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Alimentar a la población no es el reto, lo es hacerlo de forma sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de marzo de 2017.

Contamos con recursos naturales y tecnológicos más que suficientes para garantizar  el reto alimentario global derivado del crecimiento demográfico y, sobre todo, de la reducción de la pobreza. El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Politécnica Huesca

Toma de posesión del Prof. Dr. D. Francisco Javier García Ramos como Director de la Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza). Huesca, 1 de marzo de 2017.

La sostenibilidad agroalimentaria, en su tripe dimensión, exige a) mejorar la formación y el asesoramiento de los agricultores; b) reducir las brechas de género, productividad del trabajo y renta; c) reducir la contaminación asociada al nitrógeno y al fósforo, las emisiones de óxido nitroso, metano y amoniaco, el uso de antibióticos, biocidas y de moléculas persistentes así como el impacto sobre la pérdida de biodiversidad.

Es necesario que las universidades y los centros de investigación generen conocimientos en los que fundamentar soluciones técnicas y políticas para los problemas agroalimentarios. Pero también es necesario que estos problemas se formulen al mundo académico y a los investigadores.

Es preciso recuperar la formación profesional para formar los agricultores que necesitan las explotaciones familiares, contribuyendo también con ello a dignificar la profesión de agricultor. También se necesita reinventar la extensión agraria mediante un sistema de asesoramiento y transferencia útil para los agricultores, que responda a sus intereses y contribuya a mejorar sus rentas.

Es imprescindible garantizar la gestión eficiente de los subproductos, desechos y residuos agroalimentarios, particularmente de los generados por la ganadería intensiva, en el nuevo marco de la economía circular. También se necesita aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias con el propósito de generar más valor añadido y, con ello, la productividad del trabajo de la que dependen las rentas y los salarios.

Pero casi nada de lo anterior puede lograrse sin reformar la PAC en profundidad puesto que las ayudas, sobre todo las ayudas directas del Primer Pilar, determinan de forma decisiva el comportamiento de los agricultores.

Durante los últimos 50 años las ciencias agrarias han contribuido de forma determinante al espectacular crecimiento de la productividad de la tierra y del ganado. Estas ciencias también se muestran muy sensibles a los retos ambientales que afronta la agroalimentación. Sin embargo, la contribución académica y de la investigación sigue siendo muy escasa a la fundamentación, análisis y evaluación de las políticas, particularmente del Primer Pilar de la PAC. Una política, la agraria, que habiendo contribuido con eficacia a la seguridad alimentaria y favoreciendo la integración ambiental en beneficio de la sociedad todavía no ha logrado equiparar la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos.

Innovar para luchar contra la contaminación orgánica persistente.

Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de marzo de 2017.

La acumulación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) al norte de la Comunidad Autónoma de Aragón, procedentes de la actividad de una antigua fábrica de lindano, es un condicionante potencial de la calidad del agua de la cuenca del río Ebro y representa un grave riesgo para la salud humana y los ecosistemas.

Modelo de la molécula del hexaclorociclohexano (HCH) o lindano.

El lindano, el isómero comercial del hexaclorociclohexano (HCH), también denominado γ-HCH, es decir, gamma HCH, ha sido uno de los pesticidas más usados en todo el mundo en épocas recientes. A causa de su peligrosidad y persistencia en el medio ambiente, el lindano y varios isómeros del HCH han sido incluidos en la lista de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo.

La fábrica de INQUINOSA sintetizó lindano desde 1975 hasta mayo de 1989 y cesó su actividad de comercialización definitivamente en 1992. Durante este periodo se estima que produjo más de 150.000 t de residuos con alto contenido en HCH y otros compuestos organoclorados. No en vano, por cada kg de lindano producido, se generaron aproximadamente 10 kg de residuos peligrosos.

Los residuos de la producción de lindano, en forma de polvo y de líquido, se vertieron en el vertedero de Sardas de forma incontrolada y posteriormente en el vertedero de Bailín de forma prácticamente incontrolada. Este mismo problema existe en otros muchos lugares del mundo. A causa de diferentes razones, como los grandes volúmenes vertidos o la singularidad geológica de los emplazamientos, el caso de Aragón presenta un especial interés, por lo que su resolución resulta de gran utilidad para lograr las innovaciones tecnológicas e institucionales que exige un problema de naturaleza global.

El Gobierno de Aragón, que acumula una experiencia técnica, administrativa y política de 25 de años en la lucha contra el lindano en la que se llevan invertidos 54 M€, propone a las instituciones y a la sociedad en general, que contemplen su ambicioso objetivo de acabar con el problema como una acción piloto a través de la que generar valor añadido comunitario y contribuir al crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible.

La acción del Gobierno de Aragón supone también un ambicioso reto financiero en la medida que es preciso afrontar una inversión total de 550 millones de € durante los próximos 25 años, que es 10 veces lo invertido durante los últimos 25 años. Un esfuerzo que el Gobierno de Aragón no puede asumir en solitario. El apoyo de las instituciones europeas y españolas al proyecto se justifica por la complejidad del problema, por las garantías que ofrece la Comunidad Autónoma, así como por la importancia potencial de los beneficios económicos, sociales y ambientales de las experiencias y soluciones que pretenden implementarse en Aragón y que podrán transferirse a escala global.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, ha elaborado el Plan integral de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón (Versión de diciembre de 2016 conforme al  mandato de las Cortes de Aragón de noviembre de 2015.

Reenfocar la política de biodiversidad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Los escasos resultados logrados durante los últimos 30 años en materia de biodiversidad obligan a cuestionar  la política aplicada. Porque, además, ninguna política pública debe basarse exclusivamente en criterios científicos ni en prácticas tecnocráticas.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), que es objeto de una gestión diferenciada y ejemplar con relevancia a escala europea, es la única especie protegida que ha mejorado en Aragón.

