En 2010 la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones su Comunicaión relativa a la Reforma de la PAC para después del 2013. Fijando el horizonte 2020, en coherencia con la Estrategia Europa 2020, la Comunicaciòn se plantea con el enfoque de responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario.
El progreso de la humanidad depende, en gran medida, de su capacidad para alimentar a la población liberarando, al mismo tiempo, recursos para otros fines. Esto implica un continuo crecimiento de la productividad agrícola, que a lo largo de los tiempos ha aumentado de forma excepcional. El Antiguo Egipto consiguió liberar del campo al 5% de su población total, lo que resultó determinante para su desarrollo. La Gran Pirámide pudo requerir una inversión equivalente a 1 millón de Tm de trigo. Más o menos, es el excedente que tuvieron que generar los tres millones de agricultores existentes para sostener a las 100.000 personas, con sus correspondientes familias, que trabajaron durante 20 años en la construcción del monumento.
El incremento experimentado por la productividad del trabajo agrícola, ha sido la clave para que en el mundo avanzado actual, menos de un 5% de la población total, sea capaz de alimentar a más del 95% restante. El trabajo de un año de tan sólo mil agricultores actuales resulta suficiente para producir la misma cantidad de trigo obtenida por los tres millones de agricultores del Antiguo Egipto, trabajando de sol a sol durante 20 años. Así, en 3.000 años y gracias a los sucesivos avances tecnológicos, la productividad de los agricultores se ha multiplicado por 60.000. La tecnología agraria ha permitido que la mayoría de la gente del mundo desarrollado actual pueda dedicarse a otros menesteres ajenos al campo. Sin esa tecnología, nuestra cultura simplemente no existiría y, con toda seguridad, este mundo en el que mueren de hambre diez niños cada minuto, sería todavía peor.
Los sucesivos avances e innovaciones agroalimentarias, de un modo u otro basados en la ciencia y en la tecnología, han sido claves para que la economía actual se haya extendido mucho más allá de la satisfacción de las necesidades vitales. Habiendo contribuido a liberar ingentes cantidades de recursos de todo tipo, la tecnología agraria ha permitido destinarlos a muy diferentes fines de desarrollo y bienestar. Hace 3.000 años, un millón de Tm de trigo representó una inmensa riqueza: la que exigió la Gran Pirámide. Sin embargo, hoy en día, esa misma cantidad de trigo, puede comprarse por 150 millones de Euros, importe que no alcanza para construir 3 km de autopista.
La descomunal devaluación histórica sufrida por el trigo, y en general por las materias primas agrícolas, aunque no ha beneficiado a los agricultores, ha resultado determinante para el desarrollo económico y el bienestar general. La disponibilidad de alimentos, cada vez más baratos y seguros, no sólo generaliza el acceso a la alimentacion, sino que hace posible extender el consumo y la demanda a otros muchos productos y servicios no alimentarios, que suponen entre el 85 y el 90% del PIB de las economías desarrolladas. La importancia, urgencia y necesidad de proveer de alimentos asequibles a los más de 2.000 millones de pobres y hambrientos, ya no es cuestión de economía, sino de justicia y dignidad.
El mundo, tanto el desarrollado como el que quiere serlo, exige alimentos más y más baratos, al tiempo que también exige precios más altos para sus productores. Esto conduce a un complejo dilema. No existiendo recetas mágicas, sí hay caminos equivocados e, incluso, disparatados. Por ejemplo, poner la agricultura al servicio prioritario del conservacionismo en vez de a la alimentación. O, por ejemplo, apostar preferentemente por la agricultura tradicional, en vez de hacerlo por su mejora en base a los avances científicos y tecnológicos. La idea, muy extendida en la UE, de que la tecnología proporciona alimentos inseguros o peligrosos, siendo falsa, supone una de las principales barreras para afontar en serio el dilema agroalimentario. Pretender abaratar los alimentos y elevar las rentas de los agricultores, sin innovación, es como intentar dibujar, con la única ayuda de una regla y un compás, un cuadrado de la misma área que un círculo dado, algo matemáticamente imposible de lograr.
