Por Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de noviembre de 2020.

La PAC post-2020, todavía por configurar en sus aspectos prácticos, supondrá con toda seguridad cambios sustanciales en la política agraria española. Incluso, a pesar de la persistencia de quienes apuestan por el estatus quo que tanto perjudica a la agricultura familiar y a los agricultores profesionales.

El modelo familiar agrario no sólo sustenta, social y territorialmente, nuestro medio rural, sino que es al que se incorporan nuestros jóvenes agricultores por lo que, aunque sólo fuera por ello, ya merecería la máxima prioridad.

Por lo que se refiere al enfoque estratégico de la nueva PAC hay que subrayar la trascendencia que supone regular la exigencia de resultados, en los que deben traducirse los fondos aplicados, en vez de regular las intervenciones. Un reto que está por ver como se aborda también en términos de gestión.

Los resultados deben ser la expresión del logro de los 9 objetivos señalados por la Reforma de la PAC: garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener zonas rurales dinámicas y proteger la calidad alimentaria y sanitaria.

Difícilmente podrán lograrse resultados suficientes, y mucho menos destacables, en relación con ninguno de los objetivos citados, sin una decidida y ambiciosa apuesta por la profesionalidad de los beneficiarios de la PAC en el marco del modelo familiar. La mejora de la integración ambiental de la agricultura, que es como procede leer la ambición ambiental de la nueva PAC desde la política agraria, también requiere de la profesionalidad, por no hablar de la competitividad o del reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

La redistribución de los fondos que debe propiciar la nueva PAC, debe ser tan prudente como para poderse llevar a cabo, como ambiciosa y audaz para favorecer la profesionalidad en su doble acepción de dependencia económica y eficacia de la actividad agraria y eficacia. En este sentido, la concreción de la definición de Agricultor genuino supone uno de los retos más importantes que afronta el Plan Estratégico Nacional en el que debe sustanciarse la aplicación de la Reforma de la PAC en España. Una definición que deberá ser coherente con la directriz comunitaria de que no responden a dicha condición (la de genuino) quienes acrediten unos ingresos agrarios poco significativos en relación con sus ingresos totales.

Sin una definición ambiciosa de agricultor genuino como único destinatario de los pagos directos de la PAC, eco-esquemas incluidos, no sólo se reduciría a mera retórica el apoyo al modelo familiar, sino que impediría el apoyo necesario a la profesionalidad y, consecuentemente, a las condiciones necesarias para el logro de los resultados exigidos.

Estamos ante la oportunidad histórica de que, en España, el presupuesto de la PAC se concentre realmente en el modelo familiar favoreciendo a los agricultores y ganaderos profesionales, que no sólo son los que más dependen de la actividad agraria, sino que son también quienes más necesitan la ayuda y la merecen en función de los objetivos de la propia Reforma. Todo ello, con independencia de los sectores productivos, de los territorios y de las modalidades de ayuda. No solo es una cuestión de justicia y de sentido común, sino también de eficacia.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de noviembre de 2020

El pasado 13 de noviembre escribí en un tweet que “Los ecoesquemas de la PAC deben responder a objetivos ambientales, pero no exclusivamente ambientales. También deben garantizar su contribución a la reducción de la brecha de renta agrícola. Porque la PAC debe seguir siendo una política agrícola.” Ese mismo día, alguien para mi tan apreciado y respetado como Tomás García Azcárate, cuya presentación resulta innecesaria cuando se habla de política agraria, con mucha razón escribió otro tweet invitándome a que explicase mejor mi afirmación. Este es el propósito de lo que sigue.