La biodiversidad es la variedad de ecosistemas, hábitats y especies que nos rodea y que nos proporciona alimento, agua, aire limpio, abrigo y medicamentos; atenúa las catástrofes naturales, las plagas y enfermedades, contribuye a regular el clima y nos presta servicios ecosistémicos en provecho de nuestra economía.

La Directiva de Hábitats, junto con la Directiva de Aves son el núcleo de la política europea para frenar la pérdida de biodiversidad, que es una de las amenazas más graves que sufre el Planeta. La creación de la Red Natura 2000 supone la iniciativa  más ambiciosa, y a mayor escala jamás emprendida en el mundo, para conservar el patrimonio natural europeo y sus ecosistemas.

La Estrategia Europea de Biodiversidad (1) asume el fracaso  de las políticas europeas de conservación de la biodiversisdad de las últimas décadas. La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (2) señala que «el estado general de las especies y los hábitats protegidos no ha mejorado de forma significativa en los últimos seis años».

Sin embargo, no se rectifica el enfoque político, sino que se apuesta por su profundización, insistiendo en idénticas convicciones y paradigmas que los que están propiciando la falta de resultados. Fundamentalmente, los enfoques holísticos, basados en el establecimiento de amplios catálogos de especies amenazadas e implementación de planes de conservación o recuperación  fundamentados en criterios exclusivamente científicos y con escasa o nula participación de los territorios sobre los que pretenden aplicarse. Ante esta discutible opción, es necesario abordar líneas de actuación complementarias y alternativas -en ningún caso contradictorias- a la anterior pero orientadas a la obtención de resultados prácticos.

Para lograr que la biodiversidad cuente con una verdadera política pública, y que esta sea eficaz, resulta imprescindible someterla a criterios políticos, ajustados a razones prácticas y fundamentados en conocimientos técnicos y científicos solventes, ampliamente aceptados, Porque, en democracia, la política es la vía para priorizar la asignación de recursos.

La recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus): un proyecto especialmente destacable a escala europea (3).

La política de biodiversidad  estatal y autonómica debe empezar por asumir y coordinar con más acierto sus respectivos ámbitos competenciales, comprender mejor la escala europea del desafío y atender, además, a los tres principios básicos siguientes:

  1. Vincular la política ambiental al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas, tal y como señala el artículo 45 de la Constitución Española.
  2. Reconocer la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad intensificando su vinculación con el desarrollo social y económico así como con la salud y el bienestar de las personas, tal y como señala el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
  3. Promover y articular la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios en los beneficios que se deriven de las actividades de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad llevadas a cabo en los mismos, tal y como establece el apartado k) del artículo 2 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

(1) COM(2011) 244 final. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. 

(2) COM(2017) 63 final. Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados.

(3) Proyecto Life+ Iberlince

 

Debatir estratégicamente sobre la PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Siendo importante el presupuesto de la PAC, lo es todavía más concretar el propósito al que pretende aplicarse. Un propósito que debería centrarse en aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura, tal y como señala el artículo 39 del Tratado de la U.E. pero sin que hasta ahora se haya conseguido.

 

De cara al debate sobre el futuro de la PAC en en Consejo Europeo de Ministros de Agricultura del próximo 6 de marzo, el Presidente ha propuesto seis prioridades iniciales:

1.- Mejorar la capacidad de respuesta a los riesgos relacionados con la meteorología, la salud y la sanidad, los precios y los ingresos, la competitividad y la innovación, la financiación así como con la seguridad alimentaria.

2.- Respuesta a los desafíos medioambientales mejorando la sostenibilidad de la agricultura.

3.- Asegurar el relevo generacional.

4.- Mantener la orientación al mercado logrando el equilibrio entre la apertura de nuevos mercados y la protección de sectores sensibles, fomentando la competencia y mejorando la competitividad de las exportaciones.

5.- Fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

6.- Simplificar, no sólo la legislación de la PAC sino también su aplicación y control.

Sin cuestionar la pertinencia de las prioridades mencionadas, tal y como la Ministra García Tejerina ha manifestado, no hay que olvidar que el Tratado de la U.E. atribuye a la PAC el objetivo de mejorar la renta de los agricultores. Efectivamente,  el artículo 39 del Tratado habla del «aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura»un objetivo todavía pendiente de alcazar puesto que la renta de los agricultores sigue siendo la mitad que la del resto de los europeos, lo mismo que hace cincuenta años.

El aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura debería ser, por tanto, un objetivo central y explícito de la PAC cuyo futuro, felizmente, ya se debate en términos estratégicos y no exclusivamente en clave presupuestaria. Porque siendo importante el presupuesto, lo es todavía más el propósito al que pretende aplicarse.

Que España participe activamente en el debate estratégico sobre el futuro de la PAC, influyendo significativamente en su próxima reforma, resulta del máximo interés para la defensa de los intereses de los españoles. A ello contribuye participar en la consulta pública impulsada por el Comisario Phill Hogan sobre la «Modernización y Simplificación de la PAC». Pero contribuirá mucho más, sin duda, la Conferencia que, sobre el futuro de la PAC, promueve la Ministra García Tejerina y organiza, en Madrid, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los días 27 y 28 de marzo próximo.

Mejorar la renta, no sólo los kilos por hectárea.

Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de febrero de 2017.

En Aragón se ha conseguido multiplicar por diez el rendimiento del maíz durante  los últimos 50 años pero, sin embargo, no se ha conseguido mejorar la renta de los agricultores que, como en el resto de España y de la Unión Europea sigue siendo la mitad que la del resto de los ciudadanos.

inauguración de la jornada ‘Agrícola Café Maíz 2017’, organizada por Editorial Agrícola Española, en colaboración con la Cooperativa de Zuera (21 de febrero de 2017).

