La PAC, amenazada.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La Política Agrícola Común (PAC), la única política verdaderamente comunitaria y la que más ha contribuido a la construcción europea, afronta graves amenazas. No es un problema de presupuesto. Tampoco de exceso de burocracia. Lo es  de inmovilismo del sector así como de falta de convicción política para establecer objetivos concretos e impulsar la reforma en profundidad que se necesita.

No es de extrañar que la PAC se vea amenazada cuando es la propia la Unión Europea quien peligra. A los excesos del neoliberalismo  han venido a sumarse los del nacionalismo, los del populismo, los de la antiglobalización y los del proteccionismo. Movimientos todos ellos que, aun situándose en posiciones ideológicas incluso antagónicas, coinciden en frenar el avance hacia la unión política de los estados europeos.  Unos porque anteponen el mercado, incluido el financiero, a cualquier otra institución y no valoran otros beneficios distintos que los comerciales. Otros porque tan sólo ven en las instituciones europeas un escenario desde el que mostrarse ante sus partidarios defendiendo cualquier cosa salvo los intereses del conjunto de los europeos.

La reciente Reforma de la PAC, la de 2014,no sólo a fracasado sino que ha aumentado todavía más las diferencias de su aplicación entre los diferentes estados de la UE. Con el aparente propósito de avanzar hacia la convergencia entre beneficiarios  lo que se ha producido en la práctica es una mayor divergencia entre los estados miembros, que han acrecentado sus diferencias en la aplicación  de la PAC. Con ello han aumentado los riesgos de lo que, sin duda, es la principal y más grave amenaza de la PAC: su renacionalización.

La completa renacionalización de la PAC, y consiguiente desaparición, es tan improbable, al menos a medio plazo, como la extinción de la Unión Europea. Sin embargo no lo es tanto que la PAC sufra una renacionaización parcial por la vía del aumento significativo de la tasa de cofinanciación nacional. Ya hay quienes defienden que las ayudas directas del Primer Pilar de la PAC, actualmente con cargo exclusivo al presupuesto comunitario, pasen a confinanciarse por los estados miembros. Tampoco faltan quienes, con el propósito de potenciar el desarrollo rural del Segundo Pilar ya cofinanciado por los estados miembros, apuestan por el trasvase de fondos entre pilares, del Primero hacia el Segundo.

Pero la amenaza más grave y preocupante de la PAC radica en el inmovilismo del propio sector unido a la falta de impulso político para abordar la reforma en profundidad que necesita. Porque la reciente Reforma de 2014, y su apuesta por el statu quo,  ha demostrado su fracaso. El sistema de ayudas directas desacopladas de la producción, basadas en derechos históricos, distribuye el apoyo de forma injusta, sus resultados económicos, sociales y ambientales son cuestionables al tiempo que difícilmente verificables. A todo ello hay que añadir los problemas y costes que se derivan de la complejísima gestión de su implementación y control.

No sólo es imprescindible mantener el apoyo público a la agricultura. Lo es que siga abordándose a escala europea mediante una nueva PAC. Porque es la manera más efectiva para evitar que la alimentación segura y asequible de la que disfrutamos en el mundo desarrollado sea a costa exclusiva de los agricultores. También para que nuestra sociedad siga disfrutando de otros muchos bienes públicos asociados a las actividades agrícolas y ganaderas pero que no son remunerados por el mercado, Entre ellos la biodiversidad que pretende proteger la Red Natura 2000, la acción de conservación más ambiciosa y a mayor escala jamás abordada en el mundo.

Ver propuesta de Reforma

Alimentar a la población no es el reto, lo es hacerlo de forma sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de marzo de 2017.

Contamos con recursos naturales y tecnológicos más que suficientes para garantizar  el reto alimentario global derivado del crecimiento demográfico y, sobre todo, de la reducción de la pobreza. El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Politécnica Huesca

Toma de posesión del Prof. Dr. D. Francisco Javier García Ramos como Director de la Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza). Huesca, 1 de marzo de 2017.

La sostenibilidad agroalimentaria, en su tripe dimensión, exige a) mejorar la formación y el asesoramiento de los agricultores; b) reducir las brechas de género, productividad del trabajo y renta; c) reducir la contaminación asociada al nitrógeno y al fósforo, las emisiones de óxido nitroso, metano y amoniaco, el uso de antibióticos, biocidas y de moléculas persistentes así como el impacto sobre la pérdida de biodiversidad.

