclusivamente basada en el ahorro de agua, es completamente desacertada en la cuenca del Ebro y debe reorientarse si queremos  ser coherentes con la realidad y con nuestros propios intereses económicos, sociales y ambientales.

La política de regadíos exige innovarse para avanzar teniendo en cuenta que:

• Los recursos financieros públicos son insuficientes para  atender incluso las necesidades más prioritarias si se mantiene el marco vigente, que nunca ha permitido avanzar al ritmo deseable.
• Las ayudas públicas deben aplicarse en la forma y cuantía que sirvan para incentivar el desarrollo de proyectos rentables, no para sacar adelante los que no lo son y que terminan perjudicando al sector.
• Evitar costes de inversión en modernización y creación de regadíos excesivos y desproporcionados, que se han generalizado de forma preocupante.
• No sólo deben modernizarse las infraestructuras de riego, también deben hacerlo las comunidades de regantes, que no sólo deben atender al uso eficiente de los caudales sino a la calidad de las masas de agua.
• Fortalecer las comunidades de regantes, que deben desempeñar un papel técnico, administrativo y financiero más activo y directo en el desarrollo de los proyectos.
• Un nuevo papel para la administración pública de modo que su apoyo de sea eficaz.

La política de regadíos exige innovar la política y la gobernanza del agua de modo que:

• Integre de forma más realista y coherente las políticas agrícola y energética.
• Integre de forma equilibrada la política hidráulica (oferta) abandonando enfoques exclusivamente basados en la gestión de la demanda (ahorro).
• Diferencie entre escasez física (ausencia de agua) y económica (insuficiencia de infraestructuras).
• Considere que el agua es un bien de naturaleza económica común y que el logro de la eficiencia exige instituciones distintas del mercado y del Estado.
• Potencie las comunidades de usuarios  que son a su vez, si se les dota de los incentivos adecuados, la clave para garantizar  la gestión pública del agua, evitando su privatización y asegurando de la participación efectiva y responsable de los usuarios.
• Incentive el uso eficiente de los caudales al tiempo que la protección de la calidad de las aguas (eco-eficiencia).
• Aplique definitivamente las reglas de juego comunitarias donde las exigencias conviven con las excepciones debidamente justificadas.

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