Regadío y adaptación al cambio climático.

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Joaquín Olona en la clausura de la Jornada anual de Riegos de Alto Aragón. Huesca, 6 de Octubre de 2016.

En nuestro contexto agroclimático el mejor remedio contra la sequía es el regadío, cuya modernización y ampliación debemos contemplar ya como una  herramienta clave para la adaptación al cambio climático. También lo es la regulación, y en particular, la del río Gállego ya que la acentuación de la de por sí elevada irregularidad pluviométrica de la cuenca del Ebro debe afrontarse con la ampliación de la capacidad de embalse anual e hiperanual, es decir, haciendo cuanto antes y de una vez Biscarrués y Almudévar, que son imprescindibles para el desarrollo de Aragón como también lo es el Recrecimiento de Yesa o Mularroya. Esta es la posición oficial del Gobierno de Aragón.

Nuestra situación presupuestaria no puede frenar el desarrollo del regadío, ni su modernización ni su ampliación. Todo lo contrario, esté sirviendo para reorientar la política en materia de agua y regadío, que también debe modernizarse haciéndola coherente con nuestra realidad y situando a las Comunidades de Regantes en el foco del proceso de innovación institucional que promovemos desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

En Aragón, el regadío es una componente esencial de la inversión, de la generación de valor añadido, del empleo y, por tanto, del crecimiento económico y del desarrollo. Prueba de ello son los 218 millones € de inversión en los que se ha traducido la respuesta de las Comunidades de Regantes a la reciente convocatoria de ayudas para la modernización, de los cuales 179 millones € corresponden a la provincia de Huesca.

Pero si la modernización del regadío es importante, su ampliación todavía lo es más por ser mayor su impacto sobre la generación de empleo y la producción. Para ello también trabajamos en un nuevo marco de financiación donde las Comunidades de Regantes también deben ser protagonistas.

El Plan de Riegos del Alto Aragón, después de cien años, debe completarse en lo que en el corto y medio plazo es posible lograr. Ello exige ejecutar Biscarrués y Almudévar al tiempo que se articulan las medidas necesarias para regar lo antes posible, al tiempo que se aportan incentivos adicionales para la defintiva regulación del Gállego, los sectores VIII, XIII así como los dependientes de la Balsa de Ontiñena y del Sifón de Cardiel.

 

Sostenibilidad de las zonas de montaña.

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Joaquín Olona en la apertura del III Foro por la Sostenibilidad del Pirineo. Sallent de Gállego (Huesca), 4 de octubre de 2016.

La sostenibilidad, en su triple dimensión económica, social y ambiental, también debemos entenderla como un reto ético en la medida que afecta a las personas.

La despoblación es, sin duda, el principal factor de la insostenibilidad de las zonas rurales y, especialmente, en las zonas de montaña.  Obedece a una dinámica difícil de combatir dada la tendencia demográfica global a favor de las ciudades determinada, a su vez, por el empleo y los servicios. Esta tendencia justifica y exige la aplicación de políticas públicas en favor de la sostenibilidad de las zonas rurales y, en particular, de las zonas de montaña atendiendo a sus características específicas que condicionan y limitan su accesibilidad, la actividad económica y la oferta de servicios.

Todas las políticas públicas deben implicarse en el desarrollo rural, que es el marco político desde el que afrontar los retos sociales, económicos y ambientales que plantean las zonas de montaña. La educación y la sanidad así como las acciones en favor de la igualdad y la lucha contra la discriminación son determinantes.

No obstante, hay que hacer referencia a la PAC, que sigue siendo la primera política comunitaria si atendemos al presupuesto. Una política que viene demostrando su ineficacia e inequidad, sobre todo e su aplicación en España donde la reciente Reforma dejó todo igual (de mal) que estaba.

La ganadería extensiva, que es la que ha modelado el paisaje y la cultura pirenaica, viene siendo maltratada por la PAC como consecuencia de los derechos históricos, el desacoplamiento y los nuevos pagos por hectárea. También por la perversión que implica considerar el cebo intensivo de vacuno como ganadería extensiva. La regresión ganadera determina pérdida de pastos con consecuencias ecológicas preocupantes que afectan a los incendios y al régimen hidrológico como consecuencia de los cambios del uso del suelo así como a la pérdida de actividad económica.