En el maíz sucede como en el resto de cultivos, de poco le sirve al agricultor aumentar los rendimientos por hectárea si no mejora la productividad de su trabajo y, consecuentemente, su renta. Una forma de conseguir ese reto, prioritario en la política agraria del Gobierno de Aragón, es mejorando la formación de los agricultores y apostando por la generación de conocimientos y su transferencia. No necesariamente para producir más kilos por hectárea o cabeza de ganado sino más valor añadido en favor de los consumidores y, también, del propio agricultor. Todo ello sin olvidar otras herramientas como son el regadío así como la cooperación y la acción colectiva en los diferentes ámbitos de la producción, la transformación y la comercialización.

Tampoco es suficiente con que el conjunto del sector agroalimentario genere más valor añadido, que resulta esencial para la contribución a la generación de riqueza y al empleo de calidad. Es imprescindible que el aumento del valor añadido también se produzca en las propias explotaciones agrícolas. Porque la productividad del trabajo, que no es otra cosa que el el valor añadido (bruto) por unidad de trabajo, determina la renta.

Es la baja productividad del trabajo agrícola, causada sobre todo por los bajos precios de mercado y las deficiencias estructurales del sector, la causa de las bajas rentas agrícolas. Es por ello que la política agraria, que todavía no ha logrado la equiparación de las rentas de los agricultores con las del resto de los ciudadanos ni tampoco su estabilización, debe poner mucha más atención en la mejora estructural así como en la compensación de las rentas teniéndolas expresamente en cuenta. Todo ello admitiendo de una vez que la intervención pública de los precios y mercados no es posible ni, seguramente, deseable.

 

La apuesta agrícola brasileña.

Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de febrero de 2017.

Brasil es un actor importante en los mercados agrícolas internacionales, siendo el tercer exportador de productos agrícolas sólo por detrás de la Unión Europea y Estados Unidos. La agricultura representa el 5,6 % del PIB y el 13,7% del empleo brasileño.

Tras la eliminación de sus políticas de sustitución de importaciones, Brasil ha pasado de gravar fiscalmente su sector agrícola en los años ochenta y noventa a proporcionar un nivel moderado de apoyo a sus agricultores. El Apoyo Estimado al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) alcanza un valor del 2,6% del valor de mercado de la producción frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. ​​Como resultado, la actividad agrícola ha crecido significativamente en las últimas tres décadas. Debido a las mejoras de productividad, la producción agrícola se ha duplicado y la producción ganadera se ha triplicado desde 1990.

En la política agrícola brasileña intervienen dos ministerios distintos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Adquisiciones (MAPA) se centra en la agricultura comercial, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se dirige a la agricultura familiar. Gestionan, fundamentalmente, tres instrumentos destinados a hacer frente a la volatilidad de los precios y los ingresos como son el crédito rural, los precios mínimos garantizados y subvenciones a las primas de los seguros agrícolas.

1.- El crédito rural es la principal fuente de apoyo gubernamental para los agricultores tanto comerciales como familiares. El Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) concede préstamos a los agricultores a tipos de interés preferentes mediante la intervención en el sistema financiero. Los bancos brasileños están obligados a utilizar al menos el 34% de sus depósitos para préstamos a actividades agrícolas a un tipo de interés inferior al precio de mercado. Con el fin de garantizar estos préstamos preferentes, el gobierno puede compensar a los bancos mediante el pago (una parte de) los costos de reducción de la tasa de interés.

El gobierno brasileño fomenta la producción de biocombustibles y de etanol a través de estos instrumentos aplicados al cultivo de semillas oleaginosas y de azúcar. El consumo de biocombustible también se ha promovido a través de la reducción de impuestos para los propietarios de automóviles que funcionan con combinaciones de etanol y diesel.

Estos programas de crédito se han expandido considerablemente en los últimos años, alcanzando los 76.000 millones de dólares en 2014. De esta cantidad, el 87% se destinó a la agricultura comercial, mientras que sólo el 13% se destinó a fincas familiares. Se estima que las subvenciones para esta provisión de crédito alcanzaron los 10.000 millones de dólares durante 2014.

2.- Los precios mínimos garantizados también continúan siendo un pilar importante de la política agrícola brasileña y tienen como objetivo proteger a los agricultores contra la caída de los precios de mercado. 

Para la agricultura comercial, este apoyo de precios es distribuido regionalmente por la CONAB a través de la PGPM (Política de Garantía de Precios Mínimos) incluyendo compras directas del gobierno y el apoyo financiero al almacenamiento. Los instrumentos dirigidos a los precios de los pequeños agricultores también incluyen el Programa de Aquisición de Alimentos (PAA) y los programas de precios mínimos (PGPAF).La CONAB también compra directamente los productos agrícolas de las explotaciones familiares a precios de mercado y los distribuye como parte de los programas de alimentos o los utiliza para reponer sus existencias de alimentos. 

Los instrumentos de garantía de precios cubren más de treinta cultivos, incluyendo algodón, maíz, arroz, soja y trigo, pero también cultivos regionales como açaí, yuca, frijoles, guaraná, sisal y algunos productos ganaderos como leche y miel. Algunos ejemplos de precios de apoyo por tonelada incluyen 231 dólares para el trigo, 128 dólares para el maíz y 224 dólares para el arroz en 2015. Para financiar estos instrumentos, el gobierno brasileño gastó 2.500 millones de dólares en medidas para la agricultura comercial y 516 millones de dólares para la agricultura familiar en 2014.