ES NECESARIO UN REPARTO DE BENEFICIOS MÁS JUSTO Y EQUITATIVO, PERO EL VERDADERO PROBLEMA, AUNQUE NO PAREZCA, ES CASI NO HAY BENEFICIOS QUE REPARTIR.
Suele ser habitual que los precios de los alimentos suban y las rentas de los agricultores bajen. No obstante, la preocupación por este problema ha motivado un interés creciente por el análisis de la cadena de valor y la formación de los precios de los alimentos. Los estudios llevados a cabo por el Observatorio de Precios de los Alimentos adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ponen de manifiesto los siguientes hechos:
1) Que lo que pagamos los consumidores finales por los alimentos suponen incrementos muy notables en relación con lo que perciben los productores.
2) Que el beneficio global generado por los precios de venta al público de los alimentos, por lo general, es muy pequeño.
3) Que el escaso beneficio generado por la cadena alimentaria se reparte muy mal entre sus tres componentes fundamentales: agricultura, industria y distribución.
Por ejemplo, en 2008, el incremento que supuso el precio pagado por los consumidores finales por los filetes de cerdo supuso un 239 % con respecto al precio percibido por los ganaderos. Pero el beneficio global generado por cada euro pagado por el público (IVA incluido) tan sólo generó 0,8 céntimos. Estos pocos céntimos fueron el beneficio obtenido por el conjunto de la cadena, es decir, a repartir, entre los que crían y engordan los cerdos, los que los sacrifican y convierten en filetes y los que los ponen a nuestra disposición para que los podamos llevar al plato. ¿Cómo se repartió realmente tan exigüo beneficio? Pues bien, a los ganaderos no sólo no les llegó nada sino que tuvieron que poner dinero de su bolsillo, ya que los precios que cobraron no cubrieron sus costes. El escaso beneficio se quedó, casi en su totalidad, en la distribución, trabajando la industria cárnica prácticamente a coste.
Estos análisis ponen de manifiesto que el incremento de precios que sufren los alimentos, en relación con los que perciben los productores, es consecuencia, fundamentalmente, de unos costes verdaderamente enormes, no todos eliminables. Conviene pensar, por ejemplo, que no todo el cerdo son filetes y jamón o en la complejidad que supone obtener filetes listos para freir partiendo de un cerdo vivo.
Siendo muy grandes los costes, y muy pequeño el beneficio global, el resultado es que la industria alimentaria, como proveedora de la distribución, se las ve y se las desea para cubrir costes. Obviamente, el problema se agrava para los proveedores principales de esta industria, que no son otros que los agricultores y ganaderos.
Podría pensarse, y se hace habitualmente, que la solución está en reducir los márgenes de la distribución pensando que de ese modo llegará más beneficio a los productores. Pero conviene tener presente que la distribución ajusta sus márgenes, preferentemente y como es natural, a favor de sus clientes, es decir, de los consumidores finales, a quienes intenta atraer en una dura competencia por lo “bueno, bonito y barato”. Por supuesto que es necesario un reparto de beneficios más justo y equitativo, pero el verdadero problema, aunque no lo parezca, es que casi no hay beneficios que repartir.
Cuando la estructura de precios y costes no permite remunerar correctamente a todos los agentes de la cadena, como es el caso de la agroalimentación, los paganos son los que integran el eslabón más débil de la misma. En este caso hay dos eslabones débiles: los agricultores y, también, por su carácter atomizado, la agroindustria. Las soluciones no son evidentes ni fáciles. En alimentación nadie quiere oir hablar de aumentar precios de venta al púbico, ni siquiera aunque aumente el IVA. Sólo se admite reducir costes y ésto es justamente lo que se hace utilizando la tecnología. Pero el problema es que los agricultores se arruinan. Nuestra sociedad debe empezar a reflexionar muy seriamente sobre si verdaderamente todas sus exigencias alimentarias, algunas de ellas meramente formales, cuando no caprichosas, están verdaderamente justificadas en términos de salud y bienestar y, sobre todo, si está dispuesta a pagar lo que realmente cuestan, cosa que no hace.
