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¿PAGAMOS LO QUE COMEMOS? (J. Olona. Heraldo de Aragón 4-07-2010)

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PENSAR QUE TODO EL PROBLEMA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO SE DEBE A LA EXISTENCIA DE INTERMEDIARIOS DESALMADOS RESULTA BASTANTE INGENUO.

Entre 2003 y 2010 la Renta Agraria Española ha caído un 26,44%, nada más ni nada menos. Ni siquiera el efecto combinado de las ayudas comunitarias, que alcanzan los 7.000 millones de €, ni la reducción del número de agricultores en más de 100.000, han conseguido mantener la renta por agricultor, que en estos últimos siete años, en precios corrientes, se ha reducido no un 5% ni un 15%, sino un 17,25%. Esto no supone otra cosa que ampliar, todavía más, la enorme brecha existente entre las rentas de los agricultores y las del resto de los ocupados, que durante los últimos 50 años se han mantenido en una relación de 1 a 2. El impresionante incremento que ha experimentado la  productividad del trabajo agrario en estos 50 años, que se ha multiplicado por 14, ha permitido transferir, desde el campo a la ciudad, ingentes cantidades de recursos en beneficio de todos pero con lo que, a juzgar por la evolución de las rentas, poco o nada se han beneficiado los propios agricultores.

Cuando se cuestiona el mantenimiento de las ayudas agrarias es preciso tener en cuenta los datos anteriores y reflexionar muy seriamente sobre si podemos afirmar con rotundidad que no le debemos nada al campo. Y no nos podemos quedar tan tranquilos pensando que la culpa de todo la tienen unos supuestos intermediarios que, de forma abusiva, se quedan con buena parte de lo que paga el consumidor final en perjuicio del agricultor. Ésto, en su caso, sólo es una mínima y anecdótica parte de un problema enormemente complejo.

Es sabido que el mercado real admite la especulación y el abuso, pero también sabemos que difícilmente permite que un negocio siga siendo excepcionalmente ventajoso durante mucho tiempo. En otras palabras, sabemos que  cuando algo es un chollo, antes pronto que tarde deja de serlo. Por tanto, pensar que todo el problema del sector agroalimentario se debe a la existencia de intermediarios desalmados resulta bastante ingenuo.

Para acercarse a la realidad del problema hay que empezar por preguntarse si los consumidores finales pagamos el coste real de los alimentos que consumimos y si nuestra disposición real de pago es verdaderamente consecuente con las enormes exigencias que imponemos. En este punto debemos reconocer la actitud hipócrita de nuestra sociedad, que no refleja en el comportamiento real de los consumidores el estado de opinión que manifiesta. Todos, sin excepción, nos declaramos a favor del consumo de alimentos de calidad, que contribuyan a la responsabilidad social, a la protección del medio ambiente y de la cultura tradicional. Pero, ¿cuál es el criterio de compra dominante? No nos engañemos, rebuscar en los lineales lo más barato ahorrando todo lo posible, que buena falta hace. La Encuesta de Presupuestos Familiares, que publica el INE, nos muestra como el gasto en alimentación supone poco más del 12% y que tiende a la baja al tiempo que los gastos dedicados al ocio, por ejemplo, aumentan. Por otro lado, es manifiesta la preocupación de los gobiernos por el coste de la alimentación y su efecto sobre la inflación. ¿Cuántas veces hemos oído en las notiocias vincular la inflación con el precio del pollo o de las patatas? .Tampoco conviene olvidar, sobre todo para que no se repita, que la intoxicación alimentaria más grave ocurrida en España se debió a la venta ambulante de aceite de colza, fabricado para uso industrial y que atrajo la atención del público por su bajo precio.

De las acciones de mejora de la eficiencia que deben abordarse con urgencia en todos los eslabones de la cadena alimentaria, no debe excluirse al consumo final, que debe mejorar, de forma muy apreciable, su nivel de formación ei nformación. El consumidor final, es decir todos nosotros, debe ser más consciente de la dificultad y coste que supone hacer llegar los alimentos desde el campo a la mesa. En particular, es preciso que los consumidores seamos más conscientes y coherentes, también, con las exigencias ambientales asumiendo la repercusión de los costes asociados. Ésto es imprescindible asimismo para asegurar que los requerimientos ambientales que se imponen a la agricultura y a la industria alimentaria sean racionales y justificados por los beneficios derivados. Es la mejor forma de evitar arbitrariedades y caprichos que, traduciéndose en costes excesivos y perjuicios económicos para los productores, no aportan ventaja real alguna para los consumidores.