Para combatir estas y otras anomalías es imprescindible cambiar la PAC en profundidad tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón. También es preciso una mayor y más decidida apuesta en favor del enfoque territorial de su Segundo Pilar dedicado al desarrollo rural, especialmente de las zonas de montaña tal y como ya hemos hecho este año en Aragón duplicando el importe de las Indemnizaciones Compensatorias en dichas zonas.  También es preciso mejorar las medidas agroambientales, cuya aplicación debe priorizarse en favor de las zonas de más alto valor natural que, por lo general, tienen mucho que ver con las zonas de montaña y, sobre todo, con los espacios naturales protegidos. Unos espacios donde es preciso potenciar la participación de la población local así como el papel de la Administración que debe adaptarse al escenario social, económico y político vigente. Una adaptación que también es un factor relevante de sostenibilidad.

 

Cambio climático y acción individual.

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Joaquín Olona en la recepción a la Caravana por el Clima. Zaragoza, 3 de octubre de 2016.

Lo que hacemos o dejamos de hacer las personas, a escala individual, importa mucho en relación con el medio ambiente y, muy particularmente, con la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Es en las acciones y las decisiones individuales, más que las gubernamentales, donde posiblemente están las soluciones a los grandes problemas ambientales del Planeta. Porque somos las personas las que, con nuestras decisiones personales y profesionales, condicionamos no sólo el comportamiento en nuestro círculo inmediato sino, también, el de las empresas, organismos e instituciones.

La Caravana Universitaria por el Clima es un proyecto que tiene por objeto sensibilizar a mayores y pequeños sobre la protección del medio ambiente. En las siete ediciones anteriores la Caravana ha visitado 34 municipios aragoneses, además de las ciudades de Logroño y Pamplona, a las que se sumará este año Lérida.

Innovación y razas autóctonas.

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Joaquín Olona en la inauguración de la 124 edición de la Feria de Cedrillas (Teruel). 1 de octubre de 2016.

Las razas autóctonas no sólo configuran un importante acervo genético sino que también forman parte de nuestro patrimonio cultural ya que son el reflejo de nuestra propia adaptación secular al medio y de su aprovechamiento sostenible. Tenemos, por tanto, la obligación de conservarlas pero también de mejorarlas evitando la interrupción del proceso de adaptación en el que radica su razón de ser.

La conservación de nuestras razas contribuyen a la conservación de la biodiversidad agraria que, en sí misma, es un bien común y de interés general. Pero al igual que las tradiciones a las que están ligadas las propias razas, su conservación es cuestionable si al mismo tiempo no somos capaces de adaptarlas a su entorno físico pero también a las condiciones sociales y económicas propias de nuestro tiempo. Ello da pie a la innovación, no sólo tecnológica para  mejorar su productividad, sino también institucional. Porque el apoyo público de la que son y deben ser objeto las razas autóctonas también debe adaptarse, como hacemos desde el Gobierno de Aragón, al marco jurídico-administrativo vigente.

Las ayudas públicas de las que son objeto las razas no puede concebirse ni tratarse como un fin en sí mismo. Por el contrario, son una herramienta que debe servir para incentivar el proceso de conservación y adaptación antes comentado. Un proceso que debe incluir objetivos específicos de mejora, medibles y verificables. Porque tratándose de fondos públicos, no sólo tenemos que garantizar su correcta aplicación sino que también debemos ser capaces de explicar con claridad y credibilidad a la sociedad el valor añadido que generan las ayudas aplicadas. De no hacerlo, corremos el riesgo es perderlas.

De hecho, sabemos que la ilusión de los ganaderos que verdaderamente lo son nunca es cobrar subvenciones sino mejorar su ganado haciéndolo más productivo.

 

 

Agua y regadíos en Aragón.

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Joaquín Olona en la clausura de la Jornada «El Regadío de Bardenas de Aragón y  Navarra en la Cuenca del Ebro». Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 22 de septiembre de 2016.

¿Cómo sería Aragón sin regadíos y sin regulación hidráulica? ¿Cómo sería Ejea si  no existiera el embalse de Yesa y sin sus 33.000 hectáreas de regadío?