La metodología Leader está contribuyendo de forma efectiva al desarrollo de la gobernanza compleja. Mientras que gobernar hace referencia a mandar, la gobernanza se basa en la interacción, a través de las instituciones, entre gobernantes, políticos y sociedad civil interaccionan con el propósito de lograr un desarrollo racional, duradero y equilibrado.
Ponencia de J. Olona presentada en la Jornada Balance y Perspectivas del Desarrollo Rural a través de los Programas Leader organizada por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Zaragoza, 14 de julio de 2010.
PENSAR QUE TODO EL PROBLEMA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO SE DEBE A LA EXISTENCIA DE INTERMEDIARIOS DESALMADOS RESULTA BASTANTE INGENUO.
Entre 2003 y 2010 la Renta Agraria Española ha caído un 26,44%, nada más ni nada menos. Ni siquiera el efecto combinado de las ayudas comunitarias, que alcanzan los 7.000 millones de €, ni la reducción del número de agricultores en más de 100.000, han conseguido mantener la renta por agricultor, que en estos últimos siete años, en precios corrientes, se ha reducido no un 5% ni un 15%, sino un 17,25%. Esto no supone otra cosa que ampliar, todavía más, la enorme brecha existente entre las rentas de los agricultores y las del resto de los ocupados, que durante los últimos 50 años se han mantenido en una relación de 1 a 2. El impresionante incremento que ha experimentado la productividad del trabajo agrario en estos 50 años, que se ha multiplicado por 14, ha permitido transferir, desde el campo a la ciudad, ingentes cantidades de recursos en beneficio de todos pero con lo que, a juzgar por la evolución de las rentas, poco o nada se han beneficiado los propios agricultores.
Cuando se cuestiona el mantenimiento de las ayudas agrarias es preciso tener en cuenta los datos anteriores y reflexionar muy seriamente sobre si podemos afirmar con rotundidad que no le debemos nada al campo. Y no nos podemos quedar tan tranquilos pensando que la culpa de todo la tienen unos supuestos intermediarios que, de forma abusiva, se quedan con buena parte de lo que paga el consumidor final en perjuicio del agricultor. Ésto, en su caso, sólo es una mínima y anecdótica parte de un problema enormemente complejo.
Es sabido que el mercado real admite la especulación y el abuso, pero también sabemos que difícilmente permite que un negocio siga siendo excepcionalmente ventajoso durante mucho tiempo. En otras palabras, sabemos que cuando algo es un chollo, antes pronto que tarde deja de serlo. Por tanto, pensar que todo el problema del sector agroalimentario se debe a la existencia de intermediarios desalmados resulta bastante ingenuo.
Para acercarse a la realidad del problema hay que empezar por preguntarse si los consumidores finales pagamos el coste real de los alimentos que consumimos y si nuestra disposición real de pago es verdaderamente consecuente con las enormes exigencias que imponemos. En este punto debemos reconocer la actitud hipócrita de nuestra sociedad, que no refleja en el comportamiento real de los consumidores el estado de opinión que manifiesta. Todos, sin excepción, nos declaramos a favor del consumo de alimentos de calidad, que contribuyan a la responsabilidad social, a la protección del medio ambiente y de la cultura tradicional. Pero, ¿cuál es el criterio de compra dominante? No nos engañemos, rebuscar en los lineales lo más barato ahorrando todo lo posible, que buena falta hace. La Encuesta de Presupuestos Familiares, que publica el INE, nos muestra como el gasto en alimentación supone poco más del 12% y que tiende a la baja al tiempo que los gastos dedicados al ocio, por ejemplo, aumentan. Por otro lado, es manifiesta la preocupación de los gobiernos por el coste de la alimentación y su efecto sobre la inflación. ¿Cuántas veces hemos oído en las notiocias vincular la inflación con el precio del pollo o de las patatas? .Tampoco conviene olvidar, sobre todo para que no se repita, que la intoxicación alimentaria más grave ocurrida en España se debió a la venta ambulante de aceite de colza, fabricado para uso industrial y que atrajo la atención del público por su bajo precio.