POR UNA COMIDA MÁS SEGURA (J. Olona. Heraldo de Aragón 23-05-2010)

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SI SE FRENA EL AVANCE TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA, LA HUMANIDAD NO PODRÁ HACER FRENTE EN BREVE A LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS, QUE SE HABRÁN DUPLICADO EN 2050.

El primer requisito de seguridad alimentaria es comer todos, todos los días y varias veces a ser posible. El segundo, que los alimentos no dañen nuestra salud. La naturaleza, por sí misma, no garantiza ninguna de las dos cosas. La agricultura, que no debe olvidarse que es una tecnología, junto con la industria alimentaria, mediante la continua innovación, da la respuesta adecuada. Mientras la innovación se basó casi exclusivamente en la casualidad el progreso alimentario fue muy lento. Sólo cuando se incorporó la ciencia este progreso se aceleró permitiendo con ello afrontar los enormes retos del crecimiento demográfico. No nos equivoquemos, si se frena el avance tecnológico en la agricultura la humanidad no podrá hacer frente a las necesidades alimentarias del futuro inmediato, que se habrán duplicado respecto de las actuales en 2050. Por lo tanto, no sólo no debería dificultarse el desarrollo tecnológico agroalimentario como de hecho se está haciendo en Europa, sino que debería apostarse por ello verdaderamente en serio. Para ello, es imprescindible que la opinión pública europea y española, esencialmente urbana y con una visión cada vez más idílica de la naturaleza, evolucione hacia posturas más racionales, realistas y mejor informadas.

En la naturaleza, todos los seres vivos evitan convertirse en alimento de otros. Para ello producen sustancias tóxicas, normalmente proteínas cuya fabricación controlan los genes. Las estrategias de resistencia más eficaces son las que prosperan haciendo que las especies compitan en una verdadera escalada de toxicidad. Lo hacen especialmente los vegetales, que no corren, ni nadan ni vuelan. Ninguna de las especies y variedades agrícolas resultan ajenas a estas estrategias de supervivencia basadas en la toxicidad. Esto hace inevitable que todo alimento, también el “ecológico”, incluya sustancias potencialmente dañinas para nuestra salud.

Teófilo Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso, adelantó en el siglo XVI uno de los axiomas básicos de la toxicología moderna: «¿Qué hay que no sea un veneno? Todas las cosas son veneno, y nada carece de veneno. Es la dosis la que hace que una cosa no sea un veneno».Por decir estas cosas, y otras parecidas, Paracelso fue expulsado de la Universidad.y de la ciudad de Basiela. Sin embargo, a juzgar por lo hechos, esta afirmación de hace casi 500 años parece seguir siendo demasiado avanzada, incluso para nuestra actual “Sociedad del Conocimiento”.

A pesar de que todos sabemos de la acción letal de muchos productos naturales, como por ejemplo las setas, ha prosperado la creencia ciega, y por lo tanto peligrosa, en que un alimento es tanto mejor para nuestra salud cuanto más natural sea. En nuestra sociedad ha calado la idea reduccionista, y por tanto inadecuada, de que toda “artificialidad” es mala mientras que todo lo “natural” es bueno. Esto induce a pensar, y no faltan inductores que lo potencian, que toda aplicación tecnológica a la agricultura y a la alimentación es perjudicial para la salud y el medio ambiente. Se olvida, por ejemplo, que la práctica erradicación de multitud de enfermadedes alimentarias se debe a la aplicación generalizada de tecnologías avanzadas en la producción, distribución y control de los alimentos. Es posible que la leche de los supermercados no sepa exactamente igual que la de las antiguas lecherías pero también es cierto que las “fiebres de malta”, por ejemplo, son una enfermedad del pasado que quienes la sufrimos no añoramos en absoluto.

Sin negar que todo avance tecnológico entraña algún riesgo, y que es preciso mejorar el conocimiento de las relaciones entre los componentes de los alimentos y la salud humana, nuestra sociedad debería asumir con más convicción y realismo que es la ciencia y la tecnología agroalimentaria, aplicadas responsablemente y con la supervisión adecuada, lo que más y mejor protege nuestra salud. Los progresos en la seguridad alimentaria, incluyendo la erradicación del hambre, sólo serán verdaderamente eficaces si todos apostamos más por la ciencia y menos por las ideologías, el oportunismo, las modas y el márketing, malos compañeros de viaje cuando lo que importa es la salud y el bienestar público.