Es necesario que las universidades y los centros de investigación generen conocimientos en los que fundamentar soluciones técnicas y políticas para los problemas agroalimentarios. Pero también es necesario que estos problemas se formulen al mundo académico y a los investigadores.

Es preciso recuperar la formación profesional para formar los agricultores que necesitan las explotaciones familiares, contribuyendo también con ello a dignificar la profesión de agricultor. También se necesita reinventar la extensión agraria mediante un sistema de asesoramiento y transferencia útil para los agricultores, que responda a sus intereses y contribuya a mejorar sus rentas.

Es imprescindible garantizar la gestión eficiente de los subproductos, desechos y residuos agroalimentarios, particularmente de los generados por la ganadería intensiva, en el nuevo marco de la economía circular. También se necesita aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias con el propósito de generar más valor añadido y, con ello, la productividad del trabajo de la que dependen las rentas y los salarios.

Pero casi nada de lo anterior puede lograrse sin reformar la PAC en profundidad puesto que las ayudas, sobre todo las ayudas directas del Primer Pilar, determinan de forma decisiva el comportamiento de los agricultores.

Durante los últimos 50 años las ciencias agrarias han contribuido de forma determinante al espectacular crecimiento de la productividad de la tierra y del ganado. Estas ciencias también se muestran muy sensibles a los retos ambientales que afronta la agroalimentación. Sin embargo, la contribución académica y de la investigación sigue siendo muy escasa a la fundamentación, análisis y evaluación de las políticas, particularmente del Primer Pilar de la PAC. Una política, la agraria, que habiendo contribuido con eficacia a la seguridad alimentaria y favoreciendo la integración ambiental en beneficio de la sociedad todavía no ha logrado equiparar la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos.

Innovar para luchar contra la contaminación orgánica persistente.

Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de marzo de 2017.

La acumulación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) al norte de la Comunidad Autónoma de Aragón, procedentes de la actividad de una antigua fábrica de lindano, es un condicionante potencial de la calidad del agua de la cuenca del río Ebro y representa un grave riesgo para la salud humana y los ecosistemas.

Modelo de la molécula del hexaclorociclohexano (HCH) o lindano.

El lindano, el isómero comercial del hexaclorociclohexano (HCH), también denominado γ-HCH, es decir, gamma HCH, ha sido uno de los pesticidas más usados en todo el mundo en épocas recientes. A causa de su peligrosidad y persistencia en el medio ambiente, el lindano y varios isómeros del HCH han sido incluidos en la lista de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo.

La fábrica de INQUINOSA sintetizó lindano desde 1975 hasta mayo de 1989 y cesó su actividad de comercialización definitivamente en 1992. Durante este periodo se estima que produjo más de 150.000 t de residuos con alto contenido en HCH y otros compuestos organoclorados. No en vano, por cada kg de lindano producido, se generaron aproximadamente 10 kg de residuos peligrosos.

Los residuos de la producción de lindano, en forma de polvo y de líquido, se vertieron en el vertedero de Sardas de forma incontrolada y posteriormente en el vertedero de Bailín de forma prácticamente incontrolada. Este mismo problema existe en otros muchos lugares del mundo. A causa de diferentes razones, como los grandes volúmenes vertidos o la singularidad geológica de los emplazamientos, el caso de Aragón presenta un especial interés, por lo que su resolución resulta de gran utilidad para lograr las innovaciones tecnológicas e institucionales que exige un problema de naturaleza global.

El Gobierno de Aragón, que acumula una experiencia técnica, administrativa y política de 25 de años en la lucha contra el lindano en la que se llevan invertidos 54 M€, propone a las instituciones y a la sociedad en general, que contemplen su ambicioso objetivo de acabar con el problema como una acción piloto a través de la que generar valor añadido comunitario y contribuir al crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible.