De las acciones de mejora de la eficiencia que deben abordarse con urgencia en todos los eslabones de la cadena alimentaria, no debe excluirse al consumo final, que debe mejorar, de forma muy apreciable, su nivel de formación ei nformación. El consumidor final, es decir todos nosotros, debe ser más consciente de la dificultad y coste que supone hacer llegar los alimentos desde el campo a la mesa. En particular, es preciso que los consumidores seamos más conscientes y coherentes, también, con las exigencias ambientales asumiendo la repercusión de los costes asociados. Ésto es imprescindible asimismo para asegurar que los requerimientos ambientales que se imponen a la agricultura y a la industria alimentaria sean racionales y justificados por los beneficios derivados. Es la mejor forma de evitar arbitrariedades y caprichos que, traduciéndose en costes excesivos y perjuicios económicos para los productores, no aportan ventaja real alguna para los consumidores.
SI SE FRENA EL AVANCE TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA, LA HUMANIDAD NO PODRÁ HACER FRENTE EN BREVE A LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS, QUE SE HABRÁN DUPLICADO EN 2050.
El primer requisito de seguridad alimentaria es comer todos, todos los días y varias veces a ser posible. El segundo, que los alimentos no dañen nuestra salud. La naturaleza, por sí misma, no garantiza ninguna de las dos cosas. La agricultura, que no debe olvidarse que es una tecnología, junto con la industria alimentaria, mediante la continua innovación, da la respuesta adecuada. Mientras la innovación se basó casi exclusivamente en la casualidad el progreso alimentario fue muy lento. Sólo cuando se incorporó la ciencia este progreso se aceleró permitiendo con ello afrontar los enormes retos del crecimiento demográfico. No nos equivoquemos, si se frena el avance tecnológico en la agricultura la humanidad no podrá hacer frente a las necesidades alimentarias del futuro inmediato, que se habrán duplicado respecto de las actuales en 2050. Por lo tanto, no sólo no debería dificultarse el desarrollo tecnológico agroalimentario como de hecho se está haciendo en Europa, sino que debería apostarse por ello verdaderamente en serio. Para ello, es imprescindible que la opinión pública europea y española, esencialmente urbana y con una visión cada vez más idílica de la naturaleza, evolucione hacia posturas más racionales, realistas y mejor informadas.
En la naturaleza, todos los seres vivos evitan convertirse en alimento de otros. Para ello producen sustancias tóxicas, normalmente proteínas cuya fabricación controlan los genes. Las estrategias de resistencia más eficaces son las que prosperan haciendo que las especies compitan en una verdadera escalada de toxicidad. Lo hacen especialmente los vegetales, que no corren, ni nadan ni vuelan. Ninguna de las especies y variedades agrícolas resultan ajenas a estas estrategias de supervivencia basadas en la toxicidad. Esto hace inevitable que todo alimento, también el “ecológico”, incluya sustancias potencialmente dañinas para nuestra salud.
Teófilo Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso, adelantó en el siglo XVI uno de los axiomas básicos de la toxicología moderna: «¿Qué hay que no sea un veneno? Todas las cosas son veneno, y nada carece de veneno. Es la dosis la que hace que una cosa no sea un veneno».Por decir estas cosas, y otras parecidas, Paracelso fue expulsado de la Universidad.y de la ciudad de Basiela. Sin embargo, a juzgar por lo hechos, esta afirmación de hace casi 500 años parece seguir siendo demasiado avanzada, incluso para nuestra actual “Sociedad del Conocimiento”.