3.- El apoyo a los seguros combinados y de rendimiento tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones en los ingresos de los agricultores a través de 4 programas principales que pagan una parte de la prima del seguro de los agricultores o compensan por pérdidas de producción causadas por desastres naturales.Para las fincas comerciales, el MAPA gestiona el Programa de Garantía Agraria (PROAGRO) y el Programa de Subvención para el Seguro Rural (PSR).

El programa general del PROAGRO está diseñado para ayudar a los productores que tienen problemas para financiar su crédito rural debido a las pérdidas de ingresos causadas por desastres naturales y enfermedades. Los agricultores pagan una prima a este programa basado en diferentes indicadores (el tipo de cultivo, la tecnología aplicada, el área de producción, etc.). Cuando el MAPA valora pérdidas de cosecha significativas, los agricultores quedan exentos de las obligaciones financieras sobre su crédito rural.

El programa rural de PSR subsidia las primas que las explotaciones comerciales tienen que pagar a las compañías de seguros autorizadas por el MAPA. Las contribuciones estatales dependen del tipo de cultivo y varían entre el 40% (para el ganado, la silvicultura y la acuicultura) y el 70% (para el frijol, el trigo y el maíz).

La agricultura a pequeña escala cuenta el seguro de la agricultura familiar (PROAGRO-MAIS / SEAF) y el programa Garantía-Safra, GS. El PROAGRO-MAIS, también llamado SEAF, forma parte del programa PROAGRO y también protege a los agricultores contra la pérdida de ingresos como consecuencia de fenómenos naturales. Cuando las pérdidas de los pequeños agricultores que participan en este programa superan el 30% de los ingresos esperados de los cultivos, están exentos de pagar sus obligaciones financieras del crédito rural. Este apoyo se limita a un máximo de 660 dólares por agricultor. Además, el gobierno subsidia el 75% de la prima del programa. Las explotaciones familiares situadas en áreas específicas de las regiones del Noreste y Sureste de Brasil pueden participar en el programa de GS, que permite a los agricultores que  pagan una cantidad fija de 225 dólares al año pueden recibir compensaciones si sus pérdidas registradas en la producción de frijol, yuca, algodón, maíz o arroz son superiores al 50%.

En 2014, los productores agrícolas comerciales recibieron 645 millones de dólares en subsidios de seguros a través del programa general de seguros y 300 millones de dólares a través del programa de seguros rurales. El apoyo a las explotaciones familiares de pequeña escala bajo el programa PROAGRO-MAIS-SEAF superó los 1.300 millones de dólares.

 

Australia, un referente en la competición agroalimentaria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

El crecimiento de la productividad ha sido fundamental para la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas australianas. Ha sido crucial para el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones  así como para el impulso del crecimiento de la producción agrícola australiana, que representa el 2,5% PIB y  el 2,8 % del empleo. La productividad total de los factores (PTF) ha aumentado a un ritmo del 1,6% anual entre 2003 y 2012, habiéndose aproximado al promedio de la OCDE.

En julio de 2015, el Gobierno australiano publicó el «Libro Blanco» de la competitividad agrícola, que  es la guía para el desarrollo de la política agrícola australiana. Una política que pretende aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas así como la contribución de la agricultura al crecimiento económico, al comercio, a la innovación y a la productividad.

Australia, que es la 12ª economía más grande del mundo, es un importante productor agrícola y tiene un excedente considerablemente grande que destina a la exportación. La agricultura australiana, fuertemente orientada al mercado, consume una proporción elevada de los escasos recursos hídricos de Australia. Esta escasez de agua, que se acentuará por el cambio climático, es el principal factor que limita la expansión agrícola. La agricultura es también la fuente dominante de metano y óxido nitroso, emitiendo alrededor del 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Australia.

El apoyo a los agricultores australianos se ha reducido continuamente desde niveles relativamente bajos en 1986-88 hasta el actual 1,3% en términos del indicador PSE de la OCDE que mide la ayuda pública total como porcentaje del valor de mercado de la producción. Se trata del segundo valor más bajo de la OCDE, después de Nueva Zelanda. El apoyo total a la agricultura (TSE) fue equivalente al 0,1% del PIB en los últimos años y el apoyo general a los servicios (GSSE) representa la mayor parte del apoyo total, con los principales elementos de financiación del Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola y el desarrollo de infraestructuras, que representan respectivamente el 58% y el 31% del GSSE.

Las reformas han llevado a precios internos alineados con los precios mundiales, y el Apoyo a los Precios del Mercado (MPS) es cero. La proporción de apoyo que distorsiona potencialmente el mercado se ha reducido del 86% del PSE en 1986-88 al 7% en 2013-2015. Al mismo tiempo, el apoyo agrícola se ha desplazado hacia pagos directos más específicos y la proporción de servicios generales en el apoyo total ha aumentado del 6% al 58%.

Con un bajo nivel de apoyo directo del gobierno a los agricultores y ningún esquema permanente de subvenciones agrícolas, los programas financiados con cargo al presupuesto se utilizan principalmente para el ajuste estructural, la asistencia temporal durante las sequías y para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.

Dado que los agricultores australianos se enfrentan ocasionalmente a condiciones climáticas extremas (como ciclones, incendios forestales, tormentas de granizo, inundaciones y sequías), la política agrícola australiana se centra principalmente en la gestión de riesgos y catástrofes implementados por los gobiernos central y locales. Si bien la mitad del presupuesto agrícola se destina también a apoyar los servicios generales, la conservación del medio ambiente y los programas de I + D, los principales instrumentos políticos de prevención de pérdidas graves de ingresos para los agricultores consisten en asistencia en casos de desastre y exenciones fiscales.