RESPUESTA A BERENGUER (J. Olona. CincoDias, 5-5-2010)

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El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC),  D. Luis Berenguer, publicó en Cinco Días, el pasado 19 de abril, un artículo titulado “Visados Profesionales”. Por razones de brevedad, y por considerarla ofensiva además de falsa, me limitaré a rebatir únicamente la afirmación relativa a que “el modelo vigente permite a las élites colegiales mantener su statuts a costa de retraer ingresos de sus propios colegiados y encarecer los proyectos”.

Semejante disparate dice poco sobre el conocimiento que se le supone a la CNC en relación con la cuestión que pretende regular y que, entre otras, hace referencia al visado que otorgan los colegios de las diferentes ingenierías y de la arquitectura. Sepa el Sr. Berenguer que quien suscribe, miembro de esa supuesta élite colegial que estaría parasitando a sus compañeros de profesión, ejerce su cargo de Decano de forma absolutamente desinterasada y gratuita, al igual que el resto de los miembros de la Junta de Gobierno, que no perciben compensación económica alguna por su dedicación al Colegio.

Conviene aclarar también que esa supuesta élite colegial, que viviría a costa de los colegiados, siempre según el Presidente de la CNC, es elegida democráticamente por sus propios compañeros de profesión, que tienen nombres y apellidos, y ante quienes responde directamente de su gestión.

Puedo asegurar que mi profesión no es, ni pretende serlo, la de Decano sino la de Ingeniero Agrónomo y que vivo, exclusivamente, del ejercicio profesional de la misma. También puedo afirnar que llevo 28 años contribuyendo al sostenimiento de mi Colegio

–aclarar que como Decano tan sólo llevo poco más de 1 año-  sabiendo que nadie ha vivido ni se ha beneficiado a mi costa, sino que todos quienes me han precedido han contribuido, con una generosidad que les honra, a que yo mismo, y otros muchos, hayamos podido ejercer nuestra profesión con las debidas garantías. También tengo la convicción de que han contribuido, de forma muy eficaz y completamente altruista y desinteresada, a que el desempeño de la  profesión de Ingeniero Agrónomo, cuya regulación compete al Colegio, haya redundado en beneficio de la sociedad en su conjunto. Precisamente, por considerarme en deuda con mi Colegio y por entender que, por encima de cualquier otro interés, es una institución de derecho público al servicio del interés general, es por lo que decidí presentarme a las elecciones de Decano, y con esas mismas convicciones desempeño el cargo tras haber resultado elegido.

Es cierto que el clima reinante no favorece la práctica del altruismo ni del trabajo desinteresado, pero sepan los lectores que precisamente bajo esas condiciones, aplicadas al pie de la letra, se desempeñan todos y cada uno de los cargos elegidos democráticamente en mi Colegio, habiendo sido así desde su fundación hace 60 años. Y sepan también que en absoluto somos una excepción.

LA PAC ES COSA DE TODOS (J. Olona. Heraldo de Aragón 2-05-2010)

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LOS EUROPEOS TIENEN UNA VALORACIÓN FAVORABLE AL APOYO DE LA AGRICULTURA, PERO ESTE APOYO DEBE HACERSE MÁS EXPLÍCITO ANTE UN ESCENARIO FINANCIERO MÁS RESTRICTIVO.

El pasado 12 de abril, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Dacian Ciolos afirmó ante el Parlamento Europeo que «La Política Agrícola Común va dirigida a toda la sociedad. Es política de todos, y no sólo de quienes trabajan en el sector. La agricultura europea tiene que ver con la seguridad de los alimentos, pero también con el paisaje, el empleo, el medio ambiente y el cambio climático”.El Comisarió invita a todos los ciudadanos y organizaciones interesados de la UE,  activos o no en este sector, a participar en el debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común habiendo abierto para ello un proceso de consulta pública.

Con independencia del valor, validez y utilidad real de los resultados que puede generar una consulta de este tipo, la iniciativa del Comisario merece interpretarse como un gesto a favor de una PAC verdaderamente política, que es el primer requisito que debería afrontar en serio la nueva Reforma. El tradicional enfoque tecnocrático del que ha sido objeto la PAC no sólo le ha restado legitimación social sino que la ha llevado a una burocratización exagerada y, lo que es peor, ha puesto en peligro su propia continuidad. Tuvimos que asistir a una grave crisis alimentaria mundial (2008) para que algunos comprendieran que laagricultura europea no puede ni debe dirigirse mediante criterios estrictamente económicos. Ni la ciencia económica, por sí sola, tiene todas las respuestas ni está completamente exenta de componentes ideológicos que, en todo caso y en un contexto democrático, corresponde aplicar a los políticos y no a los funcionarios de Bruselas.