A pesar de que todos sabemos de la acción letal de muchos productos naturales, como por ejemplo las setas, ha prosperado la creencia ciega, y por lo tanto peligrosa, en que un alimento es tanto mejor para nuestra salud cuanto más natural sea. En nuestra sociedad ha calado la idea reduccionista, y por tanto inadecuada, de que toda “artificialidad” es mala mientras que todo lo “natural” es bueno. Esto induce a pensar, y no faltan inductores que lo potencian, que toda aplicación tecnológica a la agricultura y a la alimentación es perjudicial para la salud y el medio ambiente. Se olvida, por ejemplo, que la práctica erradicación de multitud de enfermadedes alimentarias se debe a la aplicación generalizada de tecnologías avanzadas en la producción, distribución y control de los alimentos. Es posible que la leche de los supermercados no sepa exactamente igual que la de las antiguas lecherías pero también es cierto que las “fiebres de malta”, por ejemplo, son una enfermedad del pasado que quienes la sufrimos no añoramos en absoluto.
Sin negar que todo avance tecnológico entraña algún riesgo, y que es preciso mejorar el conocimiento de las relaciones entre los componentes de los alimentos y la salud humana, nuestra sociedad debería asumir con más convicción y realismo que es la ciencia y la tecnología agroalimentaria, aplicadas responsablemente y con la supervisión adecuada, lo que más y mejor protege nuestra salud. Los progresos en la seguridad alimentaria, incluyendo la erradicación del hambre, sólo serán verdaderamente eficaces si todos apostamos más por la ciencia y menos por las ideologías, el oportunismo, las modas y el márketing, malos compañeros de viaje cuando lo que importa es la salud y el bienestar público.
El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), D. Luis Berenguer, publicó en Cinco Días, el pasado 19 de abril, un artículo titulado “Visados Profesionales”. Por razones de brevedad, y por considerarla ofensiva además de falsa, me limitaré a rebatir únicamente la afirmación relativa a que “el modelo vigente permite a las élites colegiales mantener su statuts a costa de retraer ingresos de sus propios colegiados y encarecer los proyectos”.
Semejante disparate dice poco sobre el conocimiento que se le supone a la CNC en relación con la cuestión que pretende regular y que, entre otras, hace referencia al visado que otorgan los colegios de las diferentes ingenierías y de la arquitectura. Sepa el Sr. Berenguer que quien suscribe, miembro de esa supuesta élite colegial que estaría parasitando a sus compañeros de profesión, ejerce su cargo de Decano de forma absolutamente desinterasada y gratuita, al igual que el resto de los miembros de la Junta de Gobierno, que no perciben compensación económica alguna por su dedicación al Colegio.
Conviene aclarar también que esa supuesta élite colegial, que viviría a costa de los colegiados, siempre según el Presidente de la CNC, es elegida democráticamente por sus propios compañeros de profesión, que tienen nombres y apellidos, y ante quienes responde directamente de su gestión.
Puedo asegurar que mi profesión no es, ni pretende serlo, la de Decano sino la de Ingeniero Agrónomo y que vivo, exclusivamente, del ejercicio profesional de la misma. También puedo afirnar que llevo 28 años contribuyendo al sostenimiento de mi Colegio
–aclarar que como Decano tan sólo llevo poco más de 1 año- sabiendo que nadie ha vivido ni se ha beneficiado a mi costa, sino que todos quienes me han precedido han contribuido, con una generosidad que les honra, a que yo mismo, y otros muchos, hayamos podido ejercer nuestra profesión con las debidas garantías. También tengo la convicción de que han contribuido, de forma muy eficaz y completamente altruista y desinteresada, a que el desempeño de la profesión de Ingeniero Agrónomo, cuya regulación compete al Colegio, haya redundado en beneficio de la sociedad en su conjunto. Precisamente, por considerarme en deuda con mi Colegio y por entender que, por encima de cualquier otro interés, es una institución de derecho público al servicio del interés general, es por lo que decidí presentarme a las elecciones de Decano, y con esas mismas convicciones desempeño el cargo tras haber resultado elegido.
Es cierto que el clima reinante no favorece la práctica del altruismo ni del trabajo desinteresado, pero sepan los lectores que precisamente bajo esas condiciones, aplicadas al pie de la letra, se desempeñan todos y cada uno de los cargos elegidos democráticamente en mi Colegio, habiendo sido así desde su fundación hace 60 años. Y sepan también que en absoluto somos una excepción.