En Aragón, la regulación hidráulica y los regadíos son consustanciales al desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial.

Las verdaderas amenazas en relación con el agua, en el contexto de cambio climático, no son de escasez física ni de agotamiento del recurso como equivocadamente establece el paradigma dominante. El problema es la existencia de una institucionalidad obsoleta que dificulta ver y hacer ver con claridad los problemas y retos que afronta la gobernanza del agua en el siglo XXI.

Es hora de que la visión mítica del agua y del regadío con la que Aragón ha forjado su identidad de paso a otra visión más realista que asegure su progreso y desarrollo.

La escasez de agua no es física sino económica. En el contexto de acentuada aridez e irregularidad hidrológica propia de la zona central de la Depresión del Ebro, que se verá incrementada con el cambio climático, el problema es de falta de regulación así como de contaminación y calidad de las masas de agua.

El agua agraria no es propiamente un bien público sino que es un bien de carácter comunal, que es parecido pero no exactamente lo mismo. Es por ello que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones, es decir, normas formales e informales por las que se rigen los usuarios, que antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Estas instituciones ya existen, pero es preciso fortalecerlas dotándolas de los medios e incentivos adecuados para que evolucionen y se adapten. Se trata de las Comunidades de Regantes, o mejor dicho, de Usuarios. Su reconocimiento internacional contrasta con la escasa valoración y deficiente comprensión de lo que son y representan. Sobre todo en las instancias europeas así como por parte de quienes se atribuyen la exclusividad de la cultura del agua.

La política de modernización de los regadíos fue certera en su inicio al identificar a las Comunidades de Regantes como protagonistas de las acción. Sin embargo erro en su desarrollo al no comprender bien su verdadera función y someterlas a una intervención pública excesiva. Pero sobre todo, que al limitar la acción modernizadora a las infraestructuras físicas y no entender que la verdadera modernización sólo de producirá si se modernizan las Comunidades de regantes, que es lo que proponemos desde el Gobierno de Aragón como clave de las innovación de la arquitectura institucional que exige la gobernanza del agua y del regadío.

Urge un nuevo marco financiero que permita afrontar las inversiones en el corto plazo evitando los elevados costes de oportunidad que implica posponer las actuaciones sin un horizonte claro y concreto.

Este proceso innovador, que ya se ha traducido en algunas medidas legislativas que es preciso completar, resulta imprescindible para adecuar la gobernanza del agua y del regadío a nuestra realidad social, política y económica. Una realidad que poco o nada tiene que ver con la que condujo a la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre obras hidráulicas con destino a riegos ni a la de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que todavía conforman la institucionalidad vigente del regadío y que, obviamente, urge modernizar.

Desarrollo rural con agricultura.

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Joaquín Olona en la apertura del curso académico 2016 del IAMZ. Zaragoza, 26 de Septiembre de 2016.

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) supone una importante contribución a la generación y difusión del conocimiento científico y técnico en el marco de la cooperación internacional. Contribuye con ello a la fundamentación científica de las políticas de desarrollo rural y agrícola que, al igual que las tecnologías, también requieren de la investigación y el desarrollo.

En un mundo cada vez más urbano y en el que la población que vive en las ciudades ya supera a la que vive en los pueblos, el desarrollo rural sigue siendo un objetivo relevante de las políticas públicas. Sigue siendo, de hecho, una política pública. Es más, en el siglo XXI supone un reto vinculable a otros desafíos globales tales como la mitigación y adaptación al cambio climático o como el que supone alimentar a una población que no sólo crece sino que aumenta su demanda efectiva de alimentos como consecuencia de la reducción de la pobreza.

En la Unión Europea, tras 25 años de impulso específico al desarrollo rural en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) se ha logrado prestigiar al mundo rural, lo que ha supuesto un importante avance social. Sin embargo no se ha conseguido detener la despoblación de las áreas rurales, sobre todo en las zonas de menos densidad demográfica.  En Aragón , si se excluye la ciudad de Zaragoza, la densidad regional no alcanza los 10 habitantes/km2 y ya existen comarcas con menos de 1 habitante/km2.