Este nuevo enfoque también contribuye a que los agricultores, como de hecho vienen haciendo sus respectivas organizaciones profesionales, apuesten más por influir en el diseño de la nueva PAC y menos por adivinar y anticipar sus novedades. También por trasladar el debate a la sociedad haciéndolo comprensible al público en general.

El Comisario Ciolos ha planteado el debate público sabiendo que los europeos tienen una valoración inicialmente favorable al apoyo de la agricultura pero sabiendo también que este apoyo debe hacerse más expreso para abordar una Reforma en un escenario financiero mucho más restrictivo. Las encuestas llevadas a cabo en el marco del Eurobarómetro reflejan efectivamente el apoyo ciudadano. La última, realizada entre el 13 de noviembre y el 9 de diciembre de 2009, pone de manifiesto que existe una amplia mayoría, el 83%, que apoya el mantenimiento del presupuesto comunitario destinado al apoyo de la agricultura. Esta mayoría se ha ido incrementando desde 2006. Este resultado es coherente, y queda explicado, por el hecho de que el 90% de los europeos entienden que la agricultura y el medio rural resultan vitales para el  futuro de Europa. Dos tercios de la población europea estiman que el presupuesto de la PAC es adecuado o suficiente y sólo un 17% consideran que es demasiado alto. El 70% coincide en que las ayudas financieras a los agricultores deberán permanecer o incrementarse durante la próxima década.

La opinión pública europea considera que los grandes objetivos de la PAC siguen vigentes.Éstos no son otros que contribuir a la calidad y la seguridad alimentaria, proporcionar un nivel de vida adecuado a los agricultores, garantizar unos precios razonables a los consumidores y proteger el medio ambiente, incluyendo la lucha contra el cambio climático.

El 61% de los europeos no creen que la agricultura sea una de los principales factores del cambio climático, pero el 46% cree que, desde la agricultura sí que puede lucharse de forma muy eficaz contra dicho fenómeno. De hecho, el 82% piensa que la Unión Europea debería ayudar a los agricultores a introducir cambios en su forma de trabajar con el propósito de combatir el cambio del clima.

Pero es de vital importancia que la nueva Reforma de la PAC, como política pública que busca el interés general y que se financia con el dinero de todos, concite el apoyo social más amplio posible y éste  no quede limitado exclusivamente  al del propio sector agrario y al de los expertos. Hay que desear por tanto que la iniciativa del Comisario Ciolos se traduzca en una amplia participación pública que ayude realmente a configurar la PAC que se necesita. Es por ello que, desde nuestro Colegio, animamos a todos a expresar su opinión en http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_es.htm

MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD (J. Olona. Heraldo de Aragón 18-04-2010)

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LOS PROBLEMAS QUE SE APRECIAN DE DESPOBLACIÓN RURAL Y DE DESEQUILIBRIO ESPACIAL JUSTIFICAN LA NECESIDAD DEL ENFOQUE TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Frente a la tradicional polarización entre lo rural y lo urbano, cada vez toma más fuerza la idea de potenciar las relaciones entre ambos y con el fin de impulsar el desarrollo del territorio en su conjunto.

Los problemas de despoblación rural y de desequilibrio espacial, especialmente visibles en Aragón, unidos a la necesidad de equiparar las condiciones de vida de los ciudadanos con independencia de su residencia, justifican la necesidad del enfoque territorial en la las políticas públicas.

El reciente Tratado de Lisboa añade expresamente la dimensión territorial al principio de Cohesión que, hasta ahora, sólo se contemplaba formalmente desde la perspectiva económica y social. Por otro lado, el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial de la Comisión Europea pone un especial énfasis en las relaciones y vinculaciones entre el “campo y la ciudad”. De este modo responde a los planteamientos de la Estrategia Territorial Europea, aprobada en 1999 en Postdam, así como a la más reciente Agenda Territorial de la UE aprobada en Leipzig en 2007.

El desarrollo territorial debe traducirse en la reducción de las desigualdades geográficas, particularmente en las condiciones y calidad de vida de la población. Debería ser simplemente el resultado de la buena gestión de unas políticas públicas bien diseñadas y coordinadas. Esto no se consigue por el mero hecho de crear más y más órganos y organismos que, en ocasiones, lo único que consiguen es aumentar el gasto y dificultar todavía más la coordinación. Tampoco se consigue anteponiendo los intereses institucionales, cuando no meramente partidistas, a las necesidades y problemas reales de la gente. La instrumentalización político-partidista de los procesos de descentralización administrativa, la excesiva focalización de la Ordenación Territorial sobre el urbanismo, la clamorosa falta de colaboración ministerial y departamental en la puesta en marcha y aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la desvinculación de la Política de Desarrollo Rural de la Política de Cohesión de la UE o la escasa visibilidad del enfoque territorial en ésta última son ejemplos que ponen de manifiesto las insuficiencias institucionales y políticas a las que debe hacerse frente si se quiere abordar en serio el objetivo de la cohesión territorial.