Los Acuerdos de Socorro y Recuperación por Desastres Naturales (NDRRA, por sus siglas en inglés) configuran un marco que reembolsa parcialmente a los agricultores que sufren daños por desastres naturales (excluidas las sequías)  Los reembolsos suelen cubrir el 50% de las pérdidas y se activan para «pequeños desastres» si el daño en un estado excede los 170 000 dólares y para «eventos de impacto severo» si son aprobados por el Primer Ministro australiano.

En 2014, se introdujeron medidas de asistencia adicionales a través del Acuerdo Intergubernamental sobre la Reforma del Programa Nacional de Sequía entre los gobiernos federal, estatal y territorial. Este nuevo enfoque reemplazó los acuerdos existentes para las sequías, centrándose en las diferentes causas de dificultad financiera para los agricultores. En particular, se creó el programa de ayuda familiar para proporcionar  apoyo a los agricultores que experimentan dificultades financieras, independientemente de sus razones (por lo que no se limita a los desastres naturales). Los reembolsos de este programa no dependen de los factores desencadenantes, sino que dependen de la situación  financiera de cada explotación,que es evaluada expresamente.

En 2014, el gobierno australiano gastó 157 millones de dólares en programas de asistencia a desastres y 308 millones en concesiones fiscales. En conjunto, estos programas representan más de la mitad del presupuesto total de apoyo a la agricultura, que es de 830 millones de dólares.

El Acuerdo Intergubernamental de 2014 también introdujo concesiones fiscales a los productores agrícolas facilitando el acceso de los agricultores al Esquema de Depósitos de Gestión Agropecuaria, cuyo objetivo es suavizar las fluctuaciones de los ingresos de los agricultores y mejorar su seguridad financiera a largo plazo. El importe mínimo de estos depósitos es de 700 dólares sin que puedan superar los 285.000 dólares, quedando exento de varias obligaciones tributarias. También se amplió el Plan de Préstamos Concesionales de Finanzas Agropecuarias, otorgando préstamos  adicionales con tasas de interés subvencionadas en varios estados. Estos préstamos pueden utilizarse para reestructurar la deuda, para financiar los gastos de funcionamiento y para las actividades de recuperación de sequías. Por último, también se ofrecen incentivos fiscales para promover inversiones y sistemas de producción sostenibles.

Los programas de investigación y desarrollo (I + D) son una componente importante del apoyo a la agricultura australiana. Las corporaciones rurales de investigación y desarrollo (RDCs) son el principal vehículo del gobierno australiano para apoyar la innovación rural y estimular el crecimiento de la productividad agrícola. Los CDR son una alianza entre el gobierno y el sector creada para compartir la orientación de la financiación y la dirección estratégica para la I + D agrícola, la inversión en I + D y la posterior adopción de los productos de I + D. Un sistema de gravámenes prevé la recaudación de las contribuciones de los agricultores para financiar los CDR y el Gobierno de Australia proporciona la contrapartida para los gravámenes.

Australia tiene una protección arancelaria insignificante en las importaciones de productos agrícolas y alimentos, y su política de comercio agrícola se dirige hacia la apertura del mercado mediante acuerdos comerciales multilaterales, bilaterales y regionales. Cuenta con diez ALC completos vigentes, tanto regionales como bilaterales, con Nueva Zelanda (ANZCERTA 1983), Singapur (SAFTA 2003), Tailandia (TAFTA 2005), Estados Unidos de América (AUSFTA 2005), Chile ), El Área de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA 2010), Malasia (2013), República de Corea (KAFTA 2014), Japón (JAEPA 2015) y China (ChAFTA 2015).

El principal acontecimiento en la política comercial australiana fue la firma del acuerdo de la Asociación Transpacífica (TPP) entre Australia y otros 11 miembros en febrero de 2016.

China refuerza su política agraria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de febrero de 2017.

El apoyo financiero aplicado por el gobierno chino a su agricultura ha aumentado significativamente en la última década, mostrando una tendencia fuertemente alcista. Así lo refleja el indicador de la OCDE que mide el apoyo al productor (PSE) como porcentaje del valor de mercado de la producción. Este apoyo alcanza actualmente el 21,3 % frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. Pero, además, la productividad del trabajo y del resto de los factores también está creciendo de forma muy destacada.

Los agricultores chinos cuentan con precios mínimos garantizados para el trigo y el arroz así  como intervenciones ad hoc para otros productos agrícolas. En combinación con los aranceles, los contingentes arancelarios y los controles gubernamentales, estos instrumentos de mercado garantizan un nivel mínimo de precios percibidos por los agricultores. Además, el gobierno chino aplica pagos directos a los productores de granos, subvenciona la compra de fertilizantes y energía así como la compra de semillas mejoradas y maquinaria. También subvenciona los seguros agrarios.

China se ha convertido en el primer productor agrícola mundial, produciendo en términos de valor, tanto como el valor total combinado de todos los países miembros de la OCDE. La agricultura sigue siendo un sector clave que representa el 31% del empleo total y aporta casi el 10% del PIB chino (2014). La producción agrícola se basa en pequeñas explotaciones familiares de menos de una hectárea en promedio, aunque la producción a gran escala se ha desarrollado rápidamente, en particular en las provincias del noreste. La producción ganadera se concentra en grandes unidades comerciales.

China también se ha convertido en un gran importador neto de productos agroalimentarios, en particular de soja, algodón, aceites comestibles y azúcar. Alrededor del 60% de las importaciones agroalimentarias son productos primarios destinados a la transformación industrial. Hay que tener en cuenta que, concentrando casi el 20% de la población mundial, tan sólo concentra el 7% del agua potable y el 10% de las tierras agrícolas mundiales.