La acción del Gobierno de Aragón supone también un ambicioso reto financiero en la medida que es preciso afrontar una inversión total de 550 millones de € durante los próximos 25 años, que es 10 veces lo invertido durante los últimos 25 años. Un esfuerzo que el Gobierno de Aragón no puede asumir en solitario. El apoyo de las instituciones europeas y españolas al proyecto se justifica por la complejidad del problema, por las garantías que ofrece la Comunidad Autónoma, así como por la importancia potencial de los beneficios económicos, sociales y ambientales de las experiencias y soluciones que pretenden implementarse en Aragón y que podrán transferirse a escala global.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, ha elaborado el Plan integral de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón (Versión de diciembre de 2016 conforme al  mandato de las Cortes de Aragón de noviembre de 2015.

Reenfocar la política de biodiversidad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Los escasos resultados logrados durante los últimos 30 años en materia de biodiversidad obligan a cuestionar  la política aplicada. Porque, además, ninguna política pública debe basarse exclusivamente en criterios científicos ni en prácticas tecnocráticas.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), que es objeto de una gestión diferenciada y ejemplar con relevancia a escala europea, es la única especie protegida que ha mejorado en Aragón.

La biodiversidad es la variedad de ecosistemas, hábitats y especies que nos rodea y que nos proporciona alimento, agua, aire limpio, abrigo y medicamentos; atenúa las catástrofes naturales, las plagas y enfermedades, contribuye a regular el clima y nos presta servicios ecosistémicos en provecho de nuestra economía.

La Directiva de Hábitats, junto con la Directiva de Aves son el núcleo de la política europea para frenar la pérdida de biodiversidad, que es una de las amenazas más graves que sufre el Planeta. La creación de la Red Natura 2000 supone la iniciativa  más ambiciosa, y a mayor escala jamás emprendida en el mundo, para conservar el patrimonio natural europeo y sus ecosistemas.

La Estrategia Europea de Biodiversidad (1) asume el fracaso  de las políticas europeas de conservación de la biodiversisdad de las últimas décadas. La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (2) señala que «el estado general de las especies y los hábitats protegidos no ha mejorado de forma significativa en los últimos seis años».

Sin embargo, no se rectifica el enfoque político, sino que se apuesta por su profundización, insistiendo en idénticas convicciones y paradigmas que los que están propiciando la falta de resultados. Fundamentalmente, los enfoques holísticos, basados en el establecimiento de amplios catálogos de especies amenazadas e implementación de planes de conservación o recuperación  fundamentados en criterios exclusivamente científicos y con escasa o nula participación de los territorios sobre los que pretenden aplicarse. Ante esta discutible opción, es necesario abordar líneas de actuación complementarias y alternativas -en ningún caso contradictorias- a la anterior pero orientadas a la obtención de resultados prácticos.

Para lograr que la biodiversidad cuente con una verdadera política pública, y que esta sea eficaz, resulta imprescindible someterla a criterios políticos, ajustados a razones prácticas y fundamentados en conocimientos técnicos y científicos solventes, ampliamente aceptados, Porque, en democracia, la política es la vía para priorizar la asignación de recursos.

La recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus): un proyecto especialmente destacable a escala europea (3).

La política de biodiversidad  estatal y autonómica debe empezar por asumir y coordinar con más acierto sus respectivos ámbitos competenciales, comprender mejor la escala europea del desafío y atender, además, a los tres principios básicos siguientes:

  1. Vincular la política ambiental al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas, tal y como señala el artículo 45 de la Constitución Española.
  2. Reconocer la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad intensificando su vinculación con el desarrollo social y económico así como con la salud y el bienestar de las personas, tal y como señala el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
  3. Promover y articular la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios en los beneficios que se deriven de las actividades de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad llevadas a cabo en los mismos, tal y como establece el apartado k) del artículo 2 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

(1) COM(2011) 244 final. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. 

(2) COM(2017) 63 final. Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados.

(3) Proyecto Life+ Iberlince

 

Debatir estratégicamente sobre la PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Siendo importante el presupuesto de la PAC, lo es todavía más concretar el propósito al que pretende aplicarse. Un propósito que debería centrarse en aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura, tal y como señala el artículo 39 del Tratado de la U.E. pero sin que hasta ahora se haya conseguido.

 

De cara al debate sobre el futuro de la PAC en en Consejo Europeo de Ministros de Agricultura del próximo 6 de marzo, el Presidente ha propuesto seis prioridades iniciales:

1.- Mejorar la capacidad de respuesta a los riesgos relacionados con la meteorología, la salud y la sanidad, los precios y los ingresos, la competitividad y la innovación, la financiación así como con la seguridad alimentaria.