LOS EUROPEOS TIENEN UNA VALORACIÓN FAVORABLE AL APOYO DE LA AGRICULTURA, PERO ESTE APOYO DEBE HACERSE MÁS EXPLÍCITO ANTE UN ESCENARIO FINANCIERO MÁS RESTRICTIVO.
El pasado 12 de abril, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Dacian Ciolos afirmó ante el Parlamento Europeo que «La Política Agrícola Común va dirigida a toda la sociedad. Es política de todos, y no sólo de quienes trabajan en el sector. La agricultura europea tiene que ver con la seguridad de los alimentos, pero también con el paisaje, el empleo, el medio ambiente y el cambio climático”.El Comisarió invita a todos los ciudadanos y organizaciones interesados de la UE, activos o no en este sector, a participar en el debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común habiendo abierto para ello un proceso de consulta pública.
Con independencia del valor, validez y utilidad real de los resultados que puede generar una consulta de este tipo, la iniciativa del Comisario merece interpretarse como un gesto a favor de una PAC verdaderamente política, que es el primer requisito que debería afrontar en serio la nueva Reforma. El tradicional enfoque tecnocrático del que ha sido objeto la PAC no sólo le ha restado legitimación social sino que la ha llevado a una burocratización exagerada y, lo que es peor, ha puesto en peligro su propia continuidad. Tuvimos que asistir a una grave crisis alimentaria mundial (2008) para que algunos comprendieran que laagricultura europea no puede ni debe dirigirse mediante criterios estrictamente económicos. Ni la ciencia económica, por sí sola, tiene todas las respuestas ni está completamente exenta de componentes ideológicos que, en todo caso y en un contexto democrático, corresponde aplicar a los políticos y no a los funcionarios de Bruselas.
Este nuevo enfoque también contribuye a que los agricultores, como de hecho vienen haciendo sus respectivas organizaciones profesionales, apuesten más por influir en el diseño de la nueva PAC y menos por adivinar y anticipar sus novedades. También por trasladar el debate a la sociedad haciéndolo comprensible al público en general.
El Comisario Ciolos ha planteado el debate público sabiendo que los europeos tienen una valoración inicialmente favorable al apoyo de la agricultura pero sabiendo también que este apoyo debe hacerse más expreso para abordar una Reforma en un escenario financiero mucho más restrictivo. Las encuestas llevadas a cabo en el marco del Eurobarómetro reflejan efectivamente el apoyo ciudadano. La última, realizada entre el 13 de noviembre y el 9 de diciembre de 2009, pone de manifiesto que existe una amplia mayoría, el 83%, que apoya el mantenimiento del presupuesto comunitario destinado al apoyo de la agricultura. Esta mayoría se ha ido incrementando desde 2006. Este resultado es coherente, y queda explicado, por el hecho de que el 90% de los europeos entienden que la agricultura y el medio rural resultan vitales para el futuro de Europa. Dos tercios de la población europea estiman que el presupuesto de la PAC es adecuado o suficiente y sólo un 17% consideran que es demasiado alto. El 70% coincide en que las ayudas financieras a los agricultores deberán permanecer o incrementarse durante la próxima década.
La opinión pública europea considera que los grandes objetivos de la PAC siguen vigentes.Éstos no son otros que contribuir a la calidad y la seguridad alimentaria, proporcionar un nivel de vida adecuado a los agricultores, garantizar unos precios razonables a los consumidores y proteger el medio ambiente, incluyendo la lucha contra el cambio climático.
El 61% de los europeos no creen que la agricultura sea una de los principales factores del cambio climático, pero el 46% cree que, desde la agricultura sí que puede lucharse de forma muy eficaz contra dicho fenómeno. De hecho, el 82% piensa que la Unión Europea debería ayudar a los agricultores a introducir cambios en su forma de trabajar con el propósito de combatir el cambio del clima.