El crecimiento de la producción agrícola en China promedió 3.6% entre 2003 y 2012, casi un tercio por encima de la media mundial. Se ha impulsado por un impresionante aumento de la productividad total de los factores en un 3,2% anual, casi el doble de la media mundial. Sin embargo, un crecimiento tan rápido ejerce presiones crecientes sobre los recursos naturales.

Los precios mínimos garantizados para los granos son determinados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), en estrecha cooperación con el Ministerio de Agricultura de China y otras instituciones estatales. Las garantías de precios se limitan a las mayores provincias productoras de granos y difieren para los distintos tipos de grano. En 2015, los precios medios de apoyo por tonelada se estima que fueron de 384 dólares para el trigo, 361 dólares para el maíz y 438 dólares para el arroz.

Las compras de intervención se llevan a cabo por la Corporación de Reservas de Granos de China (Sinograin)  cuando el precio de mercado del trigo, maíz y arroz cae por debajo de ciertos niveles. Esto requiere grandes reservas públicas, que son gestionadas por la Administración Estatal de Granos. El nivel actual de reservas de cereales equivale al 40% del consumo interno de China, que es  superior a la de cualquier otro país del mundo. El coste del mantenimiento de estas reservas ascendió a 8.800 millones de dólares en el año 2013.

También se llevan a cabo intervenciones ad hoc de mercado a precios fijos, aunque éstos no siempre se ejecutan y hay diferencias regionales significativas. Sin embargo, en los últimos años se han abandonado las prácticas intervencionistas en los sectores del algodón y la soja, que se han sustituido por un sistema de pagos directos compensatorios cuando los precios caen por debajo de cierto nivel. Este sistema podría extenderse a otros productos en el futuro.

El importe de las transferencias presupuestarias proporcionadas a través de estas intervenciones de precios ha aumentado significativamente desde fines de la década de 1990, ya que los precios mínimos se han incrementado cada año. En 2014, el gobierno chino compró a sus agricultores 365 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que representa un tercio del gasto agrícola total del país. Como resultado de estas medidas, los precios percibidos por los agricultores chinos son un 20% más altos que los de los mercados mundiales.

Además, los aranceles aplicados a los productos agrícolas ascienden en promedio al 15%, y varios productos agrícolas también están sujetos a contingentes arancelarios, entre ellos el trigo, el maíz, el arroz, la lana, el algodón y ciertos tipos de abonos.

Los productores de cereales también reciben pagos directos para apoyar su producción y estabilizar sus ingresos. Se pagan a una tasa fija por unidad de terreno, que consiste en 24 o 36 dólares por hectárea, dependiendo de la región. El gasto público en estos pagos directos supone 2.400 millones de dólares anuales.

Se conceden subsidios, en forma de pagos fijos por hectárea, a los insumos agrícolas para compensar a los productores de granos por el aumento de los precios de los fertilizantes, la energía y el combustible con el propósito de apoyar directamente los ingresos de los agricultores. Las transferencias presupuestarias para todos este programas suponen 17.100 millones de dólares

Existe un programa de mejora de semillas en forma de subvenciones a los agricultores que dependen del cultivo: mientras el gobierno nacional efectúa pagos en efectivo por hectárea para arroz, maíz y colza, las provincias pueden hacer pagos directos o reducciones en los precios de las semillas para el trigo, la soja y el algodón. Los agricultores reciben entre 24 y 36 dólares por hectárea, dependiendo del producto. Sin embargo, no se controla si estos fondos se utilizan realmente para la compra de semillas. El presupuesto de este programa asciende a 3,500 millones de dólares-

Las compras de maquinaria agrícola también están siendo cada vez más subvencionadas a través de un programa que compensa al comprador o vendedor por el 30% del precio. Actualmente, este programa de subsidios abarca 12 categorías y 48 subcategorías de máquinas. En teoría, las contribuciones estatales se limitan a 7.900 dólares por partida individual, pero estos límites de subsidio nunca se aplican en la práctica. El coste de este programa es de 3.500 millones de dólares.

Por último, existen varios regímenes de seguros combinados tanto para los cultivos como para el ganado a nivel regional. En 2013, los seguros cubrieron 73 millones de hectáreas de tierra agrícola, que es casi la mitad de la superficie total de cultivo. Los seguros son proporcionados por 25 corporaciones privadas elegibles, mientras que los costes de la prima son compartidos entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los propios productores agrícolas. Existen algunas variaciones en los factores desencadenantes de las reclamaciones de pago, ya que éstas se deciden a nivel regional (por ejemplo, en la provincia de Shandong las pérdidas de rendimiento para el trigo deben ser superiores al 40%). El porcentaje de subvención también varía para los diferentes productos agrícolas, pero cubre las primas  en un mínimo de 60% para los cultivos y 70% para el ganado.

Los seguros agrícolas se han extendido en los últimos años, y China se ha convertido en el segundo mayor mercado de seguros agrícolas del mundo, después de Estados Unidos. Las contribuciones del gobierno central ascendieron a 3.600 millones de dólares en 2013, mientras que 33,7 millones de hogares se beneficiaron de estos planes de seguro por un importe total de 3.400 millones de dólares.

Fuentes:

Riesgos y rentas en la Farm Bill.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 19 de febrero de 2017.

El fortalecimiento de los seguros y la eliminación de los pagos directos desacoplados, que han sido sustituidos por los programas de cobertura de pérdidas e ingresos, han sido las principales novedades de la Farm Bill vigente con respecto a la anterior. La renta de los agricultores se ve así apoyada, tanto en lo que se refiere a la suficiencia como a su estabilización, que son dos problemas distintos a tener en cuenta.