La equiparación de la renta de los agricultores con la del resto de los europeos, desde mi punto de vista, sigue siendo la promesa incumplida de la PAC. Lo afirmo en tanto que dicha equiparación no solo fue uno de los objetivos fundacionales de la PAC, sino que sigue figurando expresamente entre los objetivos que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea asigna a la PAC. Pero, sobre todo, lo recalco porque los agricultores, en términos relativos y tras haberse resuelto el problema del abastecimiento alimentario con máximas garantías de calidad, seguridad y asequibilidad, siguen padeciendo la misma o parecida brecha de renta que sufrían cuando nació la PAC .

La insuficiencia de renta agraria que sufren los agricultores vinculados al modelo familiar es consecuencia de la insuficiencia de los precios en el contexto estructural del propio del modelo de agricultura familiar que encuentra en dicha insuficiencia de renta la principal amenaza para su propia supervivencia frente a un modelo corporativo en expansión que utiliza en su favor, no sólo las economías de escala sino, también, la propia PAC.

La PAC, tras el fracaso de la regulación de mercados y sin que el enfoque estructural haya logrado atacar la raíz de los problemas del modelo familiar, hace más de veinte años que apostó por el apoyo directo a la renta de los agricultores sin que tampoco haya logrado avances significativos en la mejora de la renta de los agricultores profesionales, al menos por el momento. Sin duda, debido a las excesivas adherencias sectoriales que todavía supone la herencia de las extintas Organizaciones Comunes de Mercado donde cada lobby sectorial (cereales, leche, vacuno, vino, etc.) trataba -y sigue tratando- de obtener el mayor trozo de tarta presupuestaria posible. Y sin duda, también, por la paradójica falta de atención a las condiciones socioeconómicas individuales de los beneficiarios, en particular su nivel de renta, dimensión y productividad agrícola y, por tanto, a la falta de atención a la necesidad individual de la ayuda y de la pertinencia para recibirla.

Al distribuir la ayuda pública que supone la PAC con criterios fundamentalmente sectoriales, ya sea directamente mediante pagos acoplados, o indirectamente en base a derechos históricos y criterios territoriales, en absoluto se garantiza que dicha ayuda se concentre en los agricultores profesionales cuya economía familiar más depende de la actividad agraria y, por tanto, más necesitan y merecen la ayuda. Más bien ocurre todo lo contrario: los criterios sectoriales, territoriales y de mercado configuran el escenario idóneo para la práctica de la caza de primas (Rent-Seeking) por quienes menos dependen de la actividad agraria y más alejados están del modelo familiar agrario y de la vida rural.

Sin negar la necesidad de que la PAC contribuya a los objetivos del Pacto Verde europeo, ni de que la agricultura reduzca sus impactos desfavorables, la aplicación de criterios exclusivamente ambientales en la aplicación de la PAC también configuran un terreno propicio para los cazaprimas. Sobre todo, si los servicios ambientales que pretenden remunerarse los produce por sí misma la naturaleza al margen, o con intervención mínima, de los agricultores propiamente dichos.

No todos los servicios ambientales de interés están necesariamente ligados a la actividad agraria, y mucho menos al modelo familiar. El modelo corporativo agroalimentario puede ser incluso mucho más eficaz y eficiente en la producción de tales servicios de manera conjunta a la producción agroalimentaria dejando nuevamente al modelo familiar en condiciones de inferioridad. Pero es que, además, determinados servicios ambientales pueden incluso maximizarse eliminando completamente la actividad agraria propiamente dicha y excluyendo, consecuentemente, a los agricultores. De hecho, la estrategia europea “De la granja a la mesa” establece la necesidad de reducir la superficie cultivada destinando un determinado porcentaje de la misma a fines estrictamente ambientales.

Considero preocupante que se haya renunciado a legitimar políticamente la PAC sobre la base de la brecha de renta que sufren los agricultores profesionales vinculados al modelo familiar. Entendiendo que los argumentos ambientales resulten más cómodos para unos y más prometedores para otros, no deja de ser cuestionable defender una política, la agrícola, con los argumentos de otra, la ambiental. Pero todavía es más inquietante intentar desarrollar una política, la ambiental, con el presupuesto de otra, la agrícola. Y ello en absoluto impide defender las dos al igual que, por ejemplo, defender la sanidad no implica cuestionar la educación. Porque, entre los graves problemas que afronta la Unión Europea también está el de querer liderar la sostenibilidad ambiental en el panorama mundial sin desarrollar una verdadera Política Ambiental Común, es decir, con su correspondiente presupuesto.