Pero es de vital importancia que la nueva Reforma de la PAC, como política pública que busca el interés general y que se financia con el dinero de todos, concite el apoyo social más amplio posible y éste no quede limitado exclusivamente al del propio sector agrario y al de los expertos. Hay que desear por tanto que la iniciativa del Comisario Ciolos se traduzca en una amplia participación pública que ayude realmente a configurar la PAC que se necesita. Es por ello que, desde nuestro Colegio, animamos a todos a expresar su opinión en http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_es.htm
LOS PROBLEMAS QUE SE APRECIAN DE DESPOBLACIÓN RURAL Y DE DESEQUILIBRIO ESPACIAL JUSTIFICAN LA NECESIDAD DEL ENFOQUE TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Frente a la tradicional polarización entre lo rural y lo urbano, cada vez toma más fuerza la idea de potenciar las relaciones entre ambos y con el fin de impulsar el desarrollo del territorio en su conjunto.
Los problemas de despoblación rural y de desequilibrio espacial, especialmente visibles en Aragón, unidos a la necesidad de equiparar las condiciones de vida de los ciudadanos con independencia de su residencia, justifican la necesidad del enfoque territorial en la las políticas públicas.
El reciente Tratado de Lisboa añade expresamente la dimensión territorial al principio de Cohesión que, hasta ahora, sólo se contemplaba formalmente desde la perspectiva económica y social. Por otro lado, el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial de la Comisión Europea pone un especial énfasis en las relaciones y vinculaciones entre el “campo y la ciudad”. De este modo responde a los planteamientos de la Estrategia Territorial Europea, aprobada en 1999 en Postdam, así como a la más reciente Agenda Territorial de la UE aprobada en Leipzig en 2007.
El desarrollo territorial debe traducirse en la reducción de las desigualdades geográficas, particularmente en las condiciones y calidad de vida de la población. Debería ser simplemente el resultado de la buena gestión de unas políticas públicas bien diseñadas y coordinadas. Esto no se consigue por el mero hecho de crear más y más órganos y organismos que, en ocasiones, lo único que consiguen es aumentar el gasto y dificultar todavía más la coordinación. Tampoco se consigue anteponiendo los intereses institucionales, cuando no meramente partidistas, a las necesidades y problemas reales de la gente. La instrumentalización político-partidista de los procesos de descentralización administrativa, la excesiva focalización de la Ordenación Territorial sobre el urbanismo, la clamorosa falta de colaboración ministerial y departamental en la puesta en marcha y aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la desvinculación de la Política de Desarrollo Rural de la Política de Cohesión de la UE o la escasa visibilidad del enfoque territorial en ésta última son ejemplos que ponen de manifiesto las insuficiencias institucionales y políticas a las que debe hacerse frente si se quiere abordar en serio el objetivo de la cohesión territorial.
Pero también es preciso avanzar en una mejor comprensión de lo “urbano” y lo “rural”. Aunque son conceptos muy intuitivos no son tan útiles ni operativos como parece. Llama la atención, por ejemplo, que nunca se haya conseguido una definición formal y precisa, plenamente aceptada, ni de la ruralidad ni de lo urbano. El tratamiento tradicionalmente separado de ambos conceptos resulta cada vez más inadecuado siendo conveniente adoptar una nueva visión, más sencilla y práctica, en la que simplemente se considere el territorio en su conjunto. Lo rural y lo urbano no son entes aislados y separados sino que es de forma conjunta como configuran la realidad y la dinámica territorial que observamos. Éstas surgen de unas complejas relaciones sociales, económicas, ambientales e institucionales cuya puesta en valor e intensificación es una de las claves sobre las que abordar una nueva estrategia de desarrollo más útil y efectiva para todos, que es lo que interesa.
Mientras en la UE domina la desconfianza hacia las biotecnologías agrarias, organizaciones como la FAO o la OCDE consideran las oportunidades que ofrecen.