La Farm Bill 2014-2018, que es el equivalente a la PAC en Estados Unidos, cuenta con un presupuesto total de 488.631 millones  para el periodo 2014-2018.  La ayuda alimentaria a la propia población estadounidense, dotada con 390.650 millones $, concentra el 79,95 % del presupuesto total.  Le siguen en dotación el Programa de Seguros Agropecuarios, con 41.420 millones $, los programas de conservación que, con 28.165 $, incentivan el uso agrícola sostenible de la tierra y los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos, dotados con 23.556 millones $ . Estos 4 programas concentran el 99,01 % del presupuesto.

Farm Bill 2014-2018 Millones $ %
Ayuda alimentaria 390.650 79,95%
Seguros agropecuarios 41.420 8,48%
Programas de conservación 28.165 5,76%
Cobertura de pérdidas e ingresos 23.556 4,82%
Comercio 1.782 0,36%
Apoyo a la hortofruticultura 874 0,18%
Investigación y extensión 800 0,16%
Energías renovables y eficiencia 625 0,13%
Desarrollo rural 218 0,04%
Otros 541 0,11%
TOTAL 488.631 100,00%

En los programas de conservación así como los de cobertura de pérdidas e ingresos quedan excluidos quienes presentan un Ingreso Bruto Ajustado  (AGI), incluyendo el ingreso no agrícola, superior a 900,000 $ anuales. Además, el máximo anual que puede percibirse es de 125.000 $ por beneficiario (ambos cónyuges pueden serlo) considerando todos los pagos procedentes de los nuevos programas de cobertura de precios e ingresos y las ayudas en forma de préstamos para comercialización. Existe un límite separado de 125,000 $ para los cacahuetes. Los pagos de transición del algodón se limitan a $ 40.000 por año. No hay limitaciones de pago para las ayudas a los seguros.

1,.- El programa de seguros agropecuarios proporciona seguros, subvencionando primas y gastos, para proteger a los productores contra las pérdidas resultantes de los riesgos asociados a los precios y los rendimientos.

En el Programas de Seguro de cosechas la opción de cobertura suplementaria (SCO) ofrece una cobertura basada en el rendimiento medio o de los ingresos del condado, subvencionando a los productores el 65 por ciento del importe de las primas.

El Programa de Protección de Margen (MPP) es un seguro que ayuda a los productores de leche cuando la diferencia entre los precios de la leche y los costes de alimentación cae por debajo de un margen objetivo.

Las compañías aseguradoras venden y la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA desarrolla, administra los subsidios de primas y gastos, aprueba y apoya los productos y reasegura.

2.- Los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos  incluyen ayudas basadas ​​en precios e ingresos de referencia. Consta de dos programas, el de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) y el del Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC) pudiendo adherirse los productores a solo uno de los dos:

2.1.- El Programa de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) ayuda al producto acogido al programa en la explotación cuando el precio de mercado cae por debajo del precio de referencia.

                                PLCij = Tpi x 0,85 x Sbij x Rpij

  • PLCij es el Importe de pago que recibe la explotación (j) para el producto cubierto (i) al que se ha acogido dicha explotación para todo el plazo de vigencia de la FB2014 .
  • Tpi es la Tasa de pago del cultivo Tpi = Pri – Pmi
  • Pri es el precio de referencia establecido en la FB de 2104
  • Pmi es el precio de mercado (media nacional anual).
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • Rpij es el Rendimiento de pago o promedio obtenido en la explotación (j) durante 2008-2012.

2.2.- El Programa de Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC)  paga una ayuda cuando el ingreso cae por debajo del nivel de referencia, que puede ser el del condado o el individual.

2.2.1.- En el Programa ARC con referencia en el condado la ayuda se paga cuando el ingreso procedente del cultivo acogido al programa en la explotación cae por debajo del 85% del ingreso de referencia establecido para el condado.

                    ARCij= Sbij x (IRCiIREij) ≤ 0,10 x IRCi x 0,85 x Sbij

  • ARCij es Importe de la ayuda resultante para el cultivo (i) en la explotación (j)
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • IRCi es el Ingreso de referencia del cultivo para el condado (por acre): rendimiento promedio del condado de los últimos 5 años multiplicado por el precio promedio nacional olímpico o el precio de referencia-el que sea mayor para cada año- diferenciando regadío y secano.
  • IREij es el Ingreso real del cultivo obtenido en la explotación (por acre): rendimiento medio obtenido en la explotación multiplicado por el precio medio nacional.

2.2.2.- En el Programa ARC con referencia individual la ayuda se paga cuando los ingresos procedentes de todos los cultivos de la explotación acogidos al programa son inferiores al 86% de la garantía individual establecida. A partir de la Referencia Individual: IRIj  = ∑i Sbij  x Rpij x máx (Pri,Pmi) y el Ingreso real de la explotación: IREj = ∑i Sij  x Rij x Pmi el Importe de la ayuda a la explotación es

                           ARCj= IRIj– IREj ≤  0,10 x IRIj x 0,65 x Sbj  

siempre y cuando IREj < 0,86 x IRIj. Pero si IREj ≥ 0,86 x IRIj entones ARCj=0.

La Farm Bill como referente en el debate sobre la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de febrero de 2017.

Cuando Franklin Delano Roosvelt (1882-1945) llega a la presidencia de los Estados Unidos (1933), la nación se encuentra al borde del abismo. Las tormentas de polvo (Dust Bowl), un desastre ambiental prologado, entre 1930 y 1939, y  causado por el efecto combinado de la sequía y las malas prácticas agrícolas, agravaron los efectos de la Gran Depresión de 1929. Las malas cosechas devaluaron las tierras y el caos del sistema financiero llevaron a la banca rota a los agricultores de las Grandes Llanuras, que no pudieron hacer frente a sus hipotecas. Los  efectos se hicieron sentir en todo el mundo.