Pero también es preciso avanzar en una mejor comprensión de lo “urbano” y lo “rural”. Aunque son conceptos muy intuitivos no son tan útiles ni operativos como parece. Llama la atención, por ejemplo, que nunca se haya conseguido una definición formal y precisa, plenamente aceptada, ni de la ruralidad ni de lo urbano. El tratamiento tradicionalmente separado de ambos conceptos resulta cada vez más inadecuado siendo conveniente adoptar una nueva visión, más sencilla y práctica, en la que simplemente se considere el territorio en su conjunto. Lo rural y lo urbano no son entes aislados y separados sino que es de forma conjunta como configuran la realidad y la dinámica territorial que observamos. Éstas surgen de unas complejas relaciones sociales, económicas, ambientales e institucionales cuya puesta en valor e intensificación es una de las claves sobre las que abordar una nueva estrategia de desarrollo más útil y efectiva para todos, que es lo que interesa.

EL MUNDO APUESTA POR LAS BIOTECNOLOGÍAS AGRARIAS (J. Olona. Heraldo de Aragón 21-03-2010)

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Mientras en la UE domina la desconfianza hacia las biotecnologías agrarias, organizaciones como la FAO o la OCDE consideran las oportunidades que ofrecen.

Las biotecnologías agrarias, como consecuencia de la confusión y controversia que rodea a los transgénicos, están convirtiéndose en la Unión Europea en un tabú.  Llama la atención que se produzca esta situación en una sociedad que se autodenomina “del conocimiento” y que aboga por la I+D+i. Sorprende, todavía más, que el sistema público europeo de investigación permanezca prácticamente ajeno a los avances biotecnológicos  agrarios abandonándolos, prácticamente, al impulso privado. También resulta sorprendente la aparente contradicción en la que se incurre cuando se valoran muy positivamente los avances propiciados por la biotecnología en el campo de la salud  o de la industria y tienden a rechazarse todo tipo de aplicaciones biotecnológicas en la agricultura.

Mientras en la Unión Europea domina la desconfianza hacia las biotecnologías agrarias, organizaciones internacionales como la FAO y la OCDE consideran abiertamente las oportunidades que dichas tecnologías ofrecen para el desarrollo sostenible e impulsan su aplicación.  Una muestra de ello es la Conferencia que sobre las Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo acaba de organizar la FAO en Guadalajara (Méjico) durante la primera semana de este mes de marzo. Otra es el estudio publicado recientemente por la OCDE mediante el que propone una agenda política para el desarrollo de lo que llama “Bioeconomía” en el horizonte de 2030.

La Conferencia de la FAO ha señalado que las biotecnologías agrarias no sólo son los transgénicos sino que agrupan una amplia gama de herramientas que se aplican a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la acuicultura y a la agroindustria.  «Existen muchas tecnologías que se aplican en algunos países en desarrollo, como la fermentación y la inseminación artificial. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar el acceso de los países en desarrollo a estas tecnologías», comentó Shivaji Pandey, representante de la FAO. En la Conferencia se han presentado numerosos estudios de caso que ilustran cómo las biotecnologías pueden ayudar al desarrollo sostenible: marcadores de ADN para mejora ovina en India ó caracterización molecular de cultivos microbianos para producción de alimentos y bebidas fermentadas en la República Dominicana, México y Tailandia.