2.- Respuesta a los desafíos medioambientales mejorando la sostenibilidad de la agricultura.

3.- Asegurar el relevo generacional.

4.- Mantener la orientación al mercado logrando el equilibrio entre la apertura de nuevos mercados y la protección de sectores sensibles, fomentando la competencia y mejorando la competitividad de las exportaciones.

5.- Fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

6.- Simplificar, no sólo la legislación de la PAC sino también su aplicación y control.

Sin cuestionar la pertinencia de las prioridades mencionadas, tal y como la Ministra García Tejerina ha manifestado, no hay que olvidar que el Tratado de la U.E. atribuye a la PAC el objetivo de mejorar la renta de los agricultores. Efectivamente,  el artículo 39 del Tratado habla del «aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura»un objetivo todavía pendiente de alcazar puesto que la renta de los agricultores sigue siendo la mitad que la del resto de los europeos, lo mismo que hace cincuenta años.

El aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura debería ser, por tanto, un objetivo central y explícito de la PAC cuyo futuro, felizmente, ya se debate en términos estratégicos y no exclusivamente en clave presupuestaria. Porque siendo importante el presupuesto, lo es todavía más el propósito al que pretende aplicarse.

Que España participe activamente en el debate estratégico sobre el futuro de la PAC, influyendo significativamente en su próxima reforma, resulta del máximo interés para la defensa de los intereses de los españoles. A ello contribuye participar en la consulta pública impulsada por el Comisario Phill Hogan sobre la «Modernización y Simplificación de la PAC». Pero contribuirá mucho más, sin duda, la Conferencia que, sobre el futuro de la PAC, promueve la Ministra García Tejerina y organiza, en Madrid, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los días 27 y 28 de marzo próximo.

Profundizar en el marketing del vino.

Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de febrero de 2017.

El vino forma parte de la dieta mediterránea y, bebido con moderación por adultos sanos, es bueno para la salud.

Presentación de la nueva imagen de Bodegas Laus. Zaragoza, 23 de febrero de 2017.

La vitivinicultura forma parte de nuestra economía agroalimentaria al tiempo que configura un recurso turístico de primer orden. En torno al vino hay todo un patrimonio cultural del que disfrutar y que es preciso proteger y cuidar.

Son las emociones vinculadas al vino y su cultura lo que ha hecho que sea apreciado en todos los rincones del mundo. Es por ello que el vino se ha convertido en uno de los mejores embajadores de los territorios donde se produce.

 

Es preciso profundizar la atención especializada a los diferentes segmentos del mercado del vino, en particular al público de edades comprendida entre 25 y 39 años, que concentra un tercio del consumo mundial, así como al consumo en el hogar, que presenta una tendencia creciente según los estudios de mercado.

Mejorar la renta, no sólo los kilos por hectárea.

Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de febrero de 2017.

En Aragón se ha conseguido multiplicar por diez el rendimiento del maíz durante  los últimos 50 años pero, sin embargo, no se ha conseguido mejorar la renta de los agricultores que, como en el resto de España y de la Unión Europea sigue siendo la mitad que la del resto de los ciudadanos.

inauguración de la jornada ‘Agrícola Café Maíz 2017’, organizada por Editorial Agrícola Española, en colaboración con la Cooperativa de Zuera (21 de febrero de 2017).

En el maíz sucede como en el resto de cultivos, de poco le sirve al agricultor aumentar los rendimientos por hectárea si no mejora la productividad de su trabajo y, consecuentemente, su renta. Una forma de conseguir ese reto, prioritario en la política agraria del Gobierno de Aragón, es mejorando la formación de los agricultores y apostando por la generación de conocimientos y su transferencia. No necesariamente para producir más kilos por hectárea o cabeza de ganado sino más valor añadido en favor de los consumidores y, también, del propio agricultor. Todo ello sin olvidar otras herramientas como son el regadío así como la cooperación y la acción colectiva en los diferentes ámbitos de la producción, la transformación y la comercialización.