Es preciso, por tanto, revisar los paradigmas en los que han sustentado la política de desarrollo rural europea durante los últimos 25 años, sin duda el referente  más destacado en el panorama mundial, proponiendo en su caso otros nuevos. Para ello es preciso tener en cuenta los nuevos desafíos  globales así como las lecciones aprendidas de la amplia experiencia acumulada en un escenario tan amplio y diverso como supone el conjunto de las regiones europeas, que es la escala a la que se ha aplicado la política de desarrollo rural.

La necesidad de la política de desarrollo rural es evidente. No lo es tanto como visibilizarla y gestionarla teniendo en cuenta su horizontalidad. En el Gobierno de Aragón, la existencia de un departamento específico sobre desarrollo rural (y sostenibilidad) no impide que todos los demás departamentos atiendan al desarrollo de las zonas rurales. La política social, es decir,  la educación, la sanidad, la atención a los desfavorecidos y la lucha contra la desigualdad contribuye directamente al desarrollo de las zonas rurales aragonesas adquiriendo, incluso, una mayor relevancia e impacto.

No debe confundirse la política de desarrollo rural con la política agraria, ni mucho menos pretender sustituir una por la otra. El tradicional antagonismo entre «agraristas» y «ruralistas» carece de sentido y debe superarse. Ambas políticas, la rural y la agraria, son necesarias y distintas sin que esté justificada la pretensión de que una anule o niegue a la otra. La minusvaloración de la agricultura, o incluso su desprecio, en la que incurrió la propia PAC de final del siglo XX fue un grave error. En la definición estratégica del Horizonte 2020 europeo se ha vuelto la mirada hacia una agricultura productiva que puede y debe contribuir al crecimiento económico, al empleo y al desafío alimentario mundial al tiempo que genera bienes públicos ambientales, sociales y territoriales.

No cabe pensar en un desarrollo rural basado exclusivamente en la agricultura pero tampoco en un desarrollo rural que prescinda o minusvalore la agricultura.  Las actividades agrícolas y ganaderas configuran la base económica , en ocasiones prácticamente insustituíble, de la mayor parte de las zonas rurales. Pero es que, además,  existe una profunda conexión y dependencia entre dichas actividades y los ecosistemas incluso de más alto valor.

Tampoco cabe pensar en un desarrollo rural sin atender a dos componentes esenciales que determinan el sistema de poblamiento como son  la generación de empleo y la oferta de servicios básicos que, en nuestro contexto, son los factores que garantizan una calidad de vida equiparable a la urbana.

Sector porcino aragonés: cooperar para competir.

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Intervención de Joaquín Olona en la inauguración de la jornada sobre el sector porcino en Aragón. Sariñena (Huesca), 24 de Septiembre de 2016.

El sector porcino aragonés no sólo es la principal componente de la Producción Final Agraria aragonesa, no sólo es la primera potencia nacional y un referente internacional sino que es un sector clave para nuestro desarrollo rural. Se trata, por tanto, de un sector sobre el que recae una gran responsabilidad y respecto del que la política y la acción gubernamental no pueden quedar al margen.  Sería una grave irresponsabilidad.

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La sostenibilidad económica debe basarse en la competencia. Seguramente, el sector porcino aragonés sea uno de los mejores ejemplos de competitividad empresarial que pueda ponerse en el panorama agroalimentario europeo. La excelencia empresarial y tecnológica ya alcanzada constituyen una garantía de éxito siempre y cuando se aborde con la misma inteligencia la sostenibilidad ambiental y social.

La sostenibilidad ambiental exige resolver el reto de los purines y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas en el marco de la economía circular, el de la mitigación y adaptación al cambio climático, de la cooperación -no de la competencia- y de la I+D. Todo ello exige un enorme esfuerzo que el Gobierno de Aragón quiere liderar en el marco de la innovación institucional que promovemos desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Hablamos de «innovación institucional» porque el propio sector y todos sus agentes están llamados a cooperar mucho más y mejor, tanto entre sí como con el Gobierno, la Administración y las fuerzas politicas. Esta misma jornada es un buen ejemplo de esto.

Sustituir los fertilizantes minerales por purines y posibles derivados, todavía por inventar, que incorporen otros residuos y subproductos agroganaderos es un objetivo que sitúa al sistema agroalimentario aragonés en la vanguardia del nuevo paradigma de la economía circular que los desafíos globales nos impone.