En este contexto político y presupuestario, las instituciones comunitarias libran un intenso debate, todavía por resolver, acerca del peso presupuestario que en la PAC post-2020 debe tener cada una de sus dos componentes esenciales: el apoyo directo a la renta[1] y los eco-esquemas, máxima expresión de la justificación ambiental de la PAC. Así, mientras el Consejo de Ministros ha acordado destinar el 20% del presupuesto del Primer Pilar de la PAC a los eco-esquemas, el Parlamento Europeo ha expresado su mayoría en favor del 30%, sabiendo que existen quienes todavía lo consideran insuficiente.

La Reforma de la PAC en curso resulta francamente prometedora en tanto que pone el acento en el apoyo a la renta de los “agricultores genuinos” propiciando con ello la redistribución de la ayuda en favor del modelo familiar y profesional agrario. Falta por ver, sin embargo, que el grueso del apoyo tenga dicho fin evitando que una definición excesivamente laxa de agricultor genuino, a concretar por cada Estado miembro, conduzca a donde condujo la definición del actual “agricultor activo”. Y falta por ver que los ecoesquemas, todavía por concretar en todos sus aspectos estratégicos y operativos garantizando que respondan a objetivos ambientales verificables con verdadero sentido agronómico, no terminen siendo la puerta falsa por la que el grueso de la ayuda termine concentrándose en quienes menos la necesitan, desde el punto de vista de la renta, y menos la merecen desde el punto de vista de la protección y defensa del modelo familiar agrario que sustenta nuestro medio rural.

Siendo una mala noticia que en el debate comunitario el apoyo directo a la renta de los agricultores se trate en oposición  a los ecoesquemas, y viceversa, resulta imprescindible que, además de corregir este desacertado enfoque, la ayuda en forma de ecoesquemas se vincule al modelo agrario familiar y profesional mediante su asignación exclusiva a la nueva figura de agricultor genuino, una vez definida de manera exigente en función de su dependencia agraria en términos de ingresos y de su contribución efectiva a la producción agraria con destino al mercado.

[1] Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva complementaria a la renta, Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y Ayuda a la renta asociada.

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 6 de septiembre de 2019.

El sistema agroalimentario, incluida la política pública que lo apoya, debe reconocer los valores sociales, territoriales y ambientales del modelo familiar agrario y apostar por él. También, por las garantías de sostenibilidad que ofrece para afrontar el reto alimentario global, derivado del crecimiento demográfico y de la reducción de la pobreza, así como para luchar contra la despoblación y el desequilibrio territorial que sufren los territorios como Aragón.

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Por Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de junio de 2018.

Resulta inadmisible que, planteando nuevos retos y exigencias, la Comisión Europea haya propuesto reducir el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) poniendo en peligro incluso su fuerte carácter comunitario.  Pero el requerimiento de un presupuesto coherente con las necesidades no debe dejar en un segundo plano, y mucho menos anular, la exigencia de cambios profundos en la orientación y aplicación de las ayudas de la PAC.