La Conferencia concluye que cada país debe tener una visión nacional clara del papel de las biotecnologías y examinar las opciones y oportunidades en el contexto de las estrategias y los objetivos nacionales en materia de medio ambiente y de desarrollo económico, social y rural. Se acordó la necesidad de políticas nacionales efectivas y favorables que faciliten el desarrollo y uso de biotecnologías apropiadas. También acordó que los países en desarrollo deberían aumentar las inversiones nacionales en el desarrollo y uso de las biotecnologías para apoyar, en particular, a los pequeños agricultores. El  Director General Adjunto de la FAO, Modibo Traoré, explicó que «Las biotecnologías agrícolas no se utilizan ampliamente en los países en desarrollo, y la investigación y el desarrollo de las biotecnologías agrícolas no han sido generalmente dirigidas a las necesidades y problemáticas de los pequeños productores. Esto debe cambiar”. La Conferencia identificó los elementos clave necesarios para poner las  biotecnologías agrícolas al servicio del mundo en desarrollo: mayor inversión, cooperación internacional, políticas nacionales efectivas y favorables y marcos regulatorios.Por otro lado, el estudio de la OCDE atribuye a la biotecnología un papel esencial para dar respuesta, eficiente y sostenible, a los serios desafíos que la economía y la sociedad deben afrontar en los próximos 20 años, periodo en el que la población mundial aumentará en más de 1.000 millones de habitantes. El estudio afirma que el uso de las biotecnologías en la agricultura, en la industria y en la salud será global, beneficioso e imparable. Considera imprescindible el desarrollo de nuevas variedades de cultivos y mejoras en el ganado mediante  la biotecnología y propone abordarlo aumentando la investigación pública y privada, particularmente en los países desarrollados, y promoviendo la cooperación entre ambas. Entre otras cosas, también propone reducir las barreras a la innovación biotecnológica, promover sus aplicaciones comerciales así como intesificar el  diálogo entre gobiernos, ciudadanos y empresas. Todo un reto para nuestros políticos e instituciones regionales, nacionales y europeas, que no siempre concentran su atención en los asuntos verdaderamente importantes. 

INNOVAR DESDE EL TERRITORIO (J. Olona. Heraldo de Aragón, 21-02-2010)

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El Segundo Congreso Nacional de Desarrollo Rural, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en el ámbito de la 36 edición de la FIMA recientemente llevada a cabo en Zaragoza, ha puesto de manifiesto que innovar desde el territorio, que es tan necesario como posible, implica impulsar cambios en la economía y en la sociedad rural para mejorar su calidad de vida y lograr un desarrollo regional mejor y más equilibrado. No puede pretenderse poner en conserva el campo ni tampoco congelar nuestros pueblos y sus gentes convirtiéndolos en museos. Se necesita un medio rural vivo, activo y productivo, bien relacionado con las ciudades y con los mercados.

La innovación requiere de personas capaces de generar nuevas ideas y de llevarlas a la práctica asumiendo riesgos, que son consustanciales al proceso innovador. La innovación se alimenta de los avances científicos y tecnológicos, a los que la sociedad rural no puede ni debe renunciar. La innovación debe traducirse en actividades productivas orientadas al mercado contribuyendo al mismo tiempo a la cohesión social y territorial así como a la mejora ambiental.

La agricultura es imprescindible para la economía y la ecología rurales; también para afrontar los restos de una población en continuo crecimiento y que aumenta sin cesar su demanda de alimentos, fibras y energía; también sus exigencias de calidad y seguridad. Para lograr una agricultura más eficiente, limpia y segura deben aprovecharse todos los conocimientos y herramientas tecnológicas disponibles, que son múltiples y diversas. Los criterios científicos y técnicos deben tener más peso e influencia en la opinión pública y en la decisión política puesto que son especialmente adecuados y útiles para luchar contra la arbitrariedad, el capricho y el fundamentalismo de cualquier naturaleza, incluido el conservacionista.

La agricultura, a lo largo de su historia, ya ha demostrado sobradamente su capacidad para adaptarse al continuo incremento de necesidades y exigencias de todo tipo; lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, gracias a la innovación tecnológica. Pero la agricultura, y mucho menos el resto de actividades rurales tradicionales, no pueden dar respuesta, por sí mismas y en exclusiva, a las necesidades y retos de una sociedad rural verdaderamente avanzada. Sin renunciar a la agricultura y aprovechando todas las posibilidades que ofrece el medio rural necesita de nuevas actividades productivas generadoras de valor añadido y de empleo. El desarrollo rural no puede prescindir de la agricultura como base económica esencial pero debe enmarcarse en el objetivo más amplio de la cohesión territorial introducido por el reciente Tratado de Lisboa de la Unión Europea.

Las infraestructuras y los servicios de telecomunicación son esenciales para la economías y el bienestar de la población rural, que no puede excluirse de la nueva sociedad de la información y del conocimiento. Estas infraestructuras y servicios se han convertido en factores fundamentales de vertebración y de cohesión económica, social y territorial, que son los objetivos a los que aspira el verdadero desarrollo regional y a cuyo logro debe contribuir el desarrollo rural. También se han convertido en una herramienta clave al servicio de la innovación productiva y de los mercados, que es hacia donde debe enfocar preferentemente sus objetivos la política y la sociedad rural.

¿DEBE AYUDARSE A LA AGRICULTURA? (J. Olona. Heraldo de Aragón, 22-11-2009)

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EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA APOYAR A LA AGRICULTURA. EL PROBLEMA CONSISTE EN DETERMINAR EN QUÉ CUANTÍA Y BAJO QUÉ FÓRMULAS DEBE OTROGARSE LA AYUDA.