La sostenibilidad social hace referencia a los granjeros integrados, pieza clave del sistema en la que radica su contribución al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación, a quienes al igual que a fruticultores y a otros productores ahora excluidos de la PAC, pasarían a incorporarse al sistema de compensación de rentas con el que, desde el Gobierno de Aragón, proponemos modificar en profundidad el Primer Pilar de la PAC. Sin ocultar las dificultades para modificar la PAC, señalar que en Aragón ya hemos incluido las granjas porcinas integradas como actividad elegible para las ayudas a la incorporación de jóvenes convocadas en 2016 e incluidas en el Segundo Pilar de la PAC, es decir, en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

La sostenibilidad del sector porcino, en su triple dimensión económica, ambiental y social, tal y como proponemos, es un ambicioso reto del que depende el futuro agroalimentario y rural de Aragón y que exige la más amplia cooperación para lograrlo. Una cooperación inteligente en la que los diferentes agentes económicos, sociales y políticos deben encontrar nuevas fórmulas para relacionarse con eficacia en beneficio de un interés general que ningún sector productivo puede ni debe obviar, mucho menos cuando alcanza la importancia que el porcino tiene en Aragón.

 

 

Reformar la PAC.

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La aplicación de la última Reforma de la PAC no ha hecho otra cosa que profundizar en su incoherencia e ineficacia en relación con los objetivos que le asigna el Tratado de la Unión Europea en su artículo 39. Particularmente en lo que se refiere al aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura y de la mejora de la productividad de los factores, el trabajo entre ellos. Lo que sí se ha logrado es aumentar desmesuradamente  su complejidad técnica y administrativa, introduciendo costes desproporcionados y haciendo de su gestión un auténtico quebradero de cabeza para todos los agentes implicados. El objetivo gatopardista de cambiarlo todo para que todo siguiera igual, que guió la Reforma y su aplicación en España, pasa ahora su factura dificultando los procesos de solicitud, control y liquidación, en ocasiones de forma extrema.

No obstante, debe quedar claro que los fondos de la PAC, procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en ningún caso se retienen por el Gobierno de Aragón. Ni existe dicha voluntad ni las normas europeas lo permiten. Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón garantiza la eficacia y rigor del sistema de gestión y pago de la PAC, integrado en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Departamento también trabaja con el compromiso de facilitar y agilizar, en todo lo posible, la solicitud y cobro de las ayudas de la PAC.

Pero el verdadero reto político, también de una extraordinaria complejidad, debería ser afrontar y resolver las graves incoherencias, desigualdades e ineficacia de la PAC vigente. Para el Gobierno de Aragón lo es y prueba de ello es la propuesta de modificación en profundidad presentada a las Cortes de Aragón, a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural así como a las Organizaciones Profesionales Agrarias y  a las Cooperativas de Aragón.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón se propone la eliminación de los derechos históricos, de los pagos por superficie y de la regionalización productiva con la finalidad de compensar directamente las rentas agrícolas personales, declaradas a través del IRPF. La compensación se modularía en función de tres parámetros fundamentales: a) el grado de dependencia agraria de la renta total, primando la profesionalidad,  b) la  productividad de las explotaciones, penalizando la ociosidad y c) la dimensión económica de las explotaciones, penalizando la inviabilidad. La compensación también estaría sujeta a normas de condicionaidad ambiental y social pero asegurando su coherencia agronómica. Porque no debe perderse de vista que la verdadera misión de la agricultura y de los agricultores no es otra que alimentar a la humanidad.

Presentación Jornada UAGA-Cooperativa Los Monegros. 23-09-2016. Sariñena (Huesca)

 

Productos forestales y agroalimentación.

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Joaquín Olona en la apertura de la Jornada sobre Micología y Truficultura. Zaragoza, 21 de junio de 2016.