Tampoco es suficiente con que el conjunto del sector agroalimentario genere más valor añadido, que resulta esencial para la contribución a la generación de riqueza y al empleo de calidad. Es imprescindible que el aumento del valor añadido también se produzca en las propias explotaciones agrícolas. Porque la productividad del trabajo, que no es otra cosa que el el valor añadido (bruto) por unidad de trabajo, determina la renta.

Es la baja productividad del trabajo agrícola, causada sobre todo por los bajos precios de mercado y las deficiencias estructurales del sector, la causa de las bajas rentas agrícolas. Es por ello que la política agraria, que todavía no ha logrado la equiparación de las rentas de los agricultores con las del resto de los ciudadanos ni tampoco su estabilización, debe poner mucha más atención en la mejora estructural así como en la compensación de las rentas teniéndolas expresamente en cuenta. Todo ello admitiendo de una vez que la intervención pública de los precios y mercados no es posible ni, seguramente, deseable.

 

Recuperar el espíritu de la extinta Extensión Agraria.

Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de febrero de 2017.

La extensión agraria, eufemísticamente denominada «asesoramiento» en Europa, es imprescindible para el desarrollo de la agricultura del conocimiento, que es la que tiene la respuesta a los retos de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad y el medio ambiente.

Clausura de la jornada de presentación de los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa orientados a vertebrar un sistema de asesoramiento agroalimentario. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Las potencias agrícolas como Estados Unidos, Canadá o Australia concentran buena parte del apoyo público a su agricultura en la generación de conocimiento y su trasferencia a los agricultores. La propia PAC vigente obliga a los estados miembros a poner a disposición de los agricultores un sistema de asesoramiento. Este sistema, que en Aragón se está poniendo en marcha en un marco que apuesta por la innovación institucional, pretende ser la extensión agraria del siglo XXI. Un sistema descentralizado que, dotado de un importante apoyo público, también se pretende que esté protagonizado por los agricultores como vía más segura para que redunde en su beneficio, que debe concretarse en la mejora de sus rentas.

La agronomía y los agricultores han logrado resultados espectaculares en la mejora de los rendimientos agrícolas y, con ello, en el aumento de la productividad de la tierra. Durante los últimos cincuenta años los rendimientos por hectárea del maíz, por ejemplo, se han multiplicado por diez. Sin embargo, la renta de los agricultores sigue siendo, como hace cincuenta años, la mitad que la del resto de los españoles y de los europeos. Este refleja el fracaso social de la política agraria, que debería poner ahora un especial énfasis en la mejora de la renta, tanto en su elevación como en su estabilización, a través de la productividad del trabajo.

La experiencia internacional demuestra que la transferencia de conocimiento no es viable sin apoyo público y que en países donde se ha privatizado completamente, como es el caso de Reino Unido, se observa que las empresas desatienden a los agricultores redirigiendo su actividad hacia objetivos más lucrativos. Porque es preciso reconocer que un asesoramiento estrictamente privado sea fiable y viable , sobre todo cuando se refiere a recursos e impactos públicos o comunes tales como el agua, el genoma, la contaminación difusa, las plagas, el clima o los ciclos geoquímicos.

Por otro lado, a medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados a través de las patentes, los procesos de transferencia se privatizan con cargo directo o indirecto a los agricultores. Sin embargo, en este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por intereses no siempre compatibles ni coherentes con los de los agricultores.

Consecuentemente, deben ser los propios agricultores quienes se involucren en la configuración de un sistema de asesoramiento que redunde en su beneficio. Un sistema que supone un reto institucional de primer orden que, en Aragón, está impulsando el propio Gobierno y que cuenta con el apoyo del sector tal y como de manifiesto los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Dos proyectos que, financiados por la medida de cooperación del Programa de Desarrollo Rural gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, suponen una importante contribución al desarrollo y configuración del sistema de asesoramiento que la agroalimentacion aragonesa necesita.

La apuesta agrícola brasileña.

Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de febrero de 2017.

Brasil es un actor importante en los mercados agrícolas internacionales, siendo el tercer exportador de productos agrícolas sólo por detrás de la Unión Europea y Estados Unidos. La agricultura representa el 5,6 % del PIB y el 13,7% del empleo brasileño.