La propuesta de la Comisión Europea no sólo plantea un presupuesto insuficiente, con una reducción particularmente preocupante para el desarrollo rural, sino que muestra una escasa ambición, particularmente en la redistribución de la ayuda a la renta canalizada a través de los pagos directos. Una redistribución de fondos que podría resultar inoperante en la práctica:

1. El mantenimiento de las referencias históricas en los derechos de pago supone un pesado lastre para reasignar la ayuda con respecto a una situación actual con desigualdades injustificables, sobre todo desde el punto de vista de la equiparación de rentas así como desde la incorporación de nuevos activos jóvenes y mujeres.
2. La reducción de pagos, sólo aplicable tras deducir al pago por hectárea el coste imputable a la mano de obra, puede no ser tal impidiendo consecuentemente que se generen fondos efectivos para redistribuir.
3.  Los pagos directos, aplicados exclusivamente en función de las hectáreas admisibles, no garantizan que la ayuda se concentre en los «agricultores genuinos» a los que se refiere la propia Comisión Europea pero que no define. Tampoco en la agricultura familiar vinculada al territorio ni en los agricultores que más y mejor contribuyen a la lucha contra la despoblación, que la propuesta comunitaria  ni si quiera considera entre sus objetivos,
4. Resulta cuestionable que los objetivos redistributivos y de compensación de renta, expresamente perseguidos, puedan lograrse con eficacia sin tener en cuenta la renta agrícola de los beneficiarios de la ayuda.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de junio de 2018.

La Política Agrícola Común (PAC) se centró inicialmente en la regulación de los precios y mercados relativos a determinadas producciones, que evolucionaron en favor del ámbito continental (cereales, leche, carne de vacuno, azúcar y otros) frente a las de carácter mediterráneo (frutas y hortalizas, vino, aceite u ovino).

El fracaso de este enfoque fue tempranamente anticipado en 1968 por el propio padre de la PAC (Sicco Mansholt),  quien se dio cuenta de que los graves problemas estructurales de los que adolecía la agricultura europea (insuficiente dimensión de las explotaciones, carencias formativas de los agricultores o falta de canales de comercialización, entre otras)  hacían que la política de precios y mercados, aplicada a sectores específicos, fuera ineficiente y generase desequilibrios. Para afrontarlo propuso equiparar las rentas agrarias y compensar las desventajas geográficas. Sin embargo, el Plan Mansholt fue objeto de un enérgico rechazo por parte de los agricultores y tuvo que retirarlo

Aunque tímidamente, la evidencia del problema estructural hizo aparecer el apoyo para afrontarlo. Finalmente pudo consolidarse el actual Segundo Pilar destinado al desarrollo rural que, de todos modos, siempre ha sido el pariente pobre de la PAC. Pero sin que el sistema agroalimentario haya resuelto, ni mucho menos, sus graves problemas estructurales, la Reforma de la PAC ahora propuesta por el Comisario Hogan plantea un recorte presupuestario inadmisible para el desarrollo rural que debilita, todavía más, las medidas destinadas verdaderamente a la mejora estructural agroalimentaria.

Es  cierto que la nueva Reforma contempla expresamente la mejora de la renta de los agricultores con independencia del sector productivo al que pertenecen, entendiendo que la insuficiencia e inestabilidad de la renta agrícola es el reflejo sintético del problema estructural. Sin embargo, la propuesta reglamentaria de la Comisión Europea, manteniendo los pagos disociados por hectárea con la posibilidad de aplicarlos en función de referencias históricas así como una amplia gama de ayudas asociadas a determinadas producciones, mantiene todavía un importante enfoque sectorial que limita gravemente la mejora estructural de la que depende, particularmente, el futuro de la agricultura familiar.

El reto estructural planteado por el modelo familiar agrícola del que, en gran medida, depende  a su vez el futuro de nuestro mundo rural, debe abordarse en términos esencialmente transversales y con una especial sensibilidad social. Con carácter general, no deben ser los sectores quienes reciban la ayuda procedente de la PAC. Tampoco las hectáreas, ni las cabezas de ganado. La ayuda deben recibirla los agricultores. Y deben hacerlo en función de sus dificultades de renta y de su grado de dependencia agrícola teniendo en cuenta, además, su contribución a la mejora estructural en función de la productividad y de la dimensión económica de las explotaciones así como de la producción de bienes públicos de naturaleza ambiental y social.