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales forma parte de la estrategia de conservación de unos espacios naturales que, en Aragón, son consecuencia de una actividad humana secular. Además de prevenir y proteger nuestros montes contra los incendios, extinguiéndolos lo antes posible cuando se producen, es imprescindible promover el aprovechamiento turístico, cinegético, lúdico, deportivo o ganadero así como la extracción  de madera, biomasa, setas u otros productos. Porque de la continuidad y de la sostenibilidad de estos usos  así como de la seguridad para los usuarios y consumidores depende la conservación de los espacios que pretendemos cuidar. Por ello, y para ello, desde el Gobierno de Aragón, se promueve la aprobación de un Plan Forestal que ponga fin a la carencia que supone su inexistencia conforme a la vigente ley de montes.

El anteproyecto de ley de venta directa de productos agro-alimentarios, que en estos momentos se somete a debate público -en coherencia con el término agro-alimentario- propone, como ámbito exclusivo, los productos primarios procedentes de las explotaciones agrícolas y ganaderas así como, bajo ciertas condiciones, los elaborados procedentes de aquellos. Se excluyen, por tanto, los productos forestales cuya comercialización no pretende ser objeto de regulación mediante esta ley. Debe quedar claro que «prohibir la venta directa de setas o de carne de caza», como se ha dicho recientemente, no está ni ha estado nunca entre los objetivos del Gobierno de Aragón.

La trufa negra  que, cuando procede del cultivo, entra en el ámbito de aplicación de la ley referida,  puede convertirse en uno de los productos más emblemáticos de Aragón  al tiempo que una de sus grandes aportaciones al  mundo de la gastronomía. Para lograrlo es preciso que los truficultores aragoneses,  más allá de los mercados locales, apuesten colectivamente por el desarrollo de las estructuras y de las herramientas comerciales necesarias para satisfacer la demanda que representa el mercado mundial, que es donde se sitúa la verdadera oportunidad.

O dialogamos con el Ebro o el Ebro impondrá su monólogo.

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Joaquín Olona en diversas intervenciones relacionadas con las inundaciones del Ebro durante mayo y junio de 2016.

Tenemos que cambiar nuestra percepción y posición sobre las inundaciones de los ríos, y muy particularmente las del Ebro, dejando de pensar que podemos evitarlas y tratando de aprender a convivir mucho mejor con ellas. Forman parte de la naturaleza y como tales hay que entenderlas. Pero esto no debe impedir que también nos esforcemos en comprender que quienes viven en la ribera llevan haciéndolo desde hace siglos y que tienen que poder seguir viviendo donde siempre lo han hecho. Debemos admitir que la ribera del Ebro, aunque mucho menos que el de otros grandes ríos europeos, es un espacio fuertemente humanizado.

Es imprescindible romper la dinámica de la confrontación actualmente dominante en todos los ámbitos. Es preciso integrar mucho más y mejor  los conocimientos científicos con los de carácter local, que también tienen la categoría de conocimiento. También urge armonizar la visión ambientalista con la económica y social, la visión del campo con la de la ciudad, los enfoques técnicos con los políticos, etc. Porque sólo a través del diálogo y la cooperación, desde el mutuo respeto entre las partes, podremos avanzar hacia las soluciones que necesitamos. Unas soluciones que exigen decisión pero también paciencia y prudencia. No sólo porque los medios y conocimientos son limitados sino porque también concurren sentimientos, sensibilidades y emociones.

La extrema complejidad del problema y multitud de dimensiones que presenta impide pensar en soluciones exclusivamente científico-técnicas. Porque la ciencia no tiene soluciones para problemas tan complejos. Por eso hace falta la política, entendida esta como herramienta de resolución de conflictos colectivos, y las inundaciones lo son, con intención de obligar. Eso sí, sabiendo que la política tan solo puede proporcionar soluciones imperfectas aunque suficientemente válidas y estables si respeta las distintas sensibilidades y se basa en los conocimientos disponibles. No puede seguir ocurriendo que la política sólo actúe cuando se produce la inundación sino que debe estar presente, de forma mucho más activa y responsable, en los procesos de planificación y gestión.

Es así que ciencia, sociedad y política están llamadas a colaborar con mucha más voluntad, respeto mutuo y eficacia. Para ello es preciso introducir nuevos incentivos en nuestra configuración institucional. El fortalecimiento de la coordinación y de la cooperación entre las administraciones local, la autonómica y la general así como de todas ellas con los agentes económicos, sociales y ambientales, y de todos ellos entre sí resulta clave. Es lo que el Gobierno de Aragón trata de impulsar favoreciendo y promoviendo todo tipo de encuentros y diálogos traducidos, por ejemplo, en la Ponencia sobre inundaciones que, en el seno de la Comisión del Agua de Aragón, se constituyó el pasado 9 de junio.