Tras la eliminación de sus políticas de sustitución de importaciones, Brasil ha pasado de gravar fiscalmente su sector agrícola en los años ochenta y noventa a proporcionar un nivel moderado de apoyo a sus agricultores. El Apoyo Estimado al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) alcanza un valor del 2,6% del valor de mercado de la producción frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. ​​Como resultado, la actividad agrícola ha crecido significativamente en las últimas tres décadas. Debido a las mejoras de productividad, la producción agrícola se ha duplicado y la producción ganadera se ha triplicado desde 1990.

En la política agrícola brasileña intervienen dos ministerios distintos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Adquisiciones (MAPA) se centra en la agricultura comercial, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se dirige a la agricultura familiar. Gestionan, fundamentalmente, tres instrumentos destinados a hacer frente a la volatilidad de los precios y los ingresos como son el crédito rural, los precios mínimos garantizados y subvenciones a las primas de los seguros agrícolas.

1.- El crédito rural es la principal fuente de apoyo gubernamental para los agricultores tanto comerciales como familiares. El Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) concede préstamos a los agricultores a tipos de interés preferentes mediante la intervención en el sistema financiero. Los bancos brasileños están obligados a utilizar al menos el 34% de sus depósitos para préstamos a actividades agrícolas a un tipo de interés inferior al precio de mercado. Con el fin de garantizar estos préstamos preferentes, el gobierno puede compensar a los bancos mediante el pago (una parte de) los costos de reducción de la tasa de interés.

El gobierno brasileño fomenta la producción de biocombustibles y de etanol a través de estos instrumentos aplicados al cultivo de semillas oleaginosas y de azúcar. El consumo de biocombustible también se ha promovido a través de la reducción de impuestos para los propietarios de automóviles que funcionan con combinaciones de etanol y diesel.

Estos programas de crédito se han expandido considerablemente en los últimos años, alcanzando los 76.000 millones de dólares en 2014. De esta cantidad, el 87% se destinó a la agricultura comercial, mientras que sólo el 13% se destinó a fincas familiares. Se estima que las subvenciones para esta provisión de crédito alcanzaron los 10.000 millones de dólares durante 2014.

2.- Los precios mínimos garantizados también continúan siendo un pilar importante de la política agrícola brasileña y tienen como objetivo proteger a los agricultores contra la caída de los precios de mercado. 

Para la agricultura comercial, este apoyo de precios es distribuido regionalmente por la CONAB a través de la PGPM (Política de Garantía de Precios Mínimos) incluyendo compras directas del gobierno y el apoyo financiero al almacenamiento. Los instrumentos dirigidos a los precios de los pequeños agricultores también incluyen el Programa de Aquisición de Alimentos (PAA) y los programas de precios mínimos (PGPAF).La CONAB también compra directamente los productos agrícolas de las explotaciones familiares a precios de mercado y los distribuye como parte de los programas de alimentos o los utiliza para reponer sus existencias de alimentos. 

Los instrumentos de garantía de precios cubren más de treinta cultivos, incluyendo algodón, maíz, arroz, soja y trigo, pero también cultivos regionales como açaí, yuca, frijoles, guaraná, sisal y algunos productos ganaderos como leche y miel. Algunos ejemplos de precios de apoyo por tonelada incluyen 231 dólares para el trigo, 128 dólares para el maíz y 224 dólares para el arroz en 2015. Para financiar estos instrumentos, el gobierno brasileño gastó 2.500 millones de dólares en medidas para la agricultura comercial y 516 millones de dólares para la agricultura familiar en 2014.

3.- El apoyo a los seguros combinados y de rendimiento tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones en los ingresos de los agricultores a través de 4 programas principales que pagan una parte de la prima del seguro de los agricultores o compensan por pérdidas de producción causadas por desastres naturales.Para las fincas comerciales, el MAPA gestiona el Programa de Garantía Agraria (PROAGRO) y el Programa de Subvención para el Seguro Rural (PSR).

El programa general del PROAGRO está diseñado para ayudar a los productores que tienen problemas para financiar su crédito rural debido a las pérdidas de ingresos causadas por desastres naturales y enfermedades. Los agricultores pagan una prima a este programa basado en diferentes indicadores (el tipo de cultivo, la tecnología aplicada, el área de producción, etc.). Cuando el MAPA valora pérdidas de cosecha significativas, los agricultores quedan exentos de las obligaciones financieras sobre su crédito rural.