Las biotecnologías agrarias, como consecuencia de la confusión y controversia que rodea a los transgénicos, están convirtiéndose en la Unión Europea en un tabú. Llama la atención que se produzca esta situación en una sociedad que se autodenomina “del conocimiento” y que aboga por la I+D+i. Sorprende, todavía más, que el sistema público europeo de investigación permanezca prácticamente ajeno a los avances biotecnológicos agrarios abandonándolos, prácticamente, al impulso privado. También resulta sorprendente la aparente contradicción en la que se incurre cuando se valoran muy positivamente los avances propiciados por la biotecnología en el campo de la salud o de la industria y tienden a rechazarse todo tipo de aplicaciones biotecnológicas en la agricultura.
Mientras en la Unión Europea domina la desconfianza hacia las biotecnologías agrarias, organizaciones internacionales como la FAO y la OCDE consideran abiertamente las oportunidades que dichas tecnologías ofrecen para el desarrollo sostenible e impulsan su aplicación. Una muestra de ello es la Conferencia que sobre las Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo acaba de organizar la FAO en Guadalajara (Méjico) durante la primera semana de este mes de marzo. Otra es el estudio publicado recientemente por la OCDE mediante el que propone una agenda política para el desarrollo de lo que llama “Bioeconomía” en el horizonte de 2030.
La Conferencia de la FAO ha señalado que las biotecnologías agrarias no sólo son los transgénicos sino que agrupan una amplia gama de herramientas que se aplican a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la acuicultura y a la agroindustria. «Existen muchas tecnologías que se aplican en algunos países en desarrollo, como la fermentación y la inseminación artificial. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar el acceso de los países en desarrollo a estas tecnologías», comentó Shivaji Pandey, representante de la FAO. En la Conferencia se han presentado numerosos estudios de caso que ilustran cómo las biotecnologías pueden ayudar al desarrollo sostenible: marcadores de ADN para mejora ovina en India ó caracterización molecular de cultivos microbianos para producción de alimentos y bebidas fermentadas en la República Dominicana, México y Tailandia.
| La Conferencia concluye que cada país debe tener una visión nacional clara del papel de las biotecnologías y examinar las opciones y oportunidades en el contexto de las estrategias y los objetivos nacionales en materia de medio ambiente y de desarrollo económico, social y rural. Se acordó la necesidad de políticas nacionales efectivas y favorables que faciliten el desarrollo y uso de biotecnologías apropiadas. También acordó que los países en desarrollo deberían aumentar las inversiones nacionales en el desarrollo y uso de las biotecnologías para apoyar, en particular, a los pequeños agricultores. El Director General Adjunto de la FAO, Modibo Traoré, explicó que «Las biotecnologías agrícolas no se utilizan ampliamente en los países en desarrollo, y la investigación y el desarrollo de las biotecnologías agrícolas no han sido generalmente dirigidas a las necesidades y problemáticas de los pequeños productores. Esto debe cambiar”. La Conferencia identificó los elementos clave necesarios para poner las biotecnologías agrícolas al servicio del mundo en desarrollo: mayor inversión, cooperación internacional, políticas nacionales efectivas y favorables y marcos regulatorios.Por otro lado, el estudio de la OCDE atribuye a la biotecnología un papel esencial para dar respuesta, eficiente y sostenible, a los serios desafíos que la economía y la sociedad deben afrontar en los próximos 20 años, periodo en el que la población mundial aumentará en más de 1.000 millones de habitantes. El estudio afirma que el uso de las biotecnologías en la agricultura, en la industria y en la salud será global, beneficioso e imparable. Considera imprescindible el desarrollo de nuevas variedades de cultivos y mejoras en el ganado mediante la biotecnología y propone abordarlo aumentando la investigación pública y privada, particularmente en los países desarrollados, y promoviendo la cooperación entre ambas. Entre otras cosas, también propone reducir las barreras a la innovación biotecnológica, promover sus aplicaciones comerciales así como intesificar el diálogo entre gobiernos, ciudadanos y empresas. Todo un reto para nuestros políticos e instituciones regionales, nacionales y europeas, que no siempre concentran su atención en los asuntos verdaderamente importantes. |