Respecto de la compensación de daños no cabe pensar en indemnizar lo que es asegurable. El Gobierno de Aragón mantiene y apuesta por una decidida política de seguros agrarios que se ve cuestionada y perjudicada cuando se indemniza a quienes no hacen lo que deben y que no es otra cosa que asegurar sus cultivos y ganados. No suscribir los seguros, que con una importante ayuda pública se ponen a disposición de los agricultores y ganaderos, también resulta insolidario para con el resto de los ciudadanos.

En modo alguno cabe pensar en que vuelva a repetirse lo ocurrido en la última inundación de 2015, donde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en un escenario de extrema dificultad presupuestaria, ha tenido que hacer frente al pago de 23,4 millones de euros en el ámbito agrario, además de otros 6 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento municipal a través del Instituto Aragonés del Agua. Debe entenderse como algo completamente excepcional, tanto como que en la inundación de 2003 la cifra total pagada fue de 6,7 millones de euros, en la de 2007 el importe fue de 5,6 millones de euros y en la de 2013 nada.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promovemos el restablecimiento progresivo de la llanura de inundación favoreciendo el retranqueo o eliminación de diques y motas así como el desarrollo de soluciones innovadoras para el establecimiento de un Dominio Público Hidráulico real, basadas en la oferta voluntaria de tierras u otros mecanismos que es preciso desarrollar. Todo ello para que el río disponga del espacio que necesita y se eliminen o reduzcan significativamente los riesgos y daños materiales.  Todo ello garantizando la protección de los núcleos urbanos y de las poblaciones por encima de cualquier otra prioridad. Propiciamos también un uso agrícola compatible y coherente con la gestión sostenible de las avenidas, que se considera esencial mantener como herramienta de gestión eficaz de las propias avenidas. Una coherencia que también debe asegurarse en la gestión de los espacios naturales incluidos en la misma llanura de inundación.

Contamos con herramientas de gran potencial que es preciso optimizar y que permiten innovar:

  • El Programa de Desarrollo Rural, por ejemplo, permite la aplicación de medidas agroambientales que no sólo contribuyan al desarrollo de la Directiva de hábitats (Natura 2000) sino también al de la Directiva Marco del Agua, un enfoque hasta ahora inédito que pretendemos desarrollar empezando por la aplicación de una nueva medida de cultivos compatibles con la inundación y a la que podrán acogerse los agricultores en la próxima declaración de la PAC de 2017.
  • La concentración parcelaria combinada con la modernización de las huertas tradicionales y la gestión de tierras que, debidamente combinadas, debe y puede contribuir al restablecimiento de la llanura de inundación y del Dominio Público Hidráulico.
  • La gestión coordinada del Dominio Público Forestal cono el Hidrológico, que puede potenciar la acción anterior.
  • Los Planes de Gestión de las ZEPA’s y LIC’s todavía pendientes de completar y aprobar.
  • La condicionalidad ambiental de los pagos del Primer Pilar de la PAC, que desde el Gobierno de Aragón proponemos reformar en profundidad.
  • Los seguros agrarios ya aludidos como herramienta esencial para la gestión del riesgo que opera sobre los bienes materiales en las zonas inundables.
  • La planificación urbanística, incidiendo con más eficacia en la ordenación de los usos en las zonas con riesgo de inundación.
  • Los planes municipales de protección civil.

Todo lo anterior  debe complementar, reforzar y contribuir a desarrollar las acciones del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación así como las del propio Plan Hidrológico del Ebro. Dos instrumentos de vital importancia, ambos competencia de la Administración General del Estado ejercida a través de Confederación Hidrográfica del Ebro, una entidad esencial para la gobernanza del agua y del Dominio Público Hidráulico pero que debe lograr una mayor y mejor adaptación a la realidad social y política vigente.

El llamamiento al diálogo así como a la búsqueda del consenso político y social resulta obligado. Porque, o dialogamos con el Ebro, o el Ebro impondrá su monólogo.