El programa rural de PSR subsidia las primas que las explotaciones comerciales tienen que pagar a las compañías de seguros autorizadas por el MAPA. Las contribuciones estatales dependen del tipo de cultivo y varían entre el 40% (para el ganado, la silvicultura y la acuicultura) y el 70% (para el frijol, el trigo y el maíz).

La agricultura a pequeña escala cuenta el seguro de la agricultura familiar (PROAGRO-MAIS / SEAF) y el programa Garantía-Safra, GS. El PROAGRO-MAIS, también llamado SEAF, forma parte del programa PROAGRO y también protege a los agricultores contra la pérdida de ingresos como consecuencia de fenómenos naturales. Cuando las pérdidas de los pequeños agricultores que participan en este programa superan el 30% de los ingresos esperados de los cultivos, están exentos de pagar sus obligaciones financieras del crédito rural. Este apoyo se limita a un máximo de 660 dólares por agricultor. Además, el gobierno subsidia el 75% de la prima del programa. Las explotaciones familiares situadas en áreas específicas de las regiones del Noreste y Sureste de Brasil pueden participar en el programa de GS, que permite a los agricultores que  pagan una cantidad fija de 225 dólares al año pueden recibir compensaciones si sus pérdidas registradas en la producción de frijol, yuca, algodón, maíz o arroz son superiores al 50%.

En 2014, los productores agrícolas comerciales recibieron 645 millones de dólares en subsidios de seguros a través del programa general de seguros y 300 millones de dólares a través del programa de seguros rurales. El apoyo a las explotaciones familiares de pequeña escala bajo el programa PROAGRO-MAIS-SEAF superó los 1.300 millones de dólares.

 

Australia, un referente en la competición agroalimentaria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

El crecimiento de la productividad ha sido fundamental para la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas australianas. Ha sido crucial para el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones  así como para el impulso del crecimiento de la producción agrícola australiana, que representa el 2,5% PIB y  el 2,8 % del empleo. La productividad total de los factores (PTF) ha aumentado a un ritmo del 1,6% anual entre 2003 y 2012, habiéndose aproximado al promedio de la OCDE.

En julio de 2015, el Gobierno australiano publicó el «Libro Blanco» de la competitividad agrícola, que  es la guía para el desarrollo de la política agrícola australiana. Una política que pretende aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas así como la contribución de la agricultura al crecimiento económico, al comercio, a la innovación y a la productividad.

Australia, que es la 12ª economía más grande del mundo, es un importante productor agrícola y tiene un excedente considerablemente grande que destina a la exportación. La agricultura australiana, fuertemente orientada al mercado, consume una proporción elevada de los escasos recursos hídricos de Australia. Esta escasez de agua, que se acentuará por el cambio climático, es el principal factor que limita la expansión agrícola. La agricultura es también la fuente dominante de metano y óxido nitroso, emitiendo alrededor del 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Australia.

El apoyo a los agricultores australianos se ha reducido continuamente desde niveles relativamente bajos en 1986-88 hasta el actual 1,3% en términos del indicador PSE de la OCDE que mide la ayuda pública total como porcentaje del valor de mercado de la producción. Se trata del segundo valor más bajo de la OCDE, después de Nueva Zelanda. El apoyo total a la agricultura (TSE) fue equivalente al 0,1% del PIB en los últimos años y el apoyo general a los servicios (GSSE) representa la mayor parte del apoyo total, con los principales elementos de financiación del Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola y el desarrollo de infraestructuras, que representan respectivamente el 58% y el 31% del GSSE.

Las reformas han llevado a precios internos alineados con los precios mundiales, y el Apoyo a los Precios del Mercado (MPS) es cero. La proporción de apoyo que distorsiona potencialmente el mercado se ha reducido del 86% del PSE en 1986-88 al 7% en 2013-2015. Al mismo tiempo, el apoyo agrícola se ha desplazado hacia pagos directos más específicos y la proporción de servicios generales en el apoyo total ha aumentado del 6% al 58%.

Con un bajo nivel de apoyo directo del gobierno a los agricultores y ningún esquema permanente de subvenciones agrícolas, los programas financiados con cargo al presupuesto se utilizan principalmente para el ajuste estructural, la asistencia temporal durante las sequías y para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.