El Presidente Roosvelt ( 1933-1945) promete «esfuerzos concretos para aumentar el valor de los productos agrícolas» y su administración, bajo la dirección del Secretario de Agricultura Henry A. Wallace, aprueba en 1933 la Agricultural Adjustment Act (PL 73-10) dando origen con ello a lo que desde entonces se conoce como Farm Bill. Nace así la política agrícola moderna, orientada al apoyo de las rentas agrícolas al tiempo que se asegura el abastecimiento de alimentos a la población, que sustituye a la vieja política de Reforma Agraria basada en la distribución de la tierra. La Política Agrícola Común (PAC) no aparece hasta 1962, casi 30 años más tarde que la Farm Bill.

En 1933, dar dinero directamente a los agricultores no era una opción en los Estados Unidos ya que habría sido visto como una política socialista. La solución que se adoptó fueron los precios de garantía. En 1936, el impuesto que financiaba la Farm Bill de 1933, aplicado al procesamiento de las materias primas, fue declarado inconstitucional por beneficiar a los agricultores y perjudicar a todos los demás. Sin embargo, la transferencia de dinero a los agricultores para conservar el suelo, en base a la Ley de Conservación del Suelo de 1935 (PL 74-46,) no había sido impugnada por los tribunales y permitió renovar la Farm Bill en 1936 mediante la Soil Conservation and Domestic Allotment Act (PL 74-461).

La Farm Bill de 1936 pretendía “asegurar la protección de la tierra contra la erosión del suelo y otros fines”. Los “otros fines” eran elevar el poder adquisitivo de los agricultores. La población, tras el Dust Bowl y el trabajo de H.H. Bennett, era sensible a la conservación del suelo y los analistas consideraron que esta conservación era de interés público y que, por lo tanto, debía ayudarse con fondos públicos a que los agricultores la llevasen a cabo (Helms, 2003). La nueva política agrícola había arraigado.

La Farm Bill ha tenido continuidad desde su creación en 1933 si bien ha pasado por diferentes fases en relación con su apoyo presidencial y parlamentario. Así, por ejemplo, el presidente Ronald Reagan (1981-1989) afirmaba que Si el dinero pudiera resolver el problema agrícola, los Estados Unidos lo habrían resuelto hace tiempo”.  El presidente George Walker Bush (2001-2009) vetó la Farm Bill en 2008 por considerar excesiva la ayuda aplicada a los agricultores y excesivos los riesgos de demanda por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La mayoría de 2/3 del Congreso permitió superar el veto presidencial. El presidente Barak Hussein Obama (2009-2017), en octubre de 2013, declaraba que ”Deberíamos aprobar la Farm Bill, de la que los agricultores de América dependen, que protege de la necesidad a niños y adultos vulnerables, y que ofrece a las comunidades rurales oportunidades de crecimiento así como las certezas que a largo plazo merecen.“  Obama tuvo dificultades para obtener la aprobación la nueva Farm Bill  de 2014 por parte del  Congreso. Habiendo finalizado la prórroga de la  Farm Bill de 2008 en septiembre de 2013 no pudo aprobarse para el  nuevo periodo 2014-2018 hasta febrero de 2014.

Casi nada de lo que configura la PAC puede considerarse verdaderamente original. Como se ha  visto, no es original en su creación. Pero tampoco lo es ni en su desarrollo ni en su evolución que, a juzgar por los hechos, parece verse fuertemente influida por la Farm Bill pero con efecto retardado. Así Estados Unidos abandonó la politica de precios y mercados a partir de 1985; la Unión Europea no lo hace hasta 1992 con la Reforma MacSharry. La Farm Bill introduce el apoyo a la retirada de tierras agrícolas de la producción  en 1956 para abandonarlo en 1996. La PAC adoptó esta política entre 1988 y 2008. Los programas agroambientales como tales fueron introducidos por la Farm Bill en 1985 mientras que la PAC no los adopta hasta 1992. Ni siquiera los Programas de Desarrollo Rural introducidos por la PAC en 1988 son una aportación europea ya que la Farm Bill los aplica desde 1970. La Farm Bill  2014-2018, aprobada casi al mismo tiempo que la Reforma de la PAC de 2014, elimina completamente los pagos directos desacoplados introducidos en 1996 aplicando nuevas fórmulas de apoyo a las rentas y gestión de riesgos basadas en ingresos de referencia y seguros agrarios. Por el contrario la PAC refuerza y consolida los pagos directos desacoplados, introducidos en 2003.

Sólo el enfoque socio-estructural propuesto por Mansholt en 1968, que fue enérgicamente rechazado por los agricultores europeos, junto con el sistema de seguros agrarios introducidos en España  mediante ley de 1978,  tomada como referencia en todo el mundo, pueden considerarse aportaciones europeas verdaderamente originales a la política agrícola moderna.

Podría decirse que la PAC, que ahora aborda el debate sobre su futuro, debe decidirse entre dos opciones alternativas:

  • Seguir copiando, con retraso, las herramientas de la Farm Bill. En tal caso no es difícil pronosticar el final de los pagos directos desacoplados y, con ello, el de los derechos históricos en los que se basa la PAC. Es más difícil pronosticar cuál será la evolución de la Farm Bill, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades políticas que ha tenido que superar durante la última década sí como el confuso panorama introducido por Donald Trump.
  • Apostar por un enfoque original, no por ser original sino para asegurar la coherencia con  nuestras condiciones socio-territoriales y estructurales, que nada tienen que ver con las de los Estados Unidos. En este caso el sistema de pagos directos desacoplados, basado en derechos históricos, también es rechazable puesto que, entre otros motivos, impide cambiar las cosas.