Por Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de Mayo de 2018.
El pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. Mientras que la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y los alimentos sorprendió por su enfoque atrevido y novedoso, el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que hacemos desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.
Habiendo fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria, la Comisión Europea insiste ahora con una nueva figura: la del «agricultor genuino». No es una broma. En realidad, el borrador no lo define sino que «deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial» . Añade que «los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros«. Si bien introduce la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, nos encontramos ante un concepto que lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos, resulte tan inútil o más como la de «agricultor activo».
El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico lo que permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos. Ello impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo.
Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por «hectáreas admisibles». Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).
Las ayudas acopladas mantienen prácticamente la misma estructura actual.
La posibilidad de financiar el pago a los «pequeños agricultores» con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.
Si bien establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping) teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz.
La condicionalidad incrementa sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, no sólo impedirá la prometida simplificación sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas.
Persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.
Si bien el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional – si que el borrador preste especial atención a la incorporación de jóvenes- y fuerte competitividad internacional.
Si bien se considera positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural.
Finalmente, aunque de carácter marginal, cabe resaltar por su potencial en relación con la política agraria nacional, que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.
Ante el carácter poco reformador del Borrador se impone la necesidad de promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla. Porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos.