Dado que los agricultores australianos se enfrentan ocasionalmente a condiciones climáticas extremas (como ciclones, incendios forestales, tormentas de granizo, inundaciones y sequías), la política agrícola australiana se centra principalmente en la gestión de riesgos y catástrofes implementados por los gobiernos central y locales. Si bien la mitad del presupuesto agrícola se destina también a apoyar los servicios generales, la conservación del medio ambiente y los programas de I + D, los principales instrumentos políticos de prevención de pérdidas graves de ingresos para los agricultores consisten en asistencia en casos de desastre y exenciones fiscales.

Los Acuerdos de Socorro y Recuperación por Desastres Naturales (NDRRA, por sus siglas en inglés) configuran un marco que reembolsa parcialmente a los agricultores que sufren daños por desastres naturales (excluidas las sequías)  Los reembolsos suelen cubrir el 50% de las pérdidas y se activan para «pequeños desastres» si el daño en un estado excede los 170 000 dólares y para «eventos de impacto severo» si son aprobados por el Primer Ministro australiano.

En 2014, se introdujeron medidas de asistencia adicionales a través del Acuerdo Intergubernamental sobre la Reforma del Programa Nacional de Sequía entre los gobiernos federal, estatal y territorial. Este nuevo enfoque reemplazó los acuerdos existentes para las sequías, centrándose en las diferentes causas de dificultad financiera para los agricultores. En particular, se creó el programa de ayuda familiar para proporcionar  apoyo a los agricultores que experimentan dificultades financieras, independientemente de sus razones (por lo que no se limita a los desastres naturales). Los reembolsos de este programa no dependen de los factores desencadenantes, sino que dependen de la situación  financiera de cada explotación,que es evaluada expresamente.

En 2014, el gobierno australiano gastó 157 millones de dólares en programas de asistencia a desastres y 308 millones en concesiones fiscales. En conjunto, estos programas representan más de la mitad del presupuesto total de apoyo a la agricultura, que es de 830 millones de dólares.

El Acuerdo Intergubernamental de 2014 también introdujo concesiones fiscales a los productores agrícolas facilitando el acceso de los agricultores al Esquema de Depósitos de Gestión Agropecuaria, cuyo objetivo es suavizar las fluctuaciones de los ingresos de los agricultores y mejorar su seguridad financiera a largo plazo. El importe mínimo de estos depósitos es de 700 dólares sin que puedan superar los 285.000 dólares, quedando exento de varias obligaciones tributarias. También se amplió el Plan de Préstamos Concesionales de Finanzas Agropecuarias, otorgando préstamos  adicionales con tasas de interés subvencionadas en varios estados. Estos préstamos pueden utilizarse para reestructurar la deuda, para financiar los gastos de funcionamiento y para las actividades de recuperación de sequías. Por último, también se ofrecen incentivos fiscales para promover inversiones y sistemas de producción sostenibles.

Los programas de investigación y desarrollo (I + D) son una componente importante del apoyo a la agricultura australiana. Las corporaciones rurales de investigación y desarrollo (RDCs) son el principal vehículo del gobierno australiano para apoyar la innovación rural y estimular el crecimiento de la productividad agrícola. Los CDR son una alianza entre el gobierno y el sector creada para compartir la orientación de la financiación y la dirección estratégica para la I + D agrícola, la inversión en I + D y la posterior adopción de los productos de I + D. Un sistema de gravámenes prevé la recaudación de las contribuciones de los agricultores para financiar los CDR y el Gobierno de Australia proporciona la contrapartida para los gravámenes.

Australia tiene una protección arancelaria insignificante en las importaciones de productos agrícolas y alimentos, y su política de comercio agrícola se dirige hacia la apertura del mercado mediante acuerdos comerciales multilaterales, bilaterales y regionales. Cuenta con diez ALC completos vigentes, tanto regionales como bilaterales, con Nueva Zelanda (ANZCERTA 1983), Singapur (SAFTA 2003), Tailandia (TAFTA 2005), Estados Unidos de América (AUSFTA 2005), Chile ), El Área de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA 2010), Malasia (2013), República de Corea (KAFTA 2014), Japón (JAEPA 2015) y China (ChAFTA 2015).

El principal acontecimiento en la política comercial australiana fue la firma del acuerdo de la Asociación Transpacífica (TPP) entre Australia y otros 11 miembros en febrero de 2016.