Los expertos señalan que el obstáculo principal para la reducción del hambre es la insuficiente inversión en agricultura.  La crisis alimentaria primero, y la crisis económica mundial después, han agravado los problemas haciendo que el número de personas subalimentadas sobrepase actualmente los mil millones.

Los estados ayudan a sus agriculturas en todas las economías avanzadas, aunque con intensidades muy distintas. Los agricultores de la OCDE reciben el equivalente al 23 % de lo que producen; sin embargo éste indicador (PSE) varía entre el 0,93 % (Nueva Zelanda) y el 62 % (Noruega); entre ambos extremos están los Estados Unidos, con el 10%, la Unión Europea, con el 27%, España, con el 28 % o Aragón, con 33 %. Las economías emergentes, tales como China, Brasil o Chile presentan valores (PSE) del 8,6%, 5% y 4% respectivamente. Por el contrario, los países subdesarrollados, en vez de ayudarla, tienden a utilizar la agricultura para financiar su crecimiento económico. Por ejemplo, en 1993, eran los agricultores chinos quienes ayudaban al resto de su economía con unos recursos equivalentes al 13,5% de la producción bruta agraria.

Las ayudas a la pueden destinarse directamente a los agricultores mediante ayudas a los precios, a la producción, a la renta, a la compra de inputs, a las inversiones, a las desventajas, riesgos y desastres naturales, etc. También pueden aplicarse  en forma de I+D, inspección y gestión, formación, dotación de infraestructura, promoción de productos u otros servicios generales o mediante transferencias de distinto tipo entre productores, consumidores y contribuyentes.

Las ayudas se han reducido durante los últimos 20 años en  todos los países desarrollados. Así, por ejemplo, en el conjunto de la OCDE el apoyo público total a la agricultura, como proporción del PIB total, ha pasado del 2,48% (1986-88) al 0,89 % (2006-08); en Estados Unidos, del 1,33% al 0,72% y en la Unión Europea, del 2,71 % al 0,95%. En el periodo 2002-2006, en España, esos porcentajes han caído desde el 1,95 % hasta 1,29 % mientras que en Aragón lo han hecho desde el 4,79 % hasta 3,69 %. El apoyo específicos a los agricultores (PSE), ha pasado del 37% (1986-88) al 23 % (2006-08) en el conjunto de la OCDE mientras que en USA lo ha hecho del 22% al 10% y en la Unión Europea, del 40% al 27%.

Los países que más han reducido las ayudas agrarias lo han hecho en paralelo a otros procesos de liberalización. El caso más destacable es el de Nueva Zelanda, que en 1986 redujo de forma drástica las ayudas agrarias abordando profundas reformas en el mercado de capitales, en el de trabajo y en su política macroeconómica. La principal lección extraída de esta experiencia, única en el mundo desarrollado, es que los procesos de liberalización exigen escenarios sociales, culturales, geográficos y políticos muy favorables y  que sólo producen los beneficios perseguidos si se abordan mediante políticas sectoriales y macroeconómicas coordinadas y coherentes; de lo contrario, los desequilibrios económicos y sociales pueden resultar inaceptables.

Aunque  la productividad  agraria aumenta sin cesar, en todos los países desarrollados permanece por debajo de la industrial. Por ejemplo, en España, la renta por ocupado agrario tan sólo equivale al 54% de la renta media del conjunto de los ocupados. Pero es que la agricultura, además de producir alimentos, fibras y otros bienes de mercado, también produce otros que no lo son (paisaje, retención de CO2, etc.). La inestabilidad de la producción y de los precios agrarios, como consecuencia de la incidencia de los factores naturales, aconseja, por otro lado, considerar el papel estratégico de la agricultura.

Existen por tanto razones más que suficientes para  apoyar a la agricultura. El problema consiste más bien en determinar en qué cuantía y bajo qué fórmulas debe otorgarse la ayuda para que redunde en el interés general y resulte aceptable y comprensible para la sociedad.

¿DEBEMOS PAGAR MÁS POR EL AGUA DE RIEGO? (Heraldo de Aragón, 4-10-2009) J. Olona y M. Horta.

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Los objetivos ambientales que persigue la Directiva Marco del Agua no son abordables elevando las tarifas del agua. Sin embargo, sí que existen otros instrumentos alternativos más adecuados que contribuyen, además, al logro de otros objetivos complementarios.

La cantidad de agua utilizada en el mundo, con el crecimiento demográfico y de las necesidades asociadas, aumenta sin cesar empeorándose, además, la calidad de los  ecosistemas asociados.  Esto ha motivado una creciente preocupación y, también, que el agua se trate como un bien económico. Sin embargo, no es un  bien comercial, es decir,  no está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Además, su consideración económica tampoco excluye otros valores de índole social y cultural que de hecho, también se le reconocen. Sobre este escenario, y con la preocupación de la mejora de la calidad ecológica del agua, se aplica la Directiva Marco del Agua (DMA).

Una de las novedades de la DMA es la referencia a los precios como posible instrumento para la mejora ecológica del agua. Hay quienes sugieren que la competencia entre los diferentes usuarios del agua llevaría al establecimiento de unos precios que optimizarían los usos, entre ellos el regadío que es el que más agua utiliza.  Pero este esquema es una completa ficción puesto que, como ya se ha dicho, el agua ni es un bien de mercado ni tiene sentido que lo sea.

La DMA plantea que el precio repercutido a los usuarios del agua, regantes incluidos, debería contribuir a la recuperación de tres tipos de costes: los financieros, los ambientales y los de los recursos en sí mismos. Los primeros hacen referencia a la amortización, mantenimiento y operación de las infraestructuras hidráulicas (embalses, canales y redes). Los segundos, contemplan  los costes asociados deterioro ambiental que provocan los usos.  Los terceros reconocen el valor del agua en sí misma.

El grado de recuperación del gasto público en infraestructuras  relacionadas con el agua, que suelen prestar múltiples funciones, no está suficientemente estudiado y, en la práctica, su determinación es bastante complicada. Sin embargo, y contrariamente a lo que suele decirse, los niveles de recuperación suelen ser bastante elevados; incluso pueden resultar desproporcionados si se tiene en cuenta la calidad del servicio recibido en relación con las necesidades de los regantes y su nivel de satisfacción.

Los cánones de riego y tarifas de agua que abonan actualmente los regantes se corresponden estrictamente con lo que la DMA llama costes financieros. La cuestión es si las cantidades repercutidas por este concepto son las adecuadas y si deben añadirse otras relativas a  costes ambientales y “de los recursos en sí mismos” tal y como propone la Directiva.

El ordenamiento jurídico español, en relación con el agua, tal y como señalan prestigiosos juristas, basa sus fundamentos en el principio de gratuidad. El hecho imponible está limitado a las infraestructuras hidráulicas y la aplicación de cánones y tarifas para la recuperación de los costes asociados a las mismas no contradice el citado principio de gratuidad. En cambio, sí que podría contradecirlo la aplicación de cánones y tarifas destinadas a la supuesta recuperación de los otros dos costes que propone la DMA: los de naturaleza ambiental y los de los recursos en sí mismos, cuya determinación, por otro lado, resulta de una enorme complejidad técnica que dista mucho de estar resuelta.

En cualquier caso debe tenerse en cuenta las características del sector agrario que, como es sabido, presenta notables insuficiencias en la remuneración de todos sus factores productivos, en particular el trabajo. La renta de los agricultores es muy inferior a las del resto de los sectores; por eso reciben subvenciones.

Pero además, el regadío, presenta otras muchas funciones económica y sociales, todas ellas de muy difícil cuantificación monetaria, pero de indudable interés general: el carácter estratégico de la alimentación, la diversificación productiva, la contribución al desarrollo rural y al equilibrio territorial, etc.

Siendo mucho lo que se desconoce, se sabe que la elevación de los precios del agua no necesariamente reduce los volúmenes utilizados por los regantes. Esto es lo que pone de manifiesto un reciente estudio llevado a cabo en Navarra que, de hecho, desaconseja la elevación de los precios del agua a los regantes de la Comunidad Foral. Siendo varias las razones pueden destacarse dos de ellas. La primera, que los precios actuales, siendo ya bastante elevados en relación con la capacidad de pago del sector y de la calidad de los servicios, contribuyen a un grado de recuperación de costes suficiente; la segunda, que el aumento de los precios, por encima de los niveles actuales, sólo serviría para reducir todavía más la renta de los agricultores. El Estudio recomienda profundizar en otras políticas tales como la mejora de las estructuras agrarias, sobre todo de las infraestructuras  hidráulicas y de riego, el desarrollo y promoción de las  Buenas Prácticas Agrarias, la mejora de la gestión de las concesiones de agua o la penalización del consumo excesivo de agua, cuando realmente lo sea. Se trata de instrumentos que pueden contribuir, además, a integrar los objetivos ambientales de la DMA con los que persiguen otras políticas públicas, entre ellas la propia